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Los gobernantes en todos lados, y sin excepción en cuantos países se asumen como democráticos, buscan siempre sus propias oportunidades de generar consenso; es decir, consentimiento de su presencia en el poder por parte de los gobernados. En México, esa parece ser ahora una excepción.
Dos condiciones al menos, inducen a quienes detentan el mando público, a procurar y mantener la aceptación y la obediencia de la sociedad. A saber:
1) Ser conscientes de que el título del poder (legalidad), es apenas una condición inicial para ejercerlo; y 2) Ser conscientes de que la legitimidad (respaldo), sólo se adquiere por las buenas obras en favor de la población.
Conciencia, pues, es un factor fundamental de la política. Apelar a ella, requiere además utilizar un amplio arsenal de instrumentos, estrategias, recursos económicos y personal capacitado.
La identificación del target u objetivo, es fundamental. El sentido de la oportunidad, o sea el timing para desplegar los recursos disponibles, es igualmente importante. Estos dos factores van indisolublemente asociados. Combinados con una adecuada y suficiente, creíble y oportuna comunicación, pueden dar los mejores resultados.
Deriva del éxito de este despliegue, que debe ser toda una política comunicacional en cualquier gobierno, la aceptación de las decisiones del poder y su consecuente respaldo colectivo. Esto es lo que invariablemente y de forma permanente, debe buscar todo poder legalmente constituido.
Lamentablemente en nuestro país, esto no ha ocurrido de manera sistemática. Se han perdido valiosas oportunidades para acreditar la acción gubernativa. Se ha olvidado que la política, para que se vea, se sienta y se respalde, debe ir acompañada de la mejor comunicación posible.
Una de las ocasiones únicas que se están dejando escapar, es la detención de ex gobernadores sinvergüenzas, verdaderos predadores de las finanzas nacionales.
Las actuales autoridades tienen en sus manos a tres personajes con los cuales podrían elevar considerablemente su nivel de consenso, y no lo han hecho. Si les interesa hacerlo, y es muy importante que lo hagan por la sucesión presidencial, deben cambiar su política de comunicación.
El caso de Javier Duarte de Ochoa es un filón que pueden explotar al máximo en su beneficio. En vía de ser extraditado de Guatemala, donde fue capturado después de estar en fuga por medio año, pueden fincarle todas las responsabilidades de sus excesos, informarlo bien a la sociedad y obtener una aprobación muy importante. Todos aplaudirían que actuara en esa vertiente.
Lo mismo pueden hacer con Roberto Borge Angulo, quien, como gobernador, prácticamente se apropió de Quintana Roo después del saqueo de casi todos sus predecesores. Preso en Panamá, deben extraditarlo y procesarlo. Una sanción ejemplar, indubitablemente orientada hacia el propósito de hacer justicia, les redituaría una ganancia que no pueden desdeñar.
Y si en esa línea actúan contra César Duarte Jáquez, quien se enriqueció con base en el robo a las arcas públicas de Chihuahua, como se ha comenzado a documentar y de acuerdo con las denuncias en su contra, construirán una base consensual amplia, sólida, suficiente para que sigan tomando decisiones, sobre todo la que se relaciona con la sucesión presidencial.
En esa misma línea, los ex gobernadores de otros partidos no deben quedar impunes. Ahí están para dar claras demostraciones de que en el país existen las leyes, y sobre todo de que el gobierno quiere hacerlas observar, los casos de Guillermo Padrés, Leonel Godoy y Fausto Vallejo. Tomás Yarrington, quien hizo de Tamaulipas un nido de narcotraficantes, tiene que ser extraditado y procesado sin contemplaciones.
Hasta ahora el gobierno lejos de procurar el consenso, ha dado pie al disenso. El caso de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos (asumido aun que era un problema local) junto con otros asuntos, le han resultado en una desaprobación con la que no puede seguir cargando.
No basta decir que se asumen los costos de las decisiones impopulares. No se puede voltear la mirada a la desaprobación de las encuestas. Mucho menos se puede o se debe desdeñar a la opinión pública. El deber es no hacerlo; la virtud, evitarlo. Y eso sólo es posible… apelando a la conciencia.
La administración federal tiene la gran oportunidad de demostrar su determinación para iniciar un combate profundo a la corrupción y a la impunidad que, naturalmente, le rendirían enormes frutos hacia 2018.
SOTTO VOCE… La amarga experiencia democrática que representa Jaime Rodríguez El Bronco, en Nuevo León, debe servir para tomar nota de que las candidaturas independientes, que se sugieren más colectivas y abiertas, suelen trocar en pesadilla. El gobernador debería tener presente que el poder público es de todos, no de uno. Si alguna remota perspectiva tenía de ser candidato presidencial, se puede ir despidiendo y, tristemente, afectando al resto… Al parecer, el PRI ya se ha decidido por tres potenciales candidatos a la Presidencia para 2018. Todos serán total y probadamente competitivos frente a Andrés Manuel López Obrador. Contra lo que muchos piensan o desean, cualquiera de ellos, se asegura, pondrá fuera de combate al necio, intransigente y arrogante tabasqueño.
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@mariobeteta
