Auditorías, despidos y procesos legales es lo que viven directivos de la empresa OHL México y funcionarios del gobierno mexiquense de Eruviel Ávila después de que se revelaran conversaciones privadas, grabadas ilícitamente, en donde reconocen corruptelas e irregularidades cometidas en una de las muchas obras que realiza el consorcio español en nuestro país.
Esto que hace OHL se ha convertido en una costumbre para las empresas extranjeras que buscan hacer negocios en México. Internacionalmente es conocido el problema de la corrupción arraigado en la estructura gubernamental que, para obtener contratos de obras y servicios, han incluido dentro de sus presupuestos el pago de sobornos a servidores públicos responsables de las licitaciones y, en algunos casos, hasta a mandos superiores involucrados en esas redes de corrupción incontrolable.
Sin importar de qué área de la producción se trate, cuando alguna empresa extranjera planea participar en las licitaciones en México, lo primero que hace es contratar a ex funcionarios del ramo, quienes por los cargos que desempeñaron, conocen a detalle todo el entramado de sobornos, prebendas y chantajes. Esto les garantiza ganar contratos de obras, bienes y servicios.
Eso es lo que ha vivido OHL México, filial de la constructora española que ganó la concesión y construcción del Viaducto Bicentenario en el Estado de México. Ante las supuestas irregularidades cometidas por esa empresa en colusión con funcionarios mexiquenses, el gobernador Eruviel Ávila despidió al secretario de Comunicaciones, Apolinar Mena Vargas, y ordenó auditorías a dicha obra con pendientes desde 2010.
De no haberse conocido dichas grabaciones, debido al espionaje telefónico, las autoridades del Estado de México nunca hubieran hecho algo para frenar esa corrupción. Al quedar expuesta ante la opinión pública, el mandatario estatal tuvo que ordenar auditorías y cesar a funcionarios, cuando es una obligación vigilar permanentemente el gasto gubernamental.
Por su parte, el consorcio español despidió a un directivo menor, y hasta ahora permanecen a salvo el presidente de OHL en México, José Andrés de Oteyza, y el director general, Sergio Hidalgo Monroy Portillo.
¿Y quiénes son estos ex funcionarios mexicanos que protegen los intereses y las corruptelas de OHL en México?
José Andrés de Oteyza y Fernández-Valdemoro fue titular de la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial durante el gobierno de José López Portillo. Estudió economía en la Universidad Nacional Autónoma de México e hizo una maestría en el King’s College de la Universidad de Cambridge. Al terminar el sexenio lopezportillista fue nombrado por el presidente Miguel de la Madrid como embajador en Canadá, de 1983 a 1987. La matriz en España revisa su permanencia al frente de OHL México después del escándalo.
Con el nombramiento en 2013 de Monroy Portillo como director general, se confirma que, no sólo no les importa en OHL que sus directivos tengan un perfil ético y responsable de trabajo, sino que buscan precisamente a ex funcionarios mexicanos con oscuro pasado, con capacidad para la negociación y obtención de contratos a cualquier costo, sin importar la imagen de la empresa ni las corruptelas que se cometan para lograrlo.
El éxito de Monroy Portillo llegó con el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, debido, principalmente, a que las esposas de ambos eran muy amigas. A principios de ese sexenio panista se desempeñó como oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, después pasó a la Dirección General del SAE (Servicio de Administración y Enajenación de Bienes) y posteriormente ocupó la dirección general del ISSSTE. A principios del actual gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto consideró nombrarlo administrador general de Aduanas, pero el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, se atravesó y logró detener su designación precisamente por su negro pasado en la administración federal.
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