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Podrán hacer 5, 10 o 20 peritajes en el basurero de Cocula, Guerrero, e independientemente del resultado, gran parte de la población no va a creer versión oficial alguna, después de que el perito en incendios José Torero —doctorado en la Universidad de Berkeley, California— rindiera su dictamen final junto con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), en donde se determina que los 43 normalistas rurales de la Escuela Isidro Burgos de Ayotzinapa no fueron incinerados allí.
Esta tortuosa investigación judicial sobre los 43 normalistas rurales no es un hecho aislado de otros problemas sociales recientes que han ocurrido y que restan credibilidad al gobierno y a su aparato de justicia, como la fuga del narcotraficante más poderoso del mundo, Joaquín El Chapo Guzmán; la investigación de la Casa Blanca, propiedad de la pareja presidencial; los contratos de construcción con sobreprecios multimillonarios entregados a la española OHL, en complicidad con por lo menos un secretario de Estado y que podría llegar a Los Pinos; los asesinatos de más de 100 mil personas en los últimos 10 años; las desapariciones y secuestros de inocentes que ocurren todos los días y, por supuesto, la corrupción y los constantes fraudes y desvíos de recursos públicos a manos de burócratas que nunca son llevados a juicio.
Al ver toda esta descomposición social en conjunto, es imposible darle un voto de confianza a todo lo que salga del gobierno, y pensar que aún faltan tres largos años para que concluya la actual administración.
Antes de que Torero rindiera su informe —que cayó como un mazo demoledor en Los Pinos, en Gobernación y en la PGR—, otros dos investigadores universitarios, el doctor Jorge Antonio Montemayor Aldrete —investigador del Instituto de Física de la UNAM— y el maestro en ciencias Pablo Ugalde Vélez —investigador de la UAM-Atzcapotzalco—, hicieron un trabajo científico y llegaron a la misma conclusión: es imposible que en ese espacio de 8 metros de diámetro que tiene el basurero de Cocula se quemaran los cuerpos de los 43 normalistas, zona en donde los árboles aledaños ni siquiera tienen las huellas de lo que debería haber sido un gran incendio.
Esta versión ya había sido publicada a principios de año por algunos medios de comunicación, la cual fue de inmediato descalificada y por la que fueron tacharon de loquitos los dos académicos, pero ahora que el experto en análisis de incendios concluye lo mismo, es el Presidente y la abogada de la nación quienes reconocen y avalan el informe científico de la GIEI y piden que éste se anexe al expediente abierto y que se busque realizar un tercer peritaje, para acomodar la “verdad histórica” que sigue repitiendo la PGR.
Mientras eso pasa, las familias de los 43 estudiantes y millones de mexicanos exigen conocer la verdad, encontrar a los desaparecidos y saber quiénes más están implicados en el crimen, pues hasta ahora la autoridad ha sido omisa, negligente y mentirosa.
PUNTOS SUSPENSIVOS... Las agresiones al gremio periodístico no cesan. El domicilio de dos reporteras, Flor Goche del portal Desinformémonos y Elva Mendoza de Contralínea, fue allanado el martes pasado en la capital del país. Las dos periodistas cuentan con medidas cautelares de protección ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y desde julio de 2014 ingresaron al Mecanismo de Protección a Periodistas de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación, por los constantes acosos que han sufrido por su trabajo. Los sujetos que ingresaron al departamento, ubicado en la delegación Cuauhtémoc de la ciudad de México, sustrajeron equipo de cómputo y documentación de su labor periodística, pero extrañamente dejaron intactos objetos de valor como pantallas, multifuncionales y dinero en efectivo. Bajo el expediente 149/FEADLE/2015 quedó asentada en la PGR la denuncia de las reporteras y un ministerio público adscrito a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión tomó constancia de los hechos y se inició procedimiento mediante acta circunstanciada. De acuerdo con los peritajes, los sujetos que ingresaron al domicilio habrían utilizado guantes, por lo que en el lugar no hallaron huellas dactilares. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal lanzó el pasado miércoles 9 de septiembre una alerta por los hechos y solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal el inmediato aseguramiento de los videos captados por las cámaras de la zona. Esperamos que ahora sí la autoridad ministerial, tanto federal como local, hagan bien su trabajo.
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