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La libertad de expresión es un derecho de nacimiento de toda vida en América. La corrupción, el poder y el crimen son enemigos de las libertades individuales y actúan como un poderoso campo gravitacional del que deben escapar todas las generaciones. ¿Cómo soportamos en el siglo XXI la brutalidad e impunidad en la sociedad civil mexicana? ¿Por qué dejamos que la tragedia domine nuestros titulares todos los días, donde nuestros ciudadanos y periodistas viven temerosos de represalias contra sus palabras?
Hay casos como el crimen de Javier Valdez Cárdenas, así como de los otros cinco periodistas asesinados este año y los más de 100 en la última década, esto exige un trabajo urgente y prioritario de las autoridades para respaldar las libertades de prensa y expresión como ordena la Constitución.
Comparto el dolor por la pérdida de este valiente periodista de Culiacán, quien se había erigido como una institución del buen periodismo de denuncia e investigación. Es inaceptable que sigan ocurriendo estos asesinatos. Se hace necesaria una fuerte reacción y mucha solidaridad de todos los periodistas y medios de comunicación del país. Exigir justicia es defender la libertad de expresión de todos los mexicanos.
El asesinato contra periodistas sigue siendo el problema más grave y así lo subrayamos ante el presidente Enrique Peña Nieto durante nuestra asamblea en México en octubre pasado. La desgracia es aún más grande, porque la mayoría de los asesinatos sigue impunes.
Esta carga la debemos soportar y nos corresponde a medios, periodistas y organizaciones de prensa y derechos humanos. Debemos comprometernos a que este y otros crímenes no queden en el olvido.
Nuestra organización tiene una larga trayectoria en México por estos temas. Hemos investigado 20 asesinatos, de los cuales, presentamos cinco ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): Héctor Félix Miranda, Víctor Manuel Oropeza, Benjamín Flores González, José Alfredo Jiménez Mota y Francisco Ortiz Franco.
Esas investigaciones nos permitieron constatar y descubrir la negligencia de las autoridades para investigar, la carencia de recursos e instrumentos legales y jurídicos; así como la falta de voluntad política para perseguir a los delincuentes. También observamos con preocupación que esa desidia, sumada a la violencia del narcotráfico y el crimen organizado, conllevó a una alarmante autocensura de medios y de periodistas que ha perjudicado a toda la sociedad.
Si bien en aquellos casos no se hizo justicia, nos sirvieron para luchar y alcanzar varios logros. Entre los más importantes, podemos contar la federalización de los asesinatos contra periodistas, el agravamiento de las penas para los asesinos y la creación de la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos Cometidos Contra de la Libertad de Expresión (FEADLE). Ante las autoridades nos hemos cansado de exigir que se le dote a este organismo de los necesarios recursos humanos, técnicos y económicos.
Nuestro apoyo al periodismo de México fue constante, y de ahí nuestra frustración porque vemos que la violencia y la impunidad persisten. Esos esfuerzos demandaron recursos de nuestros socios, más de 20 visitas al país, organización de conferencias nacionales y regionales, seminarios de entrenamiento sobre riesgos, foros de discusión y entrevistas con las más altas autoridades de los tres poderes del Estado, incluidos los presidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox y Ernesto Zedillo.
Nuestro empeño es seguir luchando en contra de esta violencia. Insistiremos ante los organismos internacionales como la CIDH para seguir procurando justicia. Apoyaremos nuevas iniciativas como las de nuestros socios mexicanos, liderados por EL UNIVERSAL y TV Azteca, quienes están trabajando en una app —SIPAlert— una herramienta de protección para periodistas en riesgo. Seguiremos insistiendo para que los periodistas tengan seguros de vida, protección y condiciones laborales dignas.
Estamos convencidos que ningún esfuerzo es suficiente si no contamos con la contraparte de los gobiernos nacionales y de los estados para que administre justicia. La Declaración de Chapultepec, justamente originada en México, refleja el compromiso a derechos humanos en cada Constitución del hemisferio occidental no sólo condena la violencia, sino también demanda a las autoridades su deber para que investiguen con prontitud y sancionen con severidad a los criminales.
Hacemos un llamado a los individuos, los medios de comunicación y el gobierno para que se unan en el esfuerzo por proteger las libertades de todos los individuos y las instituciones organizadas para defenderlos.
*Presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa y es director senior y gerente general de Deseret Digital Media, de Salt Lake City, Utah.
