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El pasado sábado 11 de febrero, el diario The New York Times publicó la nota titulada: “Programas de espionaje fueron usados contra promotores de un impuesto a los refrescos en México”.
La nota relata cómo fue sembrado Pegasus, un malware (software malicioso o código maligno), en los dispositivos de Simón Barquera, director de investigación en políticas y programas de nutrición del Instituto Nacional de Salud Pública; Luis Manuel Encarnación, entonces director de la Fundación Mídete, dedicada a luchar contra la obesidad; así como Alejandro Calvillo, activista y fundador de la organización El poder del consumidor. Los tres recibieron mensajes vía SMS con enlaces destinados a sembrar el virus Pegasus en sus dispositivos móviles.
Esta semana, las organizaciones Artículo 19, Amnistía Internacional, Red en Defensa de los Derechos Digitales, Social TIC y Acceso Now, presentaron el informe Citizen Lab de la Facultad Munk de Asuntos Internacionales, de la Universidad de Toronto, en el cual fue documentado el empleo de Pegasus para espiar a esos tres promotores del impuesto a las bebidas azucaradas y otras regulaciones para combatir la obesidad.
Voceros de las referidas organizaciones afirmaron que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se ha dedicado a espiar a comunicadores, activistas y defensores de los derechos del consumidor, al menos desde 2014.
Pegasus –explica Jenaro Villamil en una nota publicada el lunes 13 de febrero en Proceso-, se descarga sigilosamente en teléfonos móviles o en computadoras portátiles, da control al atacante y permite el acceso a todos sus archivos guardados, así como a otras utilidades, como la cámara de video, el micrófono o el GPS, entre otros.
En su columna en Sin Embargo, Gabriel Sosa Plata atinadamente establece: “Para nadie es una sorpresa que el gobierno mexicano utiliza programas de espionaje, como el desarrollado por NSO Group, empresa de Israel dedicada a la distribución de armas cibernéticas con el fin de detectar criminales y terroristas, aunque con lo ocurrido a un funcionario público y dos activistas sociales, parece confirmarse el temor de lo que sucede en nuestro país: se espía no sólo a presuntos delincuentes, sino a cualquier ciudadano”.
R3D presentó con anterioridad un informe acerca de las intervenciones a las comunicaciones y otras invasiones a la privacidad de los usuarios de servicios como telefonía celular, una práctica recurrente al amparo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que amplió las facultades de las autoridades para obtener información de los usuarios.
Además de las costosas tareas de espionaje, a las cuales distintas dependencias gubernamentales parecen destinar un presupuesto considerable, las recurrentes operaciones de trolleo y campañas de amenazas a determinados periodistas, a través de Internet, de ninguna manera son gratuitas. Todas esas reprobables prácticas por supuesto se realizan al margen de la ley, a espaldas de la transparencia y la rendición de cuentas.
La semana pasada, en este espacio, invité a reflexionar sobre la mediocre posición asignada a México en el Índice de Desarrollo de Tecnologías de Información (IDT), del reporte Measuring the Information Society Report 2016, realizado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (sitio 92 entre 175 naciones evaluadas), destaqué lo siguiente: “La razonada percepción de no pocos ciudadanos es que el gobierno mexicano destina considerables recursos en el empleo de bots,
trolls, así como en tareas de espionaje a ciudadanos e instituciones; en lugar de seguir el estricto cumplimiento de las acciones que debería realizar para llegar a acelerar el tránsito a la sociedad de la información, pero las acciones emprendidas no precisamente arrojan resultados”.
