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Cuando los responsables de las finanzas públicas del país hablan de un periodo de austeridad —que por lo menos será los próximos tres años, tiempo que falta para que concluya la actual administración—, el anuncio oficial va acompañado de una serie de medidas que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha instrumentado para hacer frente a esta crisis económica que amenaza no sólo a México sino a todo el mundo, principalmente a los países más pobres como el nuestro.
Es en medio de los recortes presupuestales previstos para 2016 —que involucra a secretarías de Estado, paraestatales y organismos descentralizados, y que afecta a los programas sociales—, que la Presidencia de la República canceló la cena que se realiza cada año en Palacio Nacional la noche del 15 de septiembre, en conmemoración del Grito de Independencia.
Instrumentadas muy tarde sus “medidas de austeridad”, debido a que la crisis tiene más tiempo que el que lleva Peña Nieto como presidente, aún son importantes porque el despilfarro de la alta burocracia es ofensivo y abusivo frente a la cifra oficial de más de 55 millones de mexicanos en pobreza; sin embargo, dichas medidas no garantizan por sí solas que los gastos excesivos vayan a suprimirse, pues ello requiere decisiones políticas con una fuerte convicción que no se ve por lado alguno, y un ejemplo es la corrupción que no cesa.
Tampoco se puede dejar de señalar que tuvieron que pasar tres años para que el gobierno actual se diera cuenta que de cada dos mexicanos uno vive en la miseria y otros 7.5 millones en la sobrevivencia por problemas graves de alimentación. Claro que éstas son cifras oficiales, porque según estudios académicos sobre la pobreza suman 100 millones de mexicanos en la precariedad, es decir con problemas para resolver por lo menos uno de los cinco satisfactores básicos de vida: alimentación, salud, educación, vivienda y vestido.
Con un sistema político presidencialista, en dónde prácticamente no se respeta la separación de poderes y es el jefe del Ejecutivo quien decide sobre el Legislativo y el Judicial, después del anuncio de austeridad, de inmediato los partidos políticos y el Congreso se sumaron a la “campaña” para gastar menos, siempre y cuando esto no involucre sus salarios y las jugosas prestaciones que reciben.
Los que definitivamente andan en rebeldía y no están dispuestos a sumarse a campaña alguna de austeridad son las familias enteras que trabajan, o mejor dicho que devengan un buen salario, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación integrada por 11 ministros. Tampoco los consejeros del Instituto Nacional Electoral, quienes ya pidieron aumento salarial, y mucho menos los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ninguno está dispuesto a sacrificar los “logros salariales” que la Revolución les dio.
Pero volvamos al gasto en festejos de la Presidencia. Una investigación periodística de Mauricio Romero revela que en los dos primeros años de gobierno se gastaron más de 45 millones 700 mil pesos en 13 celebraciones; casi la mitad de esa cantidad se fue precisamente en las conmemoraciones del Grito. De acuerdo con contratos y datos obtenidos por medio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, una sola empresa, Actidea —de los hermanos Eduardo y Mariano Gama Pizarro—, ha sido la encargada de organizar dichos festejos. Además, esa misma firma ha obtenido contratos con otras dependencias federales por al menos 383.5 millones de pesos.
Por ello es bienvenida la “austeridad”, aunque debería estar acompañada de una estrategia real y efectiva en contra de la corrupción, que reduzca sobornos, chantajes, contratos arreglados, intermediarios y todas esas maniobras que la alta burocracia hace muy sofisticadamente y que sangran mucho más las finanzas públicas con miles de millones de pesos anuales. Si alguien duda de esta corrupción gubernamental, están las grabaciones de los negocios de OHL y su relación con varios miembros del gabinete, principalmente el secretario de Comunicaciones, sin que a nadie en el gobierno le importe.
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