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Con la impunidad se ha topado el Derecho en México. Las estadísticas reflejan esa cruda realidad. De cada 100 delitos que se cometen, únicamente se denuncian cinco. Y de éstos, 95% no tienen como consecuencia una condena. La invitación abierta es a reincidir. La criminalidad adquirió carta de naturalización. Tiene abierto el horizonte para crecer ad infinitum. ¿Hay alguien que pueda pararla?
En el Índice de Impunidad que presentaron Andrea Ambrogi, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla, y Luis Ernesto Derbez, rector de la Universidad de las Américas Puebla, están esas marcas. Refleja la dimensión del fenómeno. Contiene la advertencia del peligro que se cierne sobre todos.
La amenaza es patente y latente. Puede alcanzar a cualquiera en todo momento. Nadie tiene garantía sobre su vida y sus propiedades. La idea de protección de éstas, base del Contrato Social y razón de ser del Derecho, está carcomida. Debilitada. Es altamente vulnerable. Es la preocupación más grande que debería implicar a todos, comenzando por los gobernantes.
La República está infestada de criminales, considerando que, de acuerdo con el citado indicador, 25 estados se hallan en una situación dramática. Se ubican entre 65 y 75 puntos de incidencia delictiva y de ausencia de castigo. El 100 es la peor calificación. La ley es letra inútil.
Ambrogi lo confirma. El estudio agrupa a las entidades entre una muy alta impunidad, alta impunidad, impunidad media e impunidad baja. No hay una sola esfera donde ese fenómeno no haya penetrado hasta la raíz. Se ha enquistado en todos lados. Ha hecho metástasis. Es una realidad tan lamentable como preocupante.
El diagnóstico de Ambrogi es alarmante: “En México, la enfermedad es la impunidad. Violencia, corrupción e inseguridad sólo son los síntomas (…) todos los estados tienen la enfermedad”.
El extremo de la gravedad de ese problema, se encuentra en otra parte del diagnóstico, que casi encierra una condena y que expone el ex secretario de Relaciones Exteriores: “… la impunidad empieza a decirle a todo mundo: ¿para qué denuncias si de todos modos no pasa nada?”.
Cuando, en un Estado, el Derecho ya no es capaz de contener los impulsos irracionales de la sociedad; o peor, cuando su ausencia y/o anulación los intensifica, los multiplica, los radicaliza y devienen en la comisión de todo tipo de crímenes, es síntoma inequívoco: esa entidad languidece.
Y la obligación de quienes ejercen la función pública, es hacer lo que sea para evitar el colapso. Pues si por ineficacia o inobservancia deja de regir la ley, la sociedad se encamina a todos los riesgos imaginables. No se trata de alarmar; es urgente percatarse del peligro y sobre todo, de actuar.
Con dificultades y obstáculos de distinta especie, envueltos en los intereses más mezquinos de algunos partidos, el poder político legalmente constituido ha hecho esfuerzos en diferentes momentos para atender la problemática de la impunidad, que deriva de muchas prácticas públicas y privadas muy perniciosas.
Pero no han sido suficientes. Por más que se discursee optimistamente al respecto, el crimen y la amenaza están ahí, acechando a todos. El daño que ocasionan tiene hondas repercusiones en los ámbitos económico y social, que dan en mayores dificultades para mejorar. Proyectan una imagen que, por supuesto, no inspira confianza.
Combatir la impunidad reclama entonces el máximo empeño de las autoridades. Con urgencia, deben ocuparse en la tarea de actualizar las leyes, pero sobre todo, en aplicarlas. Si quienes son proclives a actuar fuera de la norma no reciben claramente éste mensaje, seguirán pensando que no serán llevados ante la justicia y que pueden actuar libremente sin riesgo de castigo.
El primer paso en esa dirección, quizá, sea la aprobación de la iniciativa presidencial para elevar a rango constitucional la integración del Mando Único de Policía, pero extremando el cuidado de que no quede en manos de quien, por ambición o tentación, pueda hacer mal uso de él.
SOTTO VOCE… Audaz y práctico, el fideicomiso que instituye el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, para financiar adecuada y oportunamente el gasto del estado. No hipotecará ningún bien. Pero dará certeza a los bancos que lo financien, de que siempre estarán cubiertos... Humberto Moreira parece tener fundadas sospechas de que detrás de su detención en España y el escándalo mediático, pudieran estar intereses y personajes enemigos… Omar Fayad fue confirmado como candidato priísta de unidad al gobierno de Hidalgo. Y por la disciplina que todavía impera al interior del PRI, se menciona que a David Penchyna le podrían ofrecer alguna responsabilidad en el gobierno federal, sobre todo considerando el impulso que le dio a la reforma energética.
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@mariobeteta
