Sobre el silencio oficial, como queriendo negar su existencia si no la nombran, la guerrilla en el país está más que presente en estas elecciones.
El pasado lunes 1, personas encapuchadas o con pasamontañas, a quienes el gobierno señala como anarquistas y subversivos, atacaron instalaciones del Instituto Nacional Electoral y de otros inmuebles públicos en ocho estados de la República, en una operación concertada de desestabilización que puso en alerta máxima a todos los órganos de seguridad nacional del país.
En los atentados en Veracruz, la tarde del lunes incendiaron el módulo del Registro Nacional de Electores en la capital de ese estado, y ya noche, ingresaron también a las instalaciones de la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social, en donde rompieron e incendiaron muebles y dejaron la leyenda “Junio negro”.
En respuesta, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) afirmó que un día antes, es decir el domingo 31 de mayo —como lo reportó el miércoles en estas páginas nuestro colega columnista Salvador García Soto—, alertó a gobernadores de todo el país sobre una estrategia de “desestabilización y sabotaje” para boicotear los comicios electorales del domingo y crear un clima de terror.
Y si el Cisen asegura que estaba enterado un día antes de las acciones violentas que se producirían el 1 de junio, y si consideramos que ese órgano de seguridad nacional tiene infiltrado el movimiento de los anarquistas en todo el país, entonces, ¿por qué el gobierno no pudo frenar los atentados o detener a los autores de ellos?
A lo anterior hay que sumar la inconformidad y la protesta de diversos grupos sociales que han visto reducidos sus ingresos, mientras que otros, los más afectados, han pasado al subempleo y el desempleo. Algunos sectores se quejan también de que sus derechos humanos han sido vulnerados; otros, de que se viola su libertad de expresión y unos más que sus derechos de participación política no son respetados. Todos ellos se han convertido en grupos de protesta social que, sin duda, la harán valer este 7 de junio.
Por eso este domingo nos espera una larga e intranquila jornada electoral. El gobierno federal ha empezado a tomar ciertas medidas para tratar de pacificar las protestas sociales que se han presentado en varios estados de la República. La primera de ellas, mantener en alerta máxima a las Fuerzas Armadas y a los diversos cuerpos policiales y de inteligencia, tanto locales como federales, ante lo que ya se prevé como una situación que vulnera el orden público y que puede crecer hasta convertirse en estallidos violentos en diversas partes del país.
Por lo pronto, para calmar los ánimos de algunos grupos de protesta en este proceso electoral, el gobierno dio marcha atrás a la evaluación de los maestros en México, incluida dentro de la reforma educativa, como una medida extraordinaria que busca apaciguar al magisterio incorporado en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, opositor principal a dichas disposiciones oficiales y participante activo de las movilizaciones. Pero esta medida gubernamental ya causó fuerte malestar en otros grupos de la población, la mayoría de ultraderecha como Mexicanos Primero, que exigen someter por la fuerza a los protestantes y continuar con los exámenes a los maestros sin tener un modelo educativo.
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