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Ante la escandalosa fuga del gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte, y los casos parecidos que se podrían suscitar en el futuro, es indispensable hacer una reflexión sobre la pertinencia y necesidad de modificar la figura del fuero constitucional.
Creado en Inglaterra hace casi 800 años para evitar excesos de la Corona inglesa contra los miembros del Parlamento, en México ha servido para cobijar excesos delictivos de nuestros políticos, siempre tan propensos a actuar fuera de la legalidad.
Algunas entidades federativas ya han legislado para modificar y atemperar sus excesos (como Jalisco, por ejemplo), y en otras muchas se han presentado iniciativas que van en la misma dirección. Se trata de esfuerzos que acreditan la enorme repugnancia que la ciudadanía siente frente a la histórica impunidad que ha cobijado durante décadas a gran parte de nuestra clase política. Esa impunidad no puede mantenerse más.
Con independencia de lo que cada Estado vaya decidiendo sobre el tema y de lo que la Constitución de la Ciudad de México tendrá que prever, lo cierto es que se antoja necesaria una reforma a la Constitución federal, para ponerla en línea con una comprensión nueva de la responsabilidad (sobre todo la de carácter penal) de los servidores públicos.
A diferencia de lo que se ha expresado por otros analistas, yo no estoy de acuerdo en la eliminación completa del fuero. Creo que debe haber alguna protección constitucional para que ciertos funcionarios puedan realizar su trabajo sin estar bajo la permanente amenaza de que les instruyan un proceso penal.
Esto es especialmente relevante si consideramos que todavía hoy en día no hemos podido consolidar una procuración de justicia que sea independiente y ajena a los intereses del gobernador en turno. Ni tampoco es muy confiable la independencia de algunos poderes judiciales locales.
Por eso es que no podemos abolir del todo el fuero constitucional. Sería entonces muy fácil que desde la procuraduría se instruyera (por órdenes del gobernador) un proceso judicial contra funcionarios que por hacer su trabajo se volvieran incómodos para la clase política. Eso puede suceder perfectamente con un comisionado de derechos humanos, uno de atención a víctimas del delito, un auditor independiente y así sucesivamente.
Hace años vimos cómo en el Estado de Morelos se armaba un pavoroso caso penal instruido contra los miembros del órgano garante de transparencia, por haber ordenado que se diera a conocer información pública muy delicada para el poder judicial. En la Ciudad de México se han iniciado procedimientos penales contra jueces que (casualmente, supongo) no se doblegaban a las peticiones que solicitaba la procuraduría local. Los ejemplos pueden sumar cientos.
Lo que quiero decir es que la existencia del fuero sigue estando plenamente justificada. Lo que hay que hacer ahora con esa figura no es abrogarla, sino modificarla para efecto de no permitir la impunidad. Se puede hacer, por ejemplo, si dejamos en claro para empezar que un funcionario público que esté separado del cargo (con una licencia) no está protegido por el fuero. Esto es lo que determina por ejemplo el artículo 78 de la Constitución de Veracruz, aunque algunos analistas no hayan querido leerlo cuando discuten sobre el caso de Javier Duarte.
También habría que determinar que el fuero no impide que se instruya un proceso penal contra un funcionario público, sino que es una protección simplemente en contra de su detención mientras ocupe el cargo. Otra posibilidad es prever que a un funcionario que tenga fuero solamente se le podrá detener en caso de delito flagrante o solamente se podrá ordenar su arresto domiciliario pero no se le ingresará en prisión. Se trata de ejemplos tomados del derecho comparado. Observar la regulación que sobre el fuero se ha hecho en otros países nos puede ayudar mucho para orientar nuestra propia reforma.
Lo cierto es que nadie quiere que, con la excusa del fuero, se dejen de exigir responsabilidades a una clase política claramente delincuencial como la que padecemos en México. Al contrario, la lucha contra la impunidad debe ser una bandera ciudadana permanente y se debe esgrimir frente a todos los partidos, pues ninguno se salva de tener entre sus filas a personajes verdaderamente impresentables. Ni uno solo.
Investigador del IIJ-UNAM.
@MiguelCarbonell
