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Dice la voz popular que la justicia es ciega y sorda. Dice que tiene precio y se vende al mejor postor.
Pero cuando la política entorpece la justicia y encubre al crimen —a los criminales—, entonces justicia y política están al servicio de la impunidad; impunidad que desencadenó la tragedia de Iguala y el crimen de los 43 de Ayotzinapa, el asesinato de la alcaldesa de Temixco; que hizo posibles narcogobiernos, narcodiputados y narcoalcaldes.
En efecto, nadie aprendió nada de las lecciones recientes, sean políticos, partidos, líderes o dirigentes. Y la prueba es el siguiente escándalo que debiera avergonzar a la política, a los partidos y a líderes como AMLO, que prefiere el silencio y la complicidad.
Resulta que el 13 de enero la autoridad descubrió el asesinato de un menor de 9 años —en la colonia Agrícola Oriental, delegación Iztacalco—, a quien los criminales degollaron.
En un hecho insólito, la policía del DF localizó a los presuntos responsables, quienes —confesos— fueron entregados al Ministerio Público. Se trata de Rafael Vargas, de 35 años, y Héctor Miranda Ochoa, de 48. Los dos, adictos a drogas, vivían en el mismo edificio de la víctima, en un cuarto de azotea.
En su declaración, señalaron que robaron en la casa de la familia del menor, aprovechando que la madre había salido al mercado. Sin embargo, al verse descubiertos por el niño —quien los identificó como sus vecinos—, lo degollaron.
Pero el caso se convirtió en escándalo cuando, sin razón aparente, el Ministerio Público fue presionado por influyentes militantes de un partido político para dar carpetazo al asunto y ocultarlo a los medios.
Y fue tal la ceguera y la sordera de la justicia y tal la complicidad de los dirigentes del partido político en cuestión, que a pesar de que todas las pruebas implicaban a los dos presuntos responsables, uno de ellos, Héctor Miranda Ochoa, fue dejado en libertad con el argumento de que sólo fue testigo de los hechos.
El caso provocó tal indignación entre los vecinos —quienes conocían perfectamente a los presuntos criminales—, que se movilizaron y lograron presentar las pruebas de que Rafael Vargas Magdaleno y Héctor Miranda Ochoa no eran criminales cualquiera.
En realidad eran militantes del partido Morena y en las elecciones de junio pasado fueron asesores de la candidata de Morena a diputada de la Asamblea Legislativa del DF, Citlalli Hernández Mora. Pero los vecinos no sólo señalaron a los presuntos como activistas políticos, sino que presentaron las pruebas: fotografías de Rafael Vargas Magdaleno y Héctor Miranda Ochoa, a un costado de la candidata a diputada, vistiendo las camisetas de Morena. La información completa y las fotografías se pueden consultar en la página letraroja.mx.
Más aún —y según información de EL UNIVERSAL—, apenas el pasado 27 de enero, los diputados de todos los partidos en la ALDF —todos menos Morena—, abandonaron el salón de sesiones cuando tomó la palabra la diputada Citlalli Hernández Mora. ¿La razón?
La protesta porque Morena, la ALDF, la delegación Iztacalco y el GDF han solapado a la diputada presuntamente vinculada con criminales.
¿Dónde está la justicia? ¿Quién, de la dirigencia de Morena, solapa y llega a la complicidad con la diputada Citlalli Hernández Mora? ¿Están enterados de esa grosera complicidad AMLO, Batres y todos los prohombres de Morena? ¿Esa es la honestidad valiente? ¿Por qué nadie se atreve a solicitar el desafuero, igual que solicitan desaforar a la chapodiputada?
Justicia ciega, sorda y cómplice.
Al tiempo.
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