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En su pretensión por influir y controlar todo lo que sucede en el país, menos en lo que deberían, que es lo relacionado con la seguridad nacional, los órganos de inteligencia del país se exceden en sus funciones y ya no sólo realizan escuchas de manera ilegal, penetran movimientos sociales para desaparecerlos o espían a quien consideran “peligroso” para el régimen, ahora están decididos a impedir que la información pública fluya libremente, como lo ha ofrecido el mismo presidente Enrique Peña Nieto.
El caso que ahora citamos tiene que ver con la intervención del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en el manejo y acceso a la información del Archivo General de la Nación (AGN), en donde cualquier ciudadano ya no puede consultar directamente los documentos generados por las antiguas policías políticas del viejo régimen, especialmente los de la Dirección Federal de Seguridad (DFS).
Hasta hace unas semanas, historiadores, sociólogos, periodistas, estudiantes y todo aquel interesado en el México del siglo XX, podían acceder con libertad a las fichas, oficios, memorandos, fotografías e informes que los aparatos de inteligencia civil del Estado mexicano generaron sobre organizaciones y personajes de la vida pública entre los años de 1940 y 1989.
Ahora los interesados tienen como única opción solicitar la información por medio del Sistema Infomex del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos. Dicha petición es atendida por un equipo especial de trabajadores que están a cargo de la Galería 1 del AGN, quienes —a diferencia de los que laboran en las demás galerías— están adscritos al Cisen. Ellos son los encargados de verificar la existencia de la información y, en su caso, elaborar una versión pública, sin que los peticionarios puedan ir a los documentos originales.
La nueva medida es, supuestamente, para salvaguardar los datos personales que pudieran contener los documentos. Estos trabajadores especiales o “censores” de la Galería 1 se encargarán de suprimir la información que consideren de carácter personal, de acuerdo con la Ley Federal de Archivos y la Ley Federal de Protección de Datos Personales, entre otras disposiciones.
Así, el archivo que supuestamente es de carácter público, ha sido cerrado y sometido a un tortuoso mecanismo burocrático para quienes buscan consultarlo. Estos empleados del Cisen a cargo de la Galería 1 intervienen el Archivo bajo el supuesto de prestar “apoyo técnico”, exactamente donde se encuentra el acervo documental de la Guerra Sucia. En efecto, todo el acervo documental que da cuenta de la participación de las autoridades mexicanas en la Guerra Sucia, aún se mantiene bajo control del Cisen, a pesar de que durante el gobierno de Vicente Fox se anunció que los archivos habían sido desclasificados y dispuestos para ser consultados “por cualquier interesado”.
De acuerdo con la respuesta a la solicitud de información 0410000000906, presentada por un ciudadano, fechada el 15 de febrero de 2006, el Cisen justifica su presencia en la Galería 1 porque “brinda cooperación técnica en actividades de identificación y organización de los fondos de la Dirección Federal de Seguridad y de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales que se enviaron al acervo del AGN y atiende directamente al público”.
Ese “apoyo” data de principios de 2002, cuando se trasladaron los archivos del Cisen a su nueva morada. Entonces se dijo que esa presencia era temporal, mientras se “capacitaban” los trabajadores del AGN. Luego de más de 13 años, el aparato de inteligencia mantiene el control de toda la Galería 1.
Los expedientes bajo poder del Cisen suman 58 mil 302, contenidos en 4 mil 223 cajas y 56 acervos, generados entre 1940 y 1989 por las agencias de inteligencia activas en esos años: la DFS, el Departamento de Investigación Política y Social, la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, el Servicio Secreto, la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional y el propio Cisen.
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