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En la columna anterior decíamos que el programa de austeridad ordenado por el gobierno federal e instrumentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para reducir el gasto a todas las dependencias federales —motivado por la aguda crisis económica y exacerbado por la caída en los precios del petróleo—, tiene necesariamente que estar acompañado de una rigurosa vigilancia del gasto público, principalmente en lo referente a la asignación de contratos gubernamentales, a fin de obtener mejores precios en la contratación de bienes y servicios.
Si el gobierno de Enrique Peña Nieto pone empeño en esto y los órganos de vigilancia y control gubernamentales hacen bien su trabajo como la ley lo ordena, se tendría un ahorro mayor al planteado en el programa de austeridad presupuestal (recorte de 97 mil millones de pesos para 2016, y de 124 mil 300 millones en 2015), y lo más importante es que se combatiría la corrupción sostenida con sobornos y chantajes que han servido para enriquecer ilícitamente a miles de servidores públicos y empresarios.
Por ejemplo, algo que parece inexplicable es la queja que llegó hasta el escritorio del secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade —el mismo que se hizo bolas con la investigación de la Casa Blanca y concluyó que era mejor cerrar el expediente sin responsabilidad alguna—, en donde el Servicio de Administración Tributaria (SAT) asigna un contrato de servicios y paga 300 millones de pesos más al ganador respecto de las ofertas de otros competidores.
Se trata de una queja interpuesta por empresas concursantes en la licitación pública nacional electrónica de servicios número LA-006E00001-N17-2015, relativa a la prestación del servicio de infraestructura a redes y electromecánicos de TI (SIRETI), en donde denuncian que el SAT, por conducto de la Administración General de Recursos y Servicios, declaró ganadora a la empresa Hewlett-Packard México, a pesar de que su propuesta era la más elevada de todos los competidores: ofertó un máximo de 1 mil 358 millones 32 mil 792.40 pesos, mientras que la propuesta más baja ascendió a 1 mil 54 millones 748.11 pesos, es decir 304 millones de pesos menos, pero esto no importó a los funcionarios fiscales.
Seguramente el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, desconoce esta sospechosa operación que los quejosos presumen podría corresponder a actos de corrupción al interior del SAT. Estas asignaciones deben vigilarse para obtener los mejores precios, pues el despilfarro crece en cada contrato que otorga el gobierno federal y la suma de todos rebasa con mucho lo que ahora tratan de ahorrar en el presupuesto.
Las empresas concursantes en dicha licitación fueron cuatro: la ganadora Hewlett-Packard México; IGSA, S.A. de C.V.; Sistemas Especializados Brain, S.A. de C.V., y Sixsigma Networks México, S.A. de C.V.
Lo que plantean en la queja es que la Secretaría de la Función Pública declare la nulidad de la licitación, porque ésta podría incurrir en un quebranto patrimonial de más de 300 millones de pesos, “al no garantizar las mejores condiciones para el Estado en cuanto a precio, calidad y oportunidad, en tanto que debido a una actuación ilegal de la convocante (SAT) se adjudicó el contrato a una propuesta económicamente menos favorable”.
Aunque es la dependencia que preside Virgilio Andrade la que tendrá que resolver si revoca el fallo y ordena una nueva licitación, lo cierto es que la Secretaría de Hacienda debe poner el ejemplo de austeridad y mejores prácticas licitatorias para ahorrar el dinero público y cerrar la llave a actos de presumible corrupción.
PUNTOS SUSPENSIVOS... El gobierno federal, por conducto del subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián, ofrecerá mañana miércoles una disculpa pública y un reconocimiento de responsabilidad por el asesinato del indígena triqui Antonio Jacinto López Martínez, ex alcalde de San Martín Itunyoso (Oaxaca), a quien la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había otorgado medidas cautelares. La disculpa gubernamental se da cuatro años después de ese crimen.
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