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De acuerdo al sitio del Programa México Conectado, el objetivo de esta iniciativa “es establecer las políticas, mecanismos y acciones necesarias para brindar acceso a la banda ancha en todos los sitios públicos del país, en el contexto de una red troncal y una red compartida de telecomunicaciones, a través de un esfuerzo coordinado por el Gobierno Federal con la participación con los poderes Legislativo y Judicial de la Unión, los poderes de los Estados de la Federación, los órganos de gobierno del Distrito Federal, órganos públicos autónomos, dependencias y entidades públicas de los tres órdenes de gobierno, instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil y los demás entes que, por razones de interés general determine la SCT”.
El miércoles 7 de septiembre, el número de sitios web públicos que forman parte del referido programa ascendía a 101 mil 293 (http://mexicoconectado.gob.mx/carousel.php?id=80&cat= 80&id_carrusel=2).
La meta establecida en el Programa México Conectado suponía conectar 250 mil sitios web públicos. Sin embargo, el martes 6 de septiembre, en el marco de la convención nacional de la Canieti (Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información), Gerardo Ruiz Esparza, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), señaló que en este gobierno sólo serían conectados 150 mil sitios web: “De los 250 mil sitios, que luego bajamos a 150 mil, ya van más de 100 mil sitios conectados por el gobierno”.
Entre los sitios públicos que forman parte del programa se encuentran bibliotecas, clínicas, escuelas primarias, secundarias, preparatorias, hospitales, oficinas de la administración pública, universidades y algunos espacios públicos, como parques, jardines y plazas públicas.
El concepto de puntos web del Programa México Conectado de ninguna manera admite ser considerado novedoso. La iniciativa en realidad representa el reciclaje de los “centros llamados comunitarios digitales”, los cuales formaban parte del Programa Nacional e-México.
Al limitar la meta de los puntos web, el titular de la SCT pretende blindarse de los efectos del recorte presupuestal estimado para 2017; sin embargo, la medida repercute sobre la Estrategia Digital Nacional (EDN). La Coordinación Nacional de la Estrategia Digital Nacional difícilmente podrá alcanzar los objetivos que justificaron su creación (llegar a una posición similar a Chile). Se antoja pues ajustar sus objetivos para compararnos con Panamá o Costa Rica en 2018.
Si los recursos del gobierno son tan escasos y, peor aún, serán más escasos en 2017, resulta injustificable que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) haya despilfarrado 19.6 millones de pesos en la Plataforma Nacional de Transparencia, la cual, sencillamente, no ha conseguido funcionar correctamente.
Intellego S.C., la empresa responsable de realizar el proyecto, encargado al comisionado Óscar Guerra Ford, fue relacionada como intermediaria por la Comisión de Valores de Estados Unidos, en una operación que implicó sobornos para que la firma Hewlett Packard (HP) obtuviera un contrato de Petróleos Mexicanos (Pemex) en 2008. Seguramente en el Inai conocieron tal información y le restaron importancia.
Uno de los renglones donde la austeridad gubernamental no necesariamente aplica es el ciberespionaje. En julio de 2015 el gobierno compró un sistema de vigilancia a la empresa italiana Hacking Team, y de acuerdo con The New York Times (http://www.nytimes.com/2016/09/03/technology/nso-group-how-spy-tech-firms-let- governments-see-everything-on-a-smartphone.html), el gobierno contrató a la firma de ciberespionaje NSO Group, a la cual pagó 15 millones de dólares para espiar a un periodista que escribió sobre corrupción en el gobierno.
La diferencia radica en que los actos de ciberespionaje —afirmarían—, son un asunto de “seguridad nacional”.
