Más Información
El Congreso no revisa como debería de hacerlo el paquete económico que cada año el Poder Ejecutivo le presenta, por lo que tiene abandonada su función de fungir como un contrapeso. El órgano legislativo rutinariamente aprueba el presupuesto sin analizarlo adecuadamente, otorgando así cheques en blanco al gobierno.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) lo ha dicho de una manera muy elegante y con gran tacto: “Es conveniente elevar la discusión fiscal”. Y entre otras recomendaciones que buscan fortalecer la responsabilidad hacendaria, ha insistido en la creación de un consejo fiscal.
Mientras los niveles de endeudamiento eran bajos, carecer de un contrapeso en los asuntos fiscales provocaba menos daño. Ahora la situación es muy diferente y nos está saliendo caro.
El saldo de la deuda ejerce hoy una fuerte presión en la economía. Las tasas de interés se elevaron. El tipo de cambio aumentó, lo que encareció la deuda externa. Todo esto ha aumentado el costo financiero de la deuda, que, entre otros gastos, estresan nuestras finanzas públicas.
En lo que va del sexenio, este costo financiero creció 68% en términos reales. El millonario rescate a Pemex y CFE, junto con la caída en los ingresos petroleros, también han contribuido a esta presión. Si bien es cierto que el impuesto a las gasolinas y el aumento en los ingresos tributarios han ayudado, los recursos que llegan por esas vías no han sido suficientes para compensar los anteriores. Los remanentes del Banxico también han hecho su parte, pero no son un salvavidas que estará disponible siempre que se requiera, pues las reservas no siempre se benefician con la plusvalía del tipo de cambio. Parece que no será el caso en 2018.
Es importante recordar que la Constitución (artículo 73, f. VIII) establece que la deuda debe destinarse a financiar proyectos productivos. Pero, evidentemente, la deuda en México se ha usado para financiar gasto corriente. Sólo así se explica el alto ritmo de crecimiento del gasto de operación y en subsidios discrecionales que se observó de manera marcada en la primera mitad de esta administración. Lamentablemente, no vimos crecer así la inversión, que se mantiene en niveles magros.
En parte como consecuencia de lo anterior, la deuda crece reiteradamente en un contexto de bajo crecimiento económico. Es lo que apanicó a las calificadoras de valores y la razón por la cual amenazaron con bajar la calificación de la deuda soberana. En cinco años, la deuda aumentó 14 puntos del PIB, al pasar de 36% en 2012 a 50.2% en 2017.
Por lo menos la mitad de ese aumento, es decir, siete puntos del PIB, no había sido contemplada por Hacienda cuando solicitó al Congreso la autorización para endeudarse. En efecto, en varios de estos años el Ejecutivo sobrestimó sus estimaciones de crecimiento económico para el año siguiente y el Congreso ni en cuenta. De esta manera, el techo de deuda que el gobierno solicitaba “aparentaba” una menor presión en una economía que se presumía más grande. Sin embargo, cuando el crecimiento económico observado fue menor al estimado la misma deuda resultó más onerosa, pues la economía resultó ser de menor tamaño.
Por ejemplo, para 2013 Hacienda estimó un crecimiento de 3.5%, pero en realidad se observó uno de 1.4%. De esta manera el saldo de la deuda, que se había estimado en 37% del PIB, resultó ser de 38.6%, es decir 1.8 puntos más del PIB. Y así, año tras año.
El Congreso tiene la responsabilidad de revisar y autorizar el presupuesto y la deuda que el Ejecutivo propone. Sin embargo, aprueba de facto lo que el gobierno presenta, incluso aunque no se encuentre bien planteado ni justificado. Cada año el techo de deuda se aprueba como si se tratara de un simple trámite. Este contexto institucional adverso ocasiona que los riesgos del endeudamiento excesivo no estén controlados.
Por ello requerimos un consejo fiscal, porque nos está saliendo caro no tenerlo. No resolverá todos los problemas, pues sin duda también requerimos fortalecer la política de responsabilidad hacendaria federal considerando la debilidad actual del Congreso. Pero, por lo pronto, sería un gran paso adelante.
Coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa
