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Los miembros de las Fuerzas Armadas que son procesados en tribunales judiciales (caso Tlatlaya) enfrentan hoy los mismos problemas de aplicación de justicia que millones de mexicanos han padecido desde hace décadas, pues es conocido que el sistema judicial en México es lento, corrupto y omiso en la mayoría de los casos.
Esa injusticia que promueve y motiva la impunidad, da paso libre a la corrupción que cada día crece más en todo el país. Estos abusos y excesos judiciales han sido criticados y denunciados permanentemente por una sociedad civil agraviada, sin que a la fecha se observe alguna mejoría o algún interés del Poder Judicial por cambiar las cosas, pero cuando la queja por esa lentitud y abuso judicial proviene del secretario de la Defensa Nacional estamos frente a un problema serio entre dos poderes de la Unión: Ejecutivo y Judicial.
En una amplia y oportuna entrevista de Carlos Benavides en el periódico EL UNIVERSAL, el general Salvador Cienfuegos hace una dura crítica a la impartición de justicia en México por la lentitud del proceso que se sigue a ocho soldados acusados de asesinar a 22 civiles en el poblado de Tlatlaya, Estado de México, y pide con rigor que medios y sociedad no hagan juicios anticipados (“juicios paralelos”) ni dicten veredictos mientras el juez de la causa ni siquiera ha iniciado el juicio.
Molesto porque un tribunal judicial (atendido por civiles) sea el que juzgue a sus ocho soldados y porque la prensa, con sus virtudes y errores, ha informado ampliamente de ello y se han hecho análisis y críticas al Ejército por lo que algunos presumen se trató de ejecuciones, el general Cienfuegos exige que no se hagan juicios anticipados. Pero la prensa y la sociedad, en ejercicio de sus máximas libertades, tienen otros tiempos distintos a los plazos trazados por la justicia, y ahora los militares tendrán que aceptar los “juicios paralelos” que en la actual sociedad de la comunicación proliferan en todo el mundo.
Definiciones de abogados conocedores de la materia coinciden en que esos “juicios paralelos” son el conjunto de informaciones, opiniones y valoraciones vertidas por medios de comunicación sobre la existencia o no de unos hechos, el grado de participación o no de determinadas personas, la relevancia jurídica de los mismos, la culpabilidad o inocencia, e incluso el reproche ético o moral que merecen las personas relacionadas con el procedimiento penal.
Estos “juicios paralelos” se vierten desde la misma fase de instrucción, continúan durante el desarrollo del juicio y no siempre finalizan con la sentencia dictada. El tratamiento de esa información constituye una modalidad patológica de la información que debe ser veraz y respetuosa con los derechos fundamentales de las personas. Y por supuesto esos juicios influyen, porque las opiniones emitidas por los medios van forjando en el conjunto de la sociedad una idea (o un pre-juicio) sobre los hechos y personas objeto de un procedimiento penal.
Y frente a un incremento cuantitativo y cualitativo de “juicios paralelos” es preciso reconocer que la libertad de información o prensa y el juicio público, aunque pilares básicos de una sociedad democrática en un Estado de derecho, no son derechos absolutos, y deben conciliarse con el derecho a la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo.
Por eso ahora el secretario de la Defensa no está nada contento porque, con las reformas de ley que limitan los alcances del fuero militar, los soldados que violen derechos humanos de civiles serán juzgados en tribunales civiles, con los consecuentes “juicios paralelos” de los medios de comunicación, mientras que para la Corte Interamericana de Derechos Humanos dicha reforma legal es insuficiente, ya que no aplica para los casos en que la víctima sea otro integrante de las Fuerzas Armadas.
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