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Está bien. Es justo y entendible. Los padres de los 43 normalistas desaparecidos hace un año tienen derecho a exigir la presentación de sus hijos. Pero a este momento eso es imposible. No tendrán respuesta inmediata. No podían recibirla ayer, en su segundo encuentro con el Presidente de la República. Lo que les ofreció apunta a que el caso siga vigente.
Las circunstancias, la nebulosidad, la complejidad de los acontecimientos, no permiten al gobierno presentar nada nuevo, adicional ni distinto. La “verdad histórica” sobre la que el ex procurador Jesús Murillo prácticamente cerró el caso meses atrás, no se perfila hacia un cambio sustancial. No en el corto plazo. Aun cuando las investigaciones continúen y se aceleren. Aunque el caso no se cierre y se forme una fiscalía especializada, como se anunció.
No variará, por más que se formen nuevos grupos de trabajo, se realicen otras investigaciones, intervengan más peritos o se voten más leyes. Tampoco mudará la “realidad” establecida, una catarata permanente de consideraciones de más especialistas y de organismos internacionales.
La opinión pública no influirá para alterar esencialmente las conclusiones oficiales del caso. No valdrán manifestaciones, cierre de carreteras, ataques a sedes gubernamentales ni huelgas de hambre. Mucho menos si esas formas de presión son inducidas, financiadas o instigadas por manos o intereses embozados.
El resultado de las investigaciones de los entes públicos, previsiblemente, se mantendrá en el tiempo. Sobre esa base, lo único que tiene sustento con base en criterios internacionales, es que hubo una desaparición forzada. No hay más. No puede haber más.
¿O acaso cabe esperar que éste se mueva un milímetro de la posición que fijó a poco de lo sucedido el 26 de septiembre de hace un año? Desde entonces, no ha hecho más que tratar de reforzarla por todos los medios. ¿Cómo quedaría si rectificara su historia y conclusiones? ¿Cuántos personajes importantes y/o instituciones se verían involucrados en la masacre y a qué costo?
La respuesta al reclamo nacional por justicia, que sólo podría aceptarse sobre la aparición de los estudiantes y el castigo de los causantes de su secuestro, no apunta más que en la dirección que ha tenido hasta ahora. A más exigencias, nuevas “evidencias”. Más palabras. Mismos discursos. Para que todo siga igual.
En ese supuesto, no es improbable el escenario en el que los familiares de los normalistas se desesperan, se olvidan del gobierno como medio para que se les haga justicia, y se radicalizan. Pero sería la peor opción que pudieran tomar.
Las autoridades están decididas a no permitir más desórdenes. A sancionar los actos vandálicos de algunos involucrados, ajenos a este conflicto. A sancionar los delitos que en su nombre se cometan. A aplicar la ley. A impedir el caos.
SOTTO VOCE… Guillermo Padrés, el ex gobernador panista, se fue de Sonora inmediatamente después de haber entregado el poder a Claudia Pavlovich. Sus gobernados dudan que la investigación sobre lo que, se dice, se llevó, lo haga volver. Más impunidad. Más promesas… En ese mismo plan está Rodrigo Medina, que en cuanto ceda la estafeta en Nuevo León a Jaime Rodríguez, El Bronco, pondrá pies en polvorosa y a ver quién lo localiza. ¿Se irá con su papi a la Casa de Mickey Mouse en Disney?… Bien recibida, la designación de Pedro Pablo Treviño al frente de la Lotería Nacional y Pronósticos Deportivos… Para muchos, José Reyes Baeza debió haber ocupado desde el inicio de la administración federal, la dirección general del ISSSTE. Bastante se hubiera adelantado en los grandes pendientes de esa institución en cuanto a modernización y calidad en el servicio.
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@mariobeteta
