Alguien con poder político y estrechamente vinculado a la comunidad judía en México ha logrado frenar las investigaciones fiscales y judiciales en contra de una red de contrabando textil procedente de países asiáticos vía Estados Unidos, que durante más de dos décadas ha operado en nuestro país un grupo de empresarios del ramo y cuyos delitos de evasión fiscal y presunto lavado de dinero han causado cuantiosas pérdidas al erario.
Hasta hace unos meses los anuncios que hacían funcionarios federales sobre el desmantelamiento de dicha red delincuencial, que involucra decenas de empresas fantasma, prestanombres y distinguidos miembros de la comunidad judía mexicana, nos hacían creer que las investigaciones llegarían hasta el fondo y que veríamos a empresarios textileros defraudadores del fisco enfrentar a la justicia; sin embargo, la historia es distinta porque el proceso lo han desinflado y una vez más el gobierno nos quedará a deber: los responsables quedarán impunes.
Primero fue el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, quien en octubre del año pasado informó que desmantelaron una red delincuencial de evasión fiscal en la importación de textiles, mediante la subvaluación de mercancías, la cual involucraba a 219 actores entre empresarios, compañías privadas y funcionarios aduanales; y esto había significado —afirmaba el secretario— un daño al fisco por 1,500 millones de pesos, como mínimo.
Después fue el jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles Núñez, quien en febrero de este año confirmó que las autoridades mexicanas (Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Procuraduría General de la República) realizaban dos investigaciones que involucran a empresas privadas mexicanas y a agentes aduanales que conformaron una red de comercio ilegal de textiles y prendas de vestir en colusión con empresas de Estados Unidos y asiáticas.
Sin dar cuenta de los responsables, sabemos que las autoridades fiscal y ministerial han encontrado mucha resistencia interna y externa para avanzar y procesar penalmente a los involucrados, y nos dicen que sólo unos cuantos empresarios han sido citados a declarar ante el Ministerio Público federal.
Esta historia de impunidad inició en la parte final del gobierno de Felipe Calderón, cuando el agregado de Investigaciones de Seguridad Interna (HSI) de la embajada de Estados Unidos en México presentó una denuncia por el delito de contrabando y el 25 de julio de 2012 se inició la averiguación previa UEIDFF/FISM12/234/2012.
Este caso penal cobró relevancia en los primeros dos años del gobierno de Enrique Peña Nieto —pero ahora prácticamente está paralizado—, al grado que involucró en las investigaciones a una veintena de dependencias de México y de Estados Unidos que aparecen en oficios e informes que integran la averiguación previa. Entre otras destaca la Unidad de Inteligencia Financiera, la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Dirección General de Información Sobre Conductas Delictivas del Cenapi, la Administración General de Aduanas. Por Estados Unidos interviene el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y el Grupo de Fraude Comercial en Laredo, Texas.
Ahora, con documentos oficiales, tenemos la lista de los más de 200 presuntos involucrados en el contrabando textil, así como de los empresarios que en calidad de indiciados han rendido declaración ante el Ministerio Público federal, pero de eso hablaremos en próximas columnas.
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