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Hasta hace algunas décadas, hablar de espionaje nos refería de inmediato a los órganos de seguridad nacional del país, concretamente al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) —cuyo antecedente fue la Dirección Federal de Seguridad—, a la Segunda Sección de la Secretaría de la Defensa Nacional (área de inteligencia) y a la Secretaría de Seguridad Pública federal. En el sexenio pasado, esta última —cuyo titular fue Genaro García Luna— adquirió un moderno y costoso equipo de espionaje que posteriormente fue utilizado por ese funcionario para evitar que el gobierno de Enrique Peña Nieto lo procesara por múltiples irregularidades durante su administración. Vil chantaje.
Esos órganos eran los responsables directos del espionaje en México, pero paralelamente los gobiernos estatales, algunos municipales y hasta el de la capital del país adquirieron sus propios equipos para espiar a opositores, a los que consideraban sus enemigos, hasta a los propios amigos y socios, a periodistas críticos y a líderes sociales, entre muchos otros. A éstos se sumaron las empresas privadas para espiar a la competencia, algo que se conoce como espionaje industrial, así como para realizar grabaciones de negocios, extorsiones, sobornos y chantajes que después se conocerían en la prensa.
Pues aunque el espionaje se ha vuelto un “sofisticado deporte” que muchos practican, y a esto “ayudaron” los avances tecnológicos que están al alcance de cualquiera por sus bajos costos y precios, no deja de llamar la atención la información que proporcionó esta misma semana la Secretaría de Gobernación sobre el uso de la plataforma Remote Control System (Da Vinci) para tareas de espionaje, adquirida durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa, quien encabezó uno de los gobiernos que más ha espiado a la sociedad.
Según Gobernación, ese equipo de espionaje sólo “se utiliza en el marco de la ley y sirve para escuchas legalmente autorizadas por el Poder Judicial de la Federación” y seguramente así es. Ésta le ha permitido al gobierno y a funcionarios de primer nivel del gabinete acumular un amplio archivo de todo ese espionaje a la sociedad civil, con las consecuencias que ello conlleva.
A finales del sexenio pasado, un alto funcionario de seguridad nacional me decía que nadie en el gobierno federal había previsto salvaguardar al país del ciberespionaje, que faltaba un equipo especializado para protegernos de ataques externos e internos, que no se había preparado a nadie en ese rubro y que todo lo reducían al espionaje telefónico, porque era lo más sencillo, así como al seguimiento directo a personas. Y, un poco en broma, el funcionario aseguraba que, de ocurrir una tercera guerra mundial, ya no se utilizarían armas de destrucción masiva, que bastaba un ataque cibernético desde cualquier parte del mundo.
Esto ubica en dos terrenos el problema: uno, el de la seguridad nacional, en donde México no está preparado para un ataque cibernético; y otro, el espionaje a la vida privada de las personas. Al respecto, en los últimos años la privacidad ha sido violada constantemente tanto por gobiernos como por empresas dedicadas a ello.
La amenaza entonces es ahora más sofisticada, más sutil: no usa armas ni municiones ni ejércitos, se trata de la guerra cibernética que infiltra todos los sistemas tecnológicos y es capaz de someter gobiernos, quebrar economías y desquiciar a grupos sociales.
Hace unos días el mismo secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, se refería en una reveladora entrevista que le hizo nuestro compañero reportero Carlos Benavides, a los cinco riesgos sobre la seguridad nacional que al Ejército preocupan, y entre ellos está precisamente el de los ciberataques, por lo que la ciberseguridad se ha vuelto en este gobierno un centro de atención neurálgico. Por ello, la Sedena prepara un equipo de técnicos y profesionales para enfrentar cualquier contingencia.
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