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En la antesala de renovar la Presidencia de la República, las elecciones llevadas a cabo en 2017 toman un papel notable en la composición del mapa político mexicano y en la fuerza de los principales partidos políticos.
El proceso para la renovación de gobernadores en tres entidades, llamó la atención por la cantidad de irregularidades que se presenciaron y que no terminaron el 4 de junio, sino que dieron de que hablar días después.
Si bien es cierto que la retención del poder en el Estado de México se convirtió en la prioridad para el PRI, el triunfo en Coahuila era fundamental para lograr una inyección anímica y económica, sin embargo hoy, dicha victoria pende de un hilo.
La anulación de una elección de gobernador no es un asunto nuevo, de hecho en 2015 se suscitó en Colima, donde tras el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se repitieron los comicios y fueron atraídos por el INE, para garantizar la neutralidad.
En aquel caso el ex candidato y ahora gobernador priísta José Ignacio Peralta Sánchez, pudo ratificar su triunfo sobre el panista Jorge Luis Preciado, principalmente porque consiguió sumar al PT, fortaleciendo de esta manera a la alianza previamente conformada por PRI, PVEM y PANAL.
Hoy a más de un año de distancia se presenta la posibilidad de una nueva anulación, aquí el panorama no luce tan prometedor para el candidato Miguel Ángel Riquelme Solís (PRI).
El malestar coahuilense trasciende al contendiente panista Guillermo Anaya y ha alcanzado a los candidatos independientes y de partidos como Morena y PT, conformando un “Frente opositor por la dignidad de Coahuila”.
Dicho movimiento que comenzó con marchas y manifestaciones, ha optado también por la vía legal, señalando principalmente la intromisión del gobernador Rubén Moreira, las incongruencias entre las cifras del PREP y el conteo rápido, las intimidaciones durante la jornada electoral y el rebase del tope de campaña.
Lo cierto es que según el artículo 41 constitucional existen 3 supuestos por los cuales podrían declararse nulos los comicios; excederse en el gasto de campaña en un 5%, comprar o adquirir cobertura informativa fuera de los supuestos previstos en la ley y recibir o utilizar recursos ilícitos o públicos.
Ante el complejo contexto que se vive, la tendencia apunta a que en una eventual elección extraordinaria, la oposición ganaría y ampliaría la ventaja sobre el PRI, consolidando una alternancia si es que deciden sumar fuerzas en la boleta como lo han hecho en las calles, siguiendo el ejemplo de Nayarit donde 4 partidos se unieron alcanzando un triunfo contundente.
Es preciso considerar también la posibilidad de que ante una anulación, podrían sancionar no únicamente a Riquelme sino también a Anaya, y si se comprueba el supuesto rebase en gastos de campaña, no podrían participar ninguno de los dos.
Lo anterior será determinación del TEPJF y hasta que se dé a conocer, los equipos de ambos candidatos deberán plantear una estrategia mercadológica importante en donde puedan explotar una posible segunda oportunidad y en su defecto, orquestar un plan b con un nuevo candidato.
La situación de por si complicada que vive el partido tricolor se acentúa con la reciente llegada de Javier Duarte a nuestro país, que ha levantado el descontento en la percepción ciudadana sobre cómo se ha llevado el caso y cómo podría terminar, por lo que el sentimiento antipriísta terminaría por inclinar la balanza.
Finalmente, en caso de ganar la partida, Ricardo Anaya no sólo vencería a Enrique Ochoa Reza frente a la opinión pública, también mejoraría su imagen frente a Margarita Zavala al interior de su partido robusteciendo sus posibilidades para el abanderamiento de Acción Nacional en la carrera presidencial.
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