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A pesar de que la procuraduría capitalina continúa con las indagatorias y mantiene abiertas todas las líneas de investigación, lo cierto es que el crimen múltiple de la Narvarte prácticamente está resuelto al confirmar la hipótesis aquí planteada; que se trató de un vulgar robo.
Y es que la PGJDF cuenta con nuevos elementos de prueba que confirman que la colombiana Mile Virginia Martín formaba parte de un grupo de ciudadanos de nacionalidades colombiana, venezolana y cubana que eran clientes frecuentes del bar Life de La Condesa, en donde la mujer conoció a por lo menos uno de sus victimarios.
También se sabe que el bar Life era centro de reunión de bandas de dealers, ladrones, asaltantes y sexoservidoras de distintas nacionalidades y que, incluso, el propietario del bar fue asesinado semanas antes cuando salía del lugar con su novia cubana.
Según la misma investigación, en el lugar se planeaban asaltos, robos y —sobre todo—, se reclutaba a colaboradores para dar golpes a casas habitación de zonas residenciales de lujo, a relojerías de tiendas departamentales y para la distribución de droga.
En ese bar de La Condesa se habría divulgado la especie de que la colombiana Mile habría recibido un cargamento de cocaína que desató la ambición de su presunta pareja sentimental, Abraham Torres, quien al final habría organizado el asalto al departamento de Mile, donde el “periodista”, la activista y otras mujeres se encontraron —literalmente—, por casualidad.
En la práctica, los nuevos hallazgos echan por tierra el circo mediático que montaron manos interesadas en el debilitamiento de las instituciones —los mismos que montaron la patraña de la investigación de supuestos “expertos” en la tragedia de Iguala y que se desmorona por falsa— y que suponía que el crimen del “periodista” Rubén Espinosa Sánchez y de otras cuatro personas era un ataque a la libertad de expresión.
Sin embargo, lo más cuestionable del asunto es que una vez que en los hechos se puso fin al circo mediático y político montado en torno al crimen múltiple de la Narvarte ¿qué van a decir a cientos de abajo firmantes que aseguraban que el “periodista” fue muerto por orden del gobernador de Veracruz? ¿Qué van a decir a los periodistas extranjeros, intelectuales y activistas a los que engañaron con el cuento del ataque a la libertad de expresión? Personas que firmaron de buena fe y a las que mintieron.
Pero el mayor escándalo es el grosero manoseo faccioso y político de la muerte de cinco personas —a manos de vulgares criminales—, a cuyos familiares engañaron y usaron con fines despreciables.
¿Qué le van a decir a las familias de las cinco víctimas, a las que no sólo engañaron sino usaron políticamente y que aún hoy les hacen creer que detrás de ese crimen existe un interés político?
Y es que todavía la mañana de ayer, abogados y dizque coadyuvantes del caso Narvarte presumían la supuesta creación de una comisión especial en donde la PGJDF les permitiría participar en las investigaciones y entregaría información reservada del caso.
El interés de los abogados y supuestos coadyuvantes es acceder a los expedientes para tratar de distorsionar los hechos —al estilo de los “expertos” de la CIDH—, y para insistir en que el caso Narvarte fue un crimen de Estado y un ataque a la libertad de expresión.
No entienden que es inconstitucional que personas ajenas al Ministerio Público realicen investigaciones y diligencias sobre una averiguación previa en curso. Volvieron a engañar y volvieron a perder.
Al tiempo.
www.ricardoaleman.com.mx
Twitter: @ricardoalemanmx