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Son iguales. Quizá peores. Pero se montan en la hipocresía. En el oportunismo. Ven la paja en el ojo ajeno e ignoran la viga en el propio. Ellos se asumen como decentes e impolutos. Los demás, en su decir, son corruptos y ladrones. A ellos hay que glorificarlos. A los demás se les debe crucificar. Panistas y perredistas quieren ser vistos como salvadores de México. Y que se perciba a los priístas como maldición. Pero nadie puede arrojar la primera piedra.
Porque debiendo poner el ejemplo con actos de honestidad y prudencia, se abalanzan sobre los fondos públicos. Convierten el cargo en ne gocio propio. Se enriquecen grotescamente. Burlan la ley. A las instituciones. Roban a la sociedad y, en el mayor confort, pasan por personas “honorables” sin que nadie los moleste.
Del perredista Marcelo Ebrard, quien todavía no terminaba su gestión y ya hacía campaña para ser candidato presidencial en 2018, baste decir que la Línea 12 del Metro es apenas una muestra de lo que habría hecho con el erario.
Esa obra, con la que aspiraba a coronar una gestión exitosa y construir la plataforma de sus ambiciones políticas, lo evidenció como todo un cleptómano. El daño que causó a medio millón de personas que usaban la Línea Dorada al ser cerrada parcialmente y el costo de su rehabilitación, no han tenido consecuencias legales para él.
El panista Guillermo Padrés, quien ganó la gubernatura de Sonora por el incendio de la Guardería ABC de Hermosillo, es otro degradante caso de atraco-impunidad.
Durante su gestión, se denunciaron actos de arbitrariedad, abuso, atropellos a los ciudadanos, a sus propios empleados. Hizo cualquier cantidad de obras públicas mirando siempre al interés de su familia, desoyó a la población. Y no pasó nada.
Construyó una presa en su rancho, despojando del agua a campesinos. Indebidamente, exentó del pago de impuestos a los suyos. Quebrantó las finanzas estatales. Endeudó al gobierno y con fondos que no eran suyos, compró mansiones en Estados Unidos, donde seguro vive plácidamente.
Hoy que el país está envuelto en graves problemas como la depreciación del peso, la baja del petróleo y la inseguridad, que no deja de manifestarse en varias regiones pese al esfuerzo gubernamental por contenerla, surge el caso de Humberto Moreira, ex gobernador de Coahuila.
Lo detienen en España. Lo investigan ese país y Estados Unidos. Lo espían. Le detectan transferencias bancarias. Lo acusan de no rendir cuentas sobre depósitos de 200 mil euros.
Esa cifra, es infinitamente insignificante comparada con las cantidades astronómicas que se atribuyen a decenas de funcionarios y/o ex funcionarios de todos los niveles, de todos los partidos. Desde muy larga data.
Así fuera por un peso que se persigue y se encarcela a Moreira, sería procedente y loable. Pero nadie, por ningún motivo, puede arrogarse el derecho del uso de los impuestos de millones de contribuyentes. La aplicación de la ley debe ser pareja. Para todos. No debe haber excepciones.
Así como algunos panistas y perredistas urgen, exigen y vociferan en contra del ex líder del PRI, reclamando que sea extraditado y congelados sus bienes, deberían hacer lo mismo porque sus correligionarios sean medidos con la misma vara. Los panistas son los impulsores sin recato de los moches.
Destinar los recursos de la sociedad a la realización de programas que la beneficien, es deber de quienes la gobiernan. La transparencia y la rendición de cuentas, una administración abierta e informante de sus actos, son condición para la mejoría de cualquier país.
Castigar con el máximo rigor las desviaciones que se den en la cosa pública es un desafío enorme que debe afrentarse con urgencia. O todos coludos… o todos rabones.
SOTTO VOCE… La mano, la sapiencia y la experiencia de Manlio Fabio Beltrones empezó a verse desde el PRI. Con el triunfo indiscutible de José Ignacio Peralta en las elecciones extraordinarias de Colima, puso la primera piedra de un previsible triunfo en la mayoría de las posiciones que se disputarán en junio próximo, incluidas 12 gubernaturas. Cero y va una… Miguel Ángel Mancera, de plácemes por la declaratoria de constitucionalidad de la reforma política del Distrito Federal, que ahora es Ciudad de México. A este logro hay que agregar temas capitalinos con repercusión nacional, como el aumento a los salarios mínimos, Médico en tu Casa y el Reglamento de Tránsito. Éste, debería inspirar a autoridades estatales y federales para imponer un máximo de 120 kilómetros por hora con multas y castigos severos, como en los países desarrollados. Se evitarían accidentes y pérdidas humanas… Una de las luces que más brillarán en la construcción de la primera Constitución del DF, será la de Raúl Cervantes, quien regresó a su escaño en noviembre pasado.
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@mariobeteta
