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“Si los seres humanos fueran ángeles, no sería necesario el gobierno. Si los ángeles gobernaran a los
seres humanos, entonces no serían necesarios los controles externos, ni los internos”. James Madison.
El Presidente de los EEUU, Donald Trump, ha insultado y presionado a la Judicatura. Públicamente, a través de su herramienta favorita de gobierno que son los mensajes por Twitter, y en algunos discursos, ha criticado, presionado y amenazado a jueces y Cortes. Esta conducta, constituye una violación Constitucional. Este es uno de los grandes debates, y no es para menos, en el círculo de abogados, escuelas de Derecho y las judicaturas federal y locales.
Me concentro en el caso de la orden ejecutiva que prohíbe a personas de 7 países mayoritariamente musulmanes (Irán, Iraq, Libia, Siria, Somalia, Sudán y Yemen) ingresar en los siguientes 90 días y suspende la admisión de refugiados por 120 días. Quienes se oponen a la medida, optaron por la vía del derecho y las instituciones. Fueron presentadas demandas ante las Cortes Federales en distintas entidades, a las que se sumaron 15 procuradores estatales y el del Distrito de Columbia, así como más de 100 empresas privadas como Apple, Google y NETFLIX.
Un juez de Boston, confirmó la orden ejecutiva, y otro Juez de Distrito de Seattle, Washington, James Robart, la suspendió (la impugnación fue presentada por los Estados de Minnesota y Washington). Los abogados del Departamento de Justicia apelaron la decisión, misma que fue confirmada por el Tribunal Federal de Apelaciones del 9º. Circuito, integrado por una Jueza y dos Jueces (designados por Carter, Bush y Obama), resolvieron confirmar la suspensión. De esa última sentencia vale la pena destacar lo que argumentó el colegiado, en el sentido de que una de las obligaciones de la judicatura es asegurar que las acciones de los otros dos poderes del gobierno (ejecutivo y legislativo) se ajusten a las leyes y a la Constitución, y que las circunstancias del caso que se resolvía en la Corte, precisamente se relacionaban con el principio de separación de poderes, concluyendo que el Presidente se había excedido en el ejercicio de sus facultades, afectando a personas que tenían derecho a ingresar al país. La sentencia también señaló que los Estados demandantes sí probaron la afectación a los derechos de los residentes, a las universidades y la recaudación de impuestos en dichas entidades, y que, contrariamente, la orden ejecutiva del presidente, de manera equivocada se fundaba en los ataques del 09/11 en NY, cuando en ninguno de los resultados de las investigaciones y acusaciones del acto terrorista se han vinculado a personas de los 7 países a los que se les pretenden imponer restricciones migratorias.
Dichas decisiones fueron excesivamente presionadas, antes de la resolución formal, y criticadas por el titular del Poder Ejecutivo. Además de la forma, es el momento en que estas críticas se ventilan. Las sentencias no eran firmes ni definitivas, porque podían (y todavía pueden) impugnarse ante la Corte Superior.
Pero qué fue lo que dijo el Presidente:
Se refirió al Juez de Washington como el “quesque” juez (traducción a la mexicana), calificando su sentencia como “ridícula”. Los días subsecuentes, en reuniones públicas, Trump, entre otros, hizo los siguientes comentarios: 1. Que la orden ejecutiva había sido escrita “muy bonita” y que inclusive un mal estudiante de preparatoria le hubiera entendido. 2. Las Cortes son muy “políticas”, sería muy bueno para el sistema judicial que tuvieran la capacidad de entender y hacer lo correcto. 3. El caso trata de la seguridad del país, que es muy importante.
El problema de estos comentarios es que el Presidente los hizo cuando el Tribunal de Apelaciones todavía tenía el caso en estudio. ¿No es una forma de presionar? Estamos hablando del Presidente, del titular del Poder Ejecutivo.
Los ataques del Presidente a los juzgadores y a las Cortes, además, afectan la credibilidad y la confianza en otro poder de la unión, que justamente es el facultado para controlar la constitucionalidad y legalidad de los actos del Presidente. Sin duda afecta la imagen del Poder Judicial. Pero el problema más serio, es que se está volviendo costumbre hacerlo, a través de declaraciones públicas y de las redes sociales, cuando estas conductas son contrarias a la ley.
El Senador Blumenthal, comentó que hasta el candidato de Trump para ser ratificado como Ministro de la Corte Suprema, el Juez Gorsuch, en una reunión privada, calificó como “decepcionantes y desmoralizadores” los insultos de Trump hacia la judicatura.
Sin embargo, estas prácticas no son novedosas en el comportamiento de Trump. No olvidemos que durante su campaña acusó a la Ministra de la Suprema Corte, Ruth Bader Ginsburg’s, de padecer “inestabilidad mental”; o también cuando reclamó que indebidamente se había turnado a un Juez Federal un asunto que involucraba a una de sus Universidades, porque ese Juez era descendiente de mexicanos.
Tal parece que la prisa que le aqueja al Señor Trump por cumplir sus promesas de campaña, lo ha llevado a que se despreocupe del fundamento jurídico, de respetar la Constitución y de los derechos humanos.
En consecuencia, se perfila una gestión en donde difícilmente sus ordenes y decretos prosperarán, y serán revocados o suspendidos por las Cortes. La única salida serán las leyes, y la Suprema Corte También podrá controlar la constitucionalidad de las mismas.
1? Ex Magistrada del TEPJFalanisfigueroaster@gmail.com
@MC_alanis
