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Aunque parezca increíble, el sexenio del presidente Peña Nieto ha llegado a la mitad. Las próximas semanas definirán su programa para los tres años restantes: el dos de septiembre tendrá la oportunidad de presentar su visión de gobierno para el resto del mandato y el ocho la propuesta de ley de ingresos y de presupuesto de egresos para 2016 que, como prometió el secretario Videgaray, sería base cero. Es decir, el presupuesto sólo contendría rubros que hayan tenido una evaluación costo beneficio positiva y, por primera vez, no sería inercial.
Optar por una metodología de presupuesto base cero se convierte en una oportunidad para realmente definir las prioridades del gobierno para los próximos tres años. Si bien queda claro que el marcado descenso del precio internacional del petróleo aunado a menores volúmenes de producción por parte de Pemex son de suyo una noticia negativa para las finanzas públicas, el fin, por lo menos temporal, de la bonanza de los precios de las materias primas obliga al gobierno (incluida la Cámara de Diputados) a redefinir el modelo de acción pública. El nivel de precios actual subraya la importancia de tener presupuestos que no impliquen utilizar la renta petrolera para el gasto corriente. El problema no era que las finanzas públicas estuvieran petrolizadas, sino que el gasto corriente descansara en hidrocarburos.
Desde hace mucho, México debería haber transitado a un modelo de presupuesto basado en un precio razonable del petróleo y no en una proxy de su nivel spot. De la misma manera, pensar que las coberturas temporales en el mercado de futuros de petróleo permiten posponer mucho tiempo el recorte del gasto es igualmente incorrecto (serían útiles sólo en el caso de una baja en el precio que fuera temporal, lo que no es el caso).
La presentación del paquete económico el ocho de septiembre va a ser de suma importancia para el gobierno. Este paquete debe reflejar el ordenamiento de prioridades para: uno, asegurar la implementación de las reformas estructurales; dos, reorganizar la acción pública para lograr un gobierno eficaz como regulador, como proveedor de servicios públicos, como desarrollador y operador de infraestructura, como red de protección social y como formulador de políticas públicas; tres, avanzar en la implementación del sistema nacional anticorrupción y en el establecimiento del imperio de la ley, y, cuatro, garantizar que la economía mexicana no caiga en una situación de vulnerabilidad en un contexto internacional incierto y con poco dinamismo.
Con base a la propuesta económica que vaya a presentarse el ocho de septiembre, el presidente Peña Nieto deberá evaluar si el equipo con que cuenta es el adecuado para llevar al barco a buen puerto y cumplir con las cuatro tareas listadas más arriba. Además, por primera vez desde 1997, el Ejecutivo tendrá mayoría en la Cámara de Diputados por lo que podría contemplarse una situación en que el presupuesto pase sin el concurso del PAN y el PRD. Desde esa fecha los presupuestos han pasado de una manera consensuada y, de manera un tanto perversa, esta forma de votar ha sido usada para asegurar que todos los grupos de interés se queden con una rebanada del pastel. Con la mayoría asegurada, podría darse el caso de que el presidente consiguiera aprobar un riguroso presupuesto base cero y asumir el costo político de hacerlo.
El presidente, por supuesto, no sólo tendrá en mente el programa de gobierno, sino los importantes procesos electorales de 2016, 2017 y 2018. A pesar de que no hay reelección, este conjunto de elecciones cruciales crearán una tensión con el programa basado en un presupuesto base cero y con un compromiso legal y político de regresar a presupuestos balanceados en 2017.
En este ámbito, el gobierno también tendrá que definir sus prioridades. El legado del presidente depende de que se avance en la implementación de las reformas, de que se preserve la estabilidad económica y de que se termine el sexenio con un mejor estado de derecho y una menor corrupción. Quizá el apego a estos objetivos choque con un anhelado eficientismo electoral.
Es en este sentido que la “sana distancia” se vuelve un tema importante. No se trata sólo de la posible injerencia de Los Pinos en decisiones del PRI, sino en que se gobierne con el objetivo de sentar las bases para el largo plazo y no se sacrifique invertir en ellas para sólo tener éxito electoral en los procesos que se avecinan. La sana distancia de tiempos de Zedillo no se refería tanto a que no interviniera en el partido, sino a que la separación de partido y gobierno fuera compatible con la alternancia democrática basada en el resultado de las urnas.
@eledece
