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Ayer lo señalamos aquí y hoy lo confirmamos. La realidad supera la ficción. Padres de familia de origen venezolano, que demandaron a la escuela de sus hijos por daño moral y psicológico, están en prisión porque los dueños de la escuela son amigos del poder. No es ficción, es la realidad. ¿Tienen dudas?
¿Qué hace la presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del DF, Yasmín Esquivel Mossa, como parte del Consejo de Administración del colegio Westhill Institute? ¿Por qué su esposo, el poderoso empresario constructor, José María Rioboó es presidente del Consejo de Administración de esa escuela, acusada de apropiarse de terrenos del Bosque de Chapultepec, en donde se proyecta construir un lujoso complejo residencial?
¿Por qué los padres de dos alumnos del Westhill Institute que demandaron a la escuela, están presos gracias a procesos penales emprendidos por jueces amigos de la presidenta del Tribunal de lo Contencioso?
¿Por qué un conflicto escolar aparentemente ridículo, terminó con el encarcelamiento de los padres de los menores presuntos afectados —padres de origen venezolano que llevan nueve meses presos—, quienes han ganado dos amparos pero siguen en la cárcel porque sus acusadores “embarraron” a Miguel Mancera y hasta al procurador Rodolfo Ríos?
Narrar la historia completa —que en entregas publicó el fin de semana el portal www.letraroja.com.mx—, llevaría muchas entregas del Itinerario Político.
Basta decir que según denuncia de Germán Cruz, abogado de la pareja de venezolanos, Antonio Urbina y Coral Rojas, ayer fue amenazado de muerte cuando se encontraba en un restaurante de la Condesa, por dos hombres desconocidos.
Basta decir que el primer abogado de la pareja de venezolanos —cuyo nombre se pidió no revelar—, dejó el caso porque fue amenazado de muerte, perseguido y amedrentado.
Basta decir que el jefe de Gobierno del DF, Miguel Mancera, dijo desconocer el supuesto conflicto de interés con la presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo —a quien hoy debía ratificar la ALDF por otros tres años en el cargo—, en tanto que el procurador Rodolfo Ríos negó haber participado en la detención de los venezolanos.
Basta decir que vecinos de las delegación Cuauhtémoc y Coyoacán solicitaron al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, a la Asamblea Legislativa del DF y a todos los integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, no ratificar a Yazmín Esquivel Mossa como presidenta magistrada de la Sala Superior del Tribunal Contencioso Administrativo, ya que en los últimos cinco años ha incurrido en un claro conflicto de interés a favor de la constructora de su esposo y del Gobierno del DF, en temas como los parquímetros.
Y basta decir que en carta enviada a EL UNIVERSAL, el Colegio Westhill ofrece su versión de los hechos y, como es natural, desmiente todo y acusa a los padres venezolanos de intento de extorsión y confirma que José María Rioboó es presidente del Consejo de Administración de dicho colegio.
En la carta del Westhill se incurre en serias contradicciones legales y nunca se reconoce que engañaron a los padres, que éstos demandaron tanto a la SEP como al colegio y que la demanda fue por daño moral y psicológico. Tampoco aceptan que Antonio Urbina y Coral Rojas ganaron dos amparos contra la acción de la justicia, pero por la presión de los propietarios del Westhill, siguen en prisión. Y de nuevo vale decir, el escándalo apenas empieza. Al tiempo.
Twitter: @ricardoalemanmx
