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Sin fiscal ni magistrados, el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), instalado el martes pasado, no es a este momento la respuesta que el país necesita a uno de los problemas más graves que lo corroen.
Por el tiempo que ha trascurrido para dar existencia a esa nueva institución y por el choque de intereses, principalmente de los partidos de oposición, es claro que para ellos no hay intención de atacar ni de atajar el monstruo de la corrupción, que cuesta al país más de 10% del PIB y que equivale a más de dos billones de pesos, según distintos organismos empresariales.
De los tres magistrados de la Sala Especializada que deben ser propuestos, ratificados por el Congreso y actuar como Ministerio Público en el plano administrativo, no se tiene noticia.
El nombre del fiscal anticorrupción, que tenía que designar el Senado de la República hace tres años, se ha pospuesto una vez más para después de Semana Santa. No es urgente. Por la importancia de asignar ese cargo, es de esperar que, sea quien fuere el elegido, llegue legitimado por un amplio consenso y la certeza de que actuará con objetividad, rigor e independencia.
En esto, la falta de legitimidad se debe evitar a toda costa, pues implicaría desaprobación, ausencia de respaldo, dudas y oposición. Lo que menos debe darse es déficit de confianza y de certeza en el desempeño de su función.
La elección del fiscal no debe ser ni dar margen a que se interprete socialmente como la imposición de poderes superiores que, con ello, procurarían tener cobertura para el futuro por sus posibles malas acciones. Deben darse todas las certezas y el mínimo de suspicacias. La despreocupación por la inacción de las instituciones contra la prevaricación parece estar en una clase voraz que ha hecho del país una adquisición.
En contraste, la sociedad se halla enojada, desalentada, enervada porque ve cómo día tras día aparecen casos de evidente y descarado robo al erario público; o peor, de actores políticos vinculados con el crimen organizado, como el fiscal de Nayarit, Édgar Veytia, y no pasa nada.
El señalamiento que han hecho las autoridades federales estadounidenses sobre la red de latrocinio que éste habría construido, podrían alcanzar incluso al gobernador Roberto Sandoval Castañeda, según se dice.
Los atracos de Javier Duarte de Ochoa y Roberto Borge, en fuga y con tarjeta roja del FBI, y de Guillermo Padrés, que ya es procesado, deben ser el inicio de acciones concretas y radicales a fin de evidenciar que hay voluntad para encarar la más grave y extendida enfermedad que, como nunca, padece el país. Encausar y encarcelar a los ex gobernadores de Veracruz, Quintana Roo y a otros, sería prueba irrefutable de que hay un verdadero propósito por frenar los excesos e ilegalidades de quienes ejercen el poder.
Eso es lo que hay que esperar y aún exigir. Se tiene que hacer patente que hay firmeza para actuar contra el cáncer que está matando a todos. Las razones, la oportunidad y el tiempo que sobraban para detener, investigar y enjuiciar al ex gobernador de Veracruz, debieron ser ocasión para evidenciar que no se tolerarán actos indebidos. La “habilidad” de ese individuo para esconderse, es tan inexplicable como inaceptable.
Cuando Roberto Borge saqueó Quintana Roo en todas las dimensiones y formas, según pruebas públicas, se dispuso de información para detenerlo y procesarlo. Empero, ni siquiera hay una indagatoria en su contra. Y ese no es un mensaje halagüeño. Que pueda darse el lujo de vivir tranquilamente donde le plazca, igual que lo hacen otros conocidos cleptómanos, es algo que irrita e indigna a la sociedad. Y ese sentimiento tiene consecuencias. Se convierte en desaprobación y disenso para las autoridades.
Igualmente reprobables son los casos de políticos que, identificados como auténticos depredadores de la hacienda pública, se mantienen en cargos públicos o en perspectiva de acceder a ellos. Si están ahí, es porque la sociedad, ignorante, ajena y/o interesada, los consiente. Motu proprio, ellos jamás se pondrán la soga al cuello. Empero, urge que la nueva institución tenga fiscal, jueces, estructura administrativa, presupuesto y estrategia de comunicación.
Jacqueline Peschard tiene sobre sus hombros una pesadísima carga que tendrá que aligerar coordinando, entrelazando y fusionando a todas las instituciones, órganos, fiscalías y demás entes que integran este complejísimo organigrama para dar resultados en el corto plazo.
SOTTO VOCE… Más de un gobernador está tratando de emular la Ley Quirino (Ordaz Coppel) que tan bien fue recibida entre algunos mandatarios, incluso de oposición. Su idea es reducir la cantidad de diputados y regidores que sólo engrosan la burocracia, incrementan el dispendio de los recursos públicos, la ineficiencia y la improductividad. La ciudadanía está harta de la ignorancia e impreparación que predomina entre muchos de los congresistas locales y federales. Ojalá que esta iniciativa, que proviene de un gobernador que inicia su administración en un estado tan complejo como Sinaloa, tenga buen eco entre la mayoría legislativa y finalmente la apruebe. Es una sentida demanda de la población a la que debe darse pronta respuesta.
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@mariobeteta
