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En la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) —de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público—, que dirige el político mexiquense Alberto Bazbaz, han tomado muy en serio la petición de ayuda del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, doctor Luis María Aguilar Morales, para limpiar algo de la corrupción que invade desde hace muchos años al Poder Judicial Federal.
La solicitud que hizo el doctor Aguilar Morales a ese órgano de inteligencia de la Secretaría de Hacienda tiene como objetivo que los expertos fiscalistas revisen las inmensas fortunas acumuladas en cuentas bancarias y bienes a nombre de magistrados y jueces que se presume se han enriquecido ilícitamente al “vender” sus fallos al mejor postor.
Así también, en esta comunicación confidencial que han establecido desde hace algún tiempo el ministro presidente de la Corte y el discreto pero eficaz Bazbaz, se ha decidido indagar en cuentas bancarias de familiares, amigos y prestanombres de los impartidores de justicia, en donde también aseguran se han acumulado fortunas de muchos ceros obtenidas de manera ilícita. Esta investigación promete entonces exhibir la terrible corrupción que invade al Poder Judicial y que hasta ahora se ha mantenido oculta y sin sanción alguna.
En el escritorio del director de la UIF hay un par de expedientes con información sensible sobre dos magistrados de Zapopan, Jalisco, que desde hace varios días están en la mira de los “sabuesos fiscalistas”, pues además de tener cuentas millonarias, esos funcionarios del Poder Judicial desglosaron cantidades en depósitos bancarios entre familiares, por lo que se investiga si los dos togados recibían sobornos de bandas del crimen organizado a cambio de protección judicial. Seguramente este asunto dará resultados positivos y el doctor Aguilar Morales sumará puntos a su favor por limpiar la casa de funcionarios judiciales deshonestos.
El dispendio en el Poder Judicial. Los magistrados de circuito —como los que ahora son investigados por la UIF— tienen un sueldo base de 124 mil 792 pesos al mes, es decir, 4 mil 160 pesos diarios.A este monto se le suman las prestaciones nominales, por 19 mil 271 pesos; la prima vacacional, por 39 mil 886 pesos; el generoso aguinaldo, por 240 mil 51 pesos, y el pago por riesgo —mejor conocido como bono del miedo—, por 19 mil 332 pesos, de acuerdo con el Manual que Regula las Remuneraciones de los Servidores Públicos del Poder Judicial de la Federación, para el ejercicio fiscal 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero pasado.
En el Anexo 3 del Manual se da cuenta temáticamente del dispendio del Poder Judicial: por remuneraciones adicionales, las instituciones que lo integran gastarán en este “año de austeridad” 8 mil 256 millones 461 mil 198 pesos. En este rubro se inscriben, por ejemplo, las ayudas para vestuario, despensa, anteojos, incapacidad médica permanente, traslado y seguridad en el entorno de los titulares de órganos jurisdiccionales, jornadas electorales; el pago por riesgo; los estímulos por el Día de la Madre (afortunadamente algunos ya no tienen y eso disminuye la sangría del presupuesto), antigüedad, jubilación, Día del Niño; así como el subsidio de renta a titulares de órganos jurisdiccionales.
Otro gasto millonario corresponde al pago de la seguridad social y los seguros, que en este 2015 asciende a 5 mil 466 millones 222 mil 249 pesos. Mientras que el rubro de “otros” —donde se agrupan apoyos como el deportivo, de guardería, comedor, vehículo, prestaciones médicas complementarias— tendrá un gasto de 685 millones 831 mil 585 pesos. El abuso total del dinero público.
PUNTOS SUSPENSIVOS... Si el secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade, tenía alguna duda de las pésimas políticas y mala administración de los programas de asistencia del gobierno federal, la declaración que hizo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos la semana pasada precisa la situación de desigualdad que hay en el país y el incremento de la pobreza, aunque las cifras oficiales digan otra cosa. Dicho organismo dijo que en México las acciones para reducir la pobreza, mejorar el empleo, la educación y la seguridad “son mediocres” si se comparan con otros países.
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