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Esta semana el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Arturo Escobar, declaró al reportero Alberto Morales, de EL UNIVERSAL, que legalizar el consumo de la mariguana “implicaría convertir al Chapo Guzmán en un hombre de negocios”. ¿Acaso pensará el cuestionado funcionario que El Chapo está metido en el negocio de las drogas por deporte? ¿O que este criminal no ha invertido sus recursos en otras empresas de sectores productivos?
Algunos datos duros a considerar sobre esta industria transnacional confirman cómo el tráfico de drogas es uno de los negocios más rentables del mundo y, por lo mismo, lejos de exterminarse, está convertido en una industria creciente, en donde cada día se incorporan más consumidores a este disputado mercado que se rige por la oferta y la demanda, tal y como lo dicta el capitalismo salvaje. Por ello algunos analistas, y ahora hasta un ministro de la Corte, se pronuncian por legalizar el consumo de la mariguana como la única opción que permita regular su mercado.
Por ejemplo, la industria del narcotráfico en México genera utilidades a los cárteles de la droga hasta por 39 mil millones de dólares anuales (unos 663 mil millones de pesos al tipo de cambio actual), lo que ubica a los capos del narcotráfico como los representantes de uno de los sectores productivos más rentables y exitosos del capitalismo neoliberal, en donde las ganancias se distribuyen en una amplia estructura social que involucra a funcionarios y policías corruptos, empresarios y financieros que lavan el dinero, campesinos y productores agrícolas que rentan sus tierras en busca de mejores ganancias, y los empleados directos de los cárteles, responsables de producir, distribuir, transportar, comercializar y vender a pequeña escala. Toda una industria boyante.
Estos datos duros están incluidos en el informe National money laundering risk assessment 2015, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el cual sostiene que el narcotráfico es un negocio que genera unos 64 mil millones de dólares anuales por ventas en ese país, y en donde México es su principal fuente de suministro (proveedor) a través de los cárteles mexicanos que operan igual como lo hacen las empresas productivas y comerciales competitivas, en un mercado que cada día crece por su demanda en el mundo.
Esta breve descripción de una industria que opera al margen de la ley, pero que cuenta con la protección de autoridades de los tres niveles de gobierno, se vuelve incomprensible para algunos burócratas como el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, a quien su jefe Miguel Ángel Osorio Chong envió al ruedo para defender la posición del gobierno y rechazar la propuesta del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, sobre legalizar el consumo de la mariguana.
Las autoridades pueden o no aceptar los conceptos de industria, empresa y negocio para el tráfico de drogas, sea legal o ilegal según el país del que se trate, pero este negocio cumple con los parámetros que marcan los mercados de consumo de cualquier producto, en donde la oferta y la demanda dictan el precio, hay competencia de productos y calidad, venta y consumo, y un mercado que genera cuantiosas ganancias como ninguna otra mercancía hasta ahora conocida. Además, todos los cárteles de la droga invierten sus recursos en negocios o industrias lícitas (restaurantes, hoteles, bares, distribuidoras de vehículos, constructoras, productoras agrícolas, casas de cambio y, sin duda, hasta en la Bolsa de Valores), como una forma de lavar el dinero, lo que los convierte en exitosos empresarios alejados de las investigaciones policiales.
Aunque el mensaje del subsecretario tiene la intención de señalar al narcotraficante más peligroso y efectivo en el mundo, que se ha fugado y burlado cuantas veces ha querido de la autoridad, me parece que es aquí en donde fallan las políticas públicas para contrarrestar el crecimiento del mercado de la droga, en donde el gobierno tiene la obligación de atender el problema desde perspectivas distintas a la confrontación armada, como son los sectores educativo (prevención) y de salud (consumo), lo cual no hace, además de intervenir las finanzas de esta industria que permita reducir su operación y desarrollo.
Cualquier empresa a la que le cortan el flujo de recursos se va a la quiebra, pero en esto el gobierno prefiere negarse a seguir la ruta del dinero y en cambio sus soldados andan a salto de mata por las montañas del Triángulo Dorado (Chihuahua, Sinaloa, Durango) en busca del narcotraficante número uno.
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