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La semana pasada, mientras se realizaban las actividades de la “Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto” (AGA) en la Ciudad de México, cuyo eje temático fue: “Apertura para Todos: Hacia un Desarrollo Sostenible”, como expresión de un absurdo e inoportuno contrasentido, el senador Omar Fayad Meneses (PRI), presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Senadores, impulsaba la iniciativa de Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Informáticos, conocida como “Ley Fayad”, la cual causó gran polémica por “criminalizar” el uso de Internet y limitar a la libertad de expresión.
De acuerdo con lo asentado en la AGA, “éste es un espacio que promueve el diálogo productivo, la interacción y el intercambio entre representantes de la sociedad civil, oficiales de gobierno y reformadores que trabajan para hacer que sus gobiernos sean más transparentes con mayor capacidad de respuesta y rindan cuentas”. En la Alianza para el Gobierno Abierto, que actualmente preside Enrique Peña Nieto, participan 66 países.
En este caso, la iniciativa del senador Omar Fayad opacó los reflectores que definitivamente pretendía alcanzar el gobierno del presidente Peña Nieto con la realización de la “Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto” –cuyo costo, en estricta congruencia con la transparencia y la rendición de cuentas, debe ser dado a conocer a la opinión pública-, y con la “Declaración Conjunta de Gobierno Abierto para la Agenda 2030”, que sólo firmaron representantes de 12 naciones.
La llamada “Ley Fayad”, que el equipo de asesores del mencionado senador hidalguense elaboró con apoyo de la Policía Federal, proponía tipificar determinadas figuras delictivas en Internet como “terrorismo informático”, imponiendo penas superiores a 55 años de prisión y multas de más de 700 mil pesos.
De acuerdo con la Red de Defensa de los Derechos Digitales (RD3), la iniciativa del senador Fayad admite ser considerada como una de las peores iniciativas de ley sobre Internet en la historia.
La Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Informáticos, sencillamente exhibe la intención de quienes desde las altas esferas del gobierno pretenden criminalizar la crítica en Internet. Están hartos de ella. Así lo han manifestado en repetidas ocasiones.
Para colmo, el miércoles 28 de octubre fue dado a conocer el informe Libertad en Internet 2015, realizado por la organización independiente Freedom House, que ubicó a México en la relación de países “Parcialmente libres”.
En el mencionado informe fue destacado el hecho de que cada vez más gobiernos intentan censurar información de interés general e inclusive presionan al sector privado para que retire contenidos que les resultan molestos.
Imposible no tener presente la forma cómo procedió MVS con la periodista Carmen Aristegui y su equipo de Investigaciones Especiales, quienes dieron a conocer hace poco más de un año que el presidente posee una casa en Las Lomas de Chapultepec, con valor de 7 millones de dólares, la cual fue construida a su gusto por Grupo Higa, propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, una de las empresas que ganó la licitación del tren México-Querétaro, y que antes levantó un considerable número de obras en el Estado de México, cuando Peña Nieto fue gobernador.
