Hemos llegado al proceso electoral en el peor momento para el país: una profunda crisis económica que angustia y molesta a millones de mexicanos, lo cual se traducirá en un mayor abstencionismo el próximo domingo 7; la violencia continúa y hay regiones en donde no se podrá votar por temor a ser agredidos y en otras en donde ni siquiera permitirán la instalación de casillas electorales; la exhibición de corrupción en las campañas políticas aumenta el descrédito de partidos y candidatos, y exacerba la desconfianza entre la población; la complicidad de autoridades con bandas del narcotráfico nos hacen dudar de quién gobierna, y la corrupción y el abuso se han arraigado en las estructuras de poder, lo cual debilita nuestra incipiente democracia.
A unos días de que millones de mexicanos salgan a ejercer su voto en una doble jornada —elecciones federales a nivel nacional y elecciones locales en 16 estados de la República— para elegir más de 2 mil cargos públicos entre diputados federales, gobernadores, diputados locales, presidentes municipales y jefes delegacionales, son dos los estados que acaparan más la atención: Sonora, gobernado por el PAN, y Nuevo León, gobernado por el PRI. La razón es que en ambos la corrupción y el abuso de poder de los mandatarios han debilitado fuertemente a los candidatos locales de sus partidos.
En Sonora, el gobernador panista Guillermo Padrés Elías ha sostenido su mandato mediante el autoritarismo, los abusos, la corrupción y sus excesos elitistas; por eso pretende por todos los medios que su compañero de partido Javier Gándara sea el sucesor y con ello mantenerse en la impunidad una vez que deje el poder, pues al fin de cuentas ambos son lo mismo.
En el caso de Nuevo León, el priísta Rodrigo Medina también ha dedicado su mandato a enriquecer a su familia, aunque en realidad el mandamás en ese estado es el padre del gobernador, quien negocia los contratos con proveedores del gobierno y, según la prensa local, estaría involucrado hasta en delitos de fraude y lavado de dinero.
Pero toda esa corrupción de ambos mandatarios, uno panista y otro priísta, ya se conoce ampliamente: los medios locales han dado cuenta de ella; sin embargo, en el caso de Sonora hay otro grave problema que el gobernador Padrés se niega a atender y que tiene que ver con la creciente presencia del crimen organizado en esa entidad fronteriza.
De acuerdo con reportes de inteligencia, grupos del crimen organizado se enfrentan a diario en el norte de Sonora. Se trata de una lucha encarnizada por el control del contrabando de drogas a Estados Unidos. En cada refriega participan decenas de sicarios armados con fusiles de asalto AK-47, Barret y lanzagranadas. Las autoridades encabezadas por Padrés, rebasadas o coludidas, no han podido o no han querido detener la violencia.
El gobierno de Guillermo Padrés se ha limitado a lanzar una campaña mediática para posicionar al estado como el “más seguro de la frontera”, nada más falso que eso, mientras que campesinos abandonan sus comunidades y buscan refugio junto a sus familias en lugares donde no los extorsionen, los roben o los maten.
Una investigación periodística de Ramón Eduardo Ortiz revela que sólo el DIF municipal ha aceptado que son decenas de familias las desplazadas del ejido Desierto de Sonora y alrededor de 200 personas viven hoy en iglesias, casas y guarderías.
Esta presencia del narcotráfico en Sonora, además del saqueo a la finanzas públicas aunado a la enorme deuda estatal, es otro de los muchos problemas que la administración de Padrés Elías heredará al próximo gobernador.
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