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En medio de la disputa política por los dos lugares que dejarán vacantes en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tras la salida de Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza, se oculta una larga lista de privilegios económicos que ese Poder de la Unión ha acumulado a través de los años y que se niega a perderlos, o acaso a reducirlos, en momentos en que al país le urgen recursos y en donde los ministros no son los únicos beneficiarios, sino también los grupos de interés que integran sus familiares, amigos, compadres y recomendados que están adscritos a las elevadas nóminas de ese órgano de justicia.
De esos privilegios, por ejemplo, los mexicanos —que vivimos en un estado de alerta permanente por el miedo que generan la delincuencia y violencia criminal y policial— pagamos (con nuestros impuestos) un “bono por riesgo” de más de medio millón de pesos a cada uno de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Pero ese beneficio económico, lamentablemente, no es el único costo que nos genera la Corte. En ella se alojan personajes con intereses partidistas y de clase que, una vez enquistados en ese poder, votan en contra del interés del pueblo. Sin embargo, el aspecto económico no deja de ser insultante cuando la mayor parte de la población —unos 80 millones de mexicanos— vive en situación de pobreza y marginación.
Así, a pesar de que México es uno de los países más empobrecidos de América Latina, quienes sustituyan a Sánchez Cordero y Silva Meza verán muy pronto cómo, a cuenta del erario, se les hincha la cartera. Y no sólo se trata de los 539 mil 790 pesos que recibirán anualmente por el llamado “pago por riesgo”, sino por su sueldo y percepciones acumuladas a lo largo de su carrera como ministros y aún después de serlo, pues mantienen sus ingresos una vez que están en retiro.
De acuerdo con el Manual que Regula las Remuneraciones de los Servidores Públicos del Poder Judicial de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero pasado, hay tres tipos de ministros que se diferencian por el cargo y por el monto de sus percepciones: nivel 1, nivel 2 y nivel 3.
El nivel 1 se diferencia por el cargo, pues sólo es asignado al ministro presidente. Éste y el nivel 2 comparten las cantidades que se le remuneran a los ministros: sueldo básico de 193 mil 17 pesos; prestaciones nominales por 66 mil 662 pesos; prima vacacional por 62 mil 412 pesos; aguinaldo por 381 mil 898 pesos, y, por supuesto, el “bono del miedo” de medio millón.
El nivel 3 se diferencia de los anteriores por los montos: sueldo básico de 127 mil 994 pesos; prestaciones nominales por 23 mil 670 pesos; prima vacacional por 41 mil 140 pesos; aguinaldo por 247 mil 169 pesos; y el “bono del miedo”, por 523 mil 860 pesos.
Pero eso no es todo. A los privilegiados que llegan a ocupar ese cargo el erario también les paga sus “gastos de alimentación”, les compra vehículos de lujo para su transportación, gasolina y aditivos; y les paga el sueldo de los 79 choferes, cuyo salario mensual asciende a 12 mil 261 pesos.
Al menos el ministro presidente cuenta, también, con un equipo de guardias de seguridad pagado con recursos de la SCJN, consta en actas del Comité de Gobierno y Administración del máximo tribunal.
Con tantos privilegios y salarios escandalosos —si consideramos que el salario mínimo diario que gana gran parte de la población es de apenas 70.10 pesos—, cómo no van a disputarse priístas y panistas un lugar en el pleno de la Corte.
oficiodepapel@yahoo.com.mx
