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Habrá usted notado el desmesurado incremento de coches matriculados en el estado de Morelos que circulan en la ciudad de México en el último año. No, no se debe a que cada vez más morelenses visiten la capital del país, sino al alto y creciente número de propietarios de vehículos que optan por declarar residencia en Morelos con el objetivo de ahorrarse la tenencia vehicular.
El escándalo y la tragedia causadas por lord Ferrari sirvieron también para recordar el pernicioso efecto de portar placas de Morelos a pesar de no ser residente. En entrevista de radio, esta persona respondió que su Ferrari portaba placas de Morelos ya que él tenía familiares y amigos allá. Tenerlos no es suficiente. El artículo 29 del reglamento de tránsito de Morelos establece que “los propietarios de vehículos de uso particular residentes en el Estado, deberán registrarlos ante la Direccion General, la cual expedirá placas de matriculación, la calcomanía y la tarjeta de circulación” (énfasis añadido).
Es claro que las placas y tarjeta de circulación se extienden a los residentes de cada estado y no a residentes de otros. El domicilio del propietario es información clave para el pago de multas, responsabilidad civil y penal y para la persecución de delitos. Por esta razón, el reglamento de Morelos exige, en su artículo 31, que los propietarios notifiquen a la autoridad cualquier cambio de domicilio en un plazo no mayor a 30 días naturales.
Ante estas exigencias reglamentarias, cabe preguntarse cómo puede darse la matriculación de decenas de miles de vehículos cuyos propietarios, con altísima probabilidad, no son residentes de ese estado. La respuesta es que la expedición de placas y tarjetas de circulación para evadir el pago de la tenencia vehicular resulta de un delito organizado en que participan propietarios, autoridades y las marcas de los coches más lujosos que circulan en México. Entre más caro, es más probable las placas sean de Morelos.
La eliminación de la tenencia, promovida por el ex presidente Felipe Calderón y todos los partidos políticos, fue un acto de alta irresponsabilidad de políticas públicas. La tenencia sirve varios propósitos importantes: es una fuente local y segura de ingresos públicos y proporcional a la riqueza de los propietarios; ayuda a disminuir la externalidad negativa de un número excesivo de vehículos; promueve el uso del transporte público y cumple con el principio de que el que contamina paga. Eliminar la tenencia, como hicieron muchos estados en los últimos años, es populista e injusto. La ciudad de México decidió, correctamente, no eliminarla ya que es quizá la única entidad que en verdad cuenta con recursos recaudados a nivel local gracias a la tenencia y el predial.
Es precisamente el hecho de que la tenencia cueste en la ciudad de México y no en otros estados, lo que incentiva a participar en un esquema para evadirla. Es evasión y no elusión ya que se requiere participar de manera fraudulenta en el esquema.
Y no es difícil hacerlo: resulta que las agencias de coches de lujo ofrecen a sus clientes conseguir las placas de Morelos aunque el propietario no sea residente de ese estado. Estas empresas cuentan con coyotes que emiten constancias de domicilio para probar residencia inexistente a decenas de miles de clientes. No lo hacen esporádicamente, sino que la declaración falsa de residencia se ha convertido en una práctica cotidiana de comercio.
Es claro que no se atreverían a conseguir placas de Nevada para residentes de California para ahorrar la tenencia o evitar controles ambientales, o de Schleswig-Holstein para residentes de Baden-Württemberg, pero aquí sí porque parece no haber consecuencias.
Son las mismas empresas que han convencido al gobierno de dificultar la importación de vehículos usados desde Estados Unidos apelando al Estado de derecho (lo que no es claro ya que obstaculizar esta importación es violatorio por lo menos del espíritu del Tratado de Libre Comercio de América del Norte) para gravar con un impuesto a los pobres, al tiempo que no reparan en él para evitar la tenencia a los más ricos.
La matriculación ilegal implica hacer declaraciones falsas (perjurio) al gobierno del estado de Morelos y, quizá, a las compañías de seguros que emiten las pólizas. Implica también una violación de las normas de la ciudad de México que obligan a sus residentes a dar de alta los vehículos de su propiedad.
El ciudadano justifica el hecho por el alto costo de la tenencia y por un sentimiento de que la recaudación de impuestos no va a ser usada correctamente. Las empresas impulsan sus ventas. ¿Y las autoridades?
Las de Morelos se equivocaron al eliminar la tenencia y yerran al no perseguir la red de complicidades que permite la emisión de decenas de miles de placas para no residentes. Las autoridades de la ciudad de México parecen no inmutarse y permiten la circulación de coches de lujo que han evadido el pago de tenencia lo que resta recursos y promueve el tráfico y la contaminación. Ambas presumen haber leído a Piketty pero, al parecer, sin entender sus recomendaciones.
Llegará un momento en que haya más coches con placas de Morelos fuera de ese estado que en él.
La única noticia positiva es que los propietarios de tales coches tendrán un mercado más reducido para revenderlos a menos de que también entren en el negocio de conseguir constancias de domicilio para los nuevos dueños. Si no lo sabían, la ciudad de México puede cobrar tenencias atrasadas y recargos para la regularización de vehículos.
Twitter: @eledece
