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La responsabilidad por la fuga de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, ha recaído en unos cuantos celadores que perciben raquíticos sueldos y que son la parte más endeble de una cadena de corrupción que históricamente ha existido en la estructura penitenciaria del país, manipulada a su antojo por políticos, más para actos de venganza y enriquecimiento personal, que para hacer justicia y que se cumpla la ley.
En los últimos días hemos visto las imágenes del comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García, convertido en un guía de periodistas que trata de explicar lo injustificable de la fuga del penal del Altiplano y que, al mostrar las imágenes televisivas de su interior (incluidas las celdas), rompe con la máxima seguridad de esa prisión que se debería resguardar por sobre todas las cosas.
Nervioso, titubeante e inseguro, el “experimentado” funcionario en labores de inteligencia ha vulnerado —por cumplir órdenes de políticos— elementos básicos de la seguridad de una prisión federal, como prohibir el acceso a cualquier persona a dichas instalaciones, y más si se trata de hacer públicas las imágenes de su interior, que puedan servir a criminales para atacar las instalaciones y liberar a algún preso.
Antes de su paso por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cargo que dejó el 18 de marzo de 2014, Rubido García trabajó en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) como analista, director de Análisis Estratégico, director de Investigación y titular de la Secretaría General Adjunta, en donde fue incapaz de evitar la primera fuga del Chapo, ocurrida el 19 de enero de 2001.
Ahora, con el nombramiento presidencial como comisionado Nacional de Seguridad, Rubido vuelve a ser copartícipe de la segunda fuga; sin embargo, ambos hechos son insuficientes para investigarlo, o por lo menos cesarlo de inmediato, por negligencia. Al contrario, declara que por ningún motivo renunciará, como igual lo dijo el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en un acto desesperado por aferrarse al cargo.
Otro caso igual de grave es el de Eugenio Ímaz Gispert, quien fue nombrado por el presidente Enrique Peña Nieto director general del Cisen, sin importar que careciera de estudios y de experiencia alguna en áreas de seguridad nacional. Por supuesto que hay corrupción y cómplices en la fuga del Chapo, pero también hay negligencia y abuso de poder al nombrar a un sujeto que nada sabe de seguridad y que llegó al puesto por recomendación de sus ex jefes, el secretario Osorio Chong, y quien fuera procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, pues esa posición del Cisen le aseguraba al grupo político hidalguense el control de la seguridad y el espionaje en el país.
La experiencia de Ímaz en la administración pública se limita a haber sido secretario de Contraloría en la administración del estado de Hidalgo en 2005, con el entonces gobernador Osorio Chong, cargo que terminó en 2009, cuando se convirtió en titular de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional del gobierno estatal. Fue también coordinador de asesores del mandatario hidalguense José Francisco Olvera Ruiz, y secretario particular de Jesús Murillo Karam cuando éste fue subsecretario de Gobernación.
Mientras que el Cisen presenta a Eugenio Ímaz con el grado académico de licenciado, la Secretaría de Educación Pública que dirige Emilio Chuayffet rechaza que haya expedido cédula profesional con su nombre. En su trayectoria laboral no ha desempeñado un solo cargo relacionado con la seguridad nacional. Su formación incluye intentos por desarrollarse en la cinematografía, donde pudo participar como actor de reparto en la película El coyote emplumado con la actriz María Elena Velasco, conocida como la India María. De entre quienes han ocupado la dirección del Cisen, Ímaz es el único que no cuenta con título profesional respaldado por la SEP.
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