La perversión de algunos políticos no tiene límite. El envilecimiento que hacen de la política, tampoco. Cada día cobran nuevas formas y expresiones. Con tal de acceder al poder, apelan a lo que sea. La demagogia, emparentada con la falacia, los ha caracterizado desde siempre. Ahora “evolucionan” y, lejos de ofrecer bienestar a la ciudadanía cuando buscan un cargo electivo, le prometen castigar la corrupción de sus antecesores.
Harta de padecer este fenómeno, la gente ha puesto oído a los juramentos de casi todos los últimos aspirantes a gobernadores de que no permitirán actos de prevaricación, que ya fueron consumados. Se comprometieron a auditar a sus antecesores. A encarcelarlos. Los electores les dieron un voto de confianza y los llevaron al poder en la idea de que cobrarían por ellos todas las afrentas. Y no pasó nada.
Los ejemplos más notorios hasta ahora, en escasa expectativa de que todavía hagan algo, se hallan en Jaime Rodríguez El Bronco y Claudia Pavlovich. Para llegar a las gubernaturas de Nuevo León y Sonora, presentaron como gran propósito de su campaña que llamarían a cuentas a sus antecesores. Pero Rodrigo Medina y su titiritero, Humberto Medina, y Guillermo Padrés Elías, no hacen más que disfrutar el producto del infame saqueo público que realizaron durante su administración.
Como en esas entidades el engaño dio resultado, algunos de los aspirantes a gobernadores recurren ahora al mismo expediente, precedido por el despliegue de estrategias de propaganda negra en las que exhiben mutuamente las peores acciones de su vida. Sus canalladas.
En este sentido, Colima recién vivió uno de los episodios más funestos de su historia electoral. Jorge Luis Preciado, del PAN, y José Ignacio Peralta, del PRI, se acusaron de todo. Uno y otro, hicieron públicos los comportamientos más bajos y miserables de su oponente. De criminales y narcotraficantes no se bajaron. No les bastó el alto grado de degradación al que llevaron a la política en una campaña. La reeditaron en otra para competir en elecciones extraordinarias. Y ahí siguen. Y la sociedad también. Sin resolver sus problemas.
Por la historia, la realidad y la praxis, se puede dar por hecho que algunos de los gobernadores que serán relevados en las elecciones de junio próximo (los casos más denunciados), tienen tras de sí una larga cauda de ilícitos.
Sus abusos y atropellos, pero especialmente sus corruptelas, son una herramienta formidable para quienes aspiran a sucederlos. Ofrecen investigarlos y sancionarlos a condición de que el electorado los encumbre. ¿Es eso algo digno de crédito? ¿No es acaso su obligación, llegado el momento, hacer lo que ofrecen sólo para ganar simpatía y votos?
En tiempos de campaña, los embustes son indispensables. Gastados los que se han usado por tanto tiempo, se crean y se recrean otros. Ante el imperativo coyuntural de prometer para el instante, aseguran que son honestos y que castigarán la desbocada corrupción. Hacen su ofrecimiento como símbolo de honestidad y de virtud pública. Sólo mientras se celebran los comicios y se entronizan. Después, son víctimas de amnesia, frecuentemente acompañada por el desprecio hacia la gente.
De los 12 gobiernos que disputarán en 90 días, Veracruz, Oaxaca, Quintana Roo y Sinaloa están en esa perspectiva preelectoral. Los excesos y faltas de sus gobernadores los han convertido en una rica veta electoral. Quienes aspiran a sucederlos, esgrimen el discurso del castigo, de cárcel, para hacerlos pagar sus errores.
Por todo lo que se les imputa, quizá no tengan defensa, pero es deleznable que lejos de comprometerse con la búsqueda del mejoramiento de las condiciones materiales de vida de los ciudadanos, los que pretenden gobernarlos sólo les pongan en el horizonte acciones de venganza, susceptibles de ubicarse, incluso, en una esfera eminentemente personal, alejada de lo colectivo.
Lo triste cuanto trágico de este fenómeno, es que los mexicanos se sigan dejando llevar por la estridencia, el escándalo y la emotividad para sufragar. Y con eso, es claro que no pueden esperar ninguna transformación de fondo.
SOTTO VOCE… Si quienes aspiran a un cargo electoral lo hacen procurando algún bienestar para la población, no sólo es legítimo, sino loable. Pero lo único que se puede pronosticar es que los resultados de este año serán definitorios y definitivos para 2018… Para rato y escalando, la pugna entre el gobierno federal y la CIDH por su desacuerdo en la percepción de la violencia estructural. Las constantes contradicciones en las que han caído los “expertos” extranjeros no han logrado, hasta el momento, una postura seria que provoque credibilidad entre autoridades, padres de las víctimas y ciudadanos… Mi más sentido pésame, al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, por la muerte de su tío. Un abrazo afectuoso.
ombeluniversal@gmail.com
@mariobeteta