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Hace exactamente un año, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto anunció un recorte en relación al Presupuesto de Egresos la Federación (PEF) apenas aprobado el 15 de noviembre anterior, con el propósito de asegurar el cumplimiento de los objetivos trazados en materia de déficit público, ajustar el tamaño del gobierno a la realidad de precios y volúmenes de petróleo menores y convencer a los mercados del compromiso de México para con finanzas públicas sanas.
Ahora que se tienen los números al cierre de 2015, recién publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, puede apreciarse que el nivel de gasto fue no sólo superior al resultado del recorte anunciado, sino también al autorizado por la Cámara de Diputados en el PEF.
Vale la pena apreciar el ritmo del gasto público durante el año pasado y notar que durante los primeros seis meses, antes de las elecciones, su crecimiento fue positivo, que en julio, septiembre y octubre hubo efectivamente un ajuste (-6.2, -5.8 y -7.6 respectivamente), pero que en noviembre creció 9.6 y en diciembre 19.3% para cerrar con una tasa positiva de 5.2%, superior a la autorizada de 3.7 y muy mayor a la implícita prometida en febrero de 1%.
Este aumento del gasto público pagado se dio a pesar de que el gobierno federal, como ha sido reportado en varias ocasiones y sufrido por un número creciente de proveedores, no ha liquidado a tiempo muchas de la cuentas por pagar y por lo tanto se ha financiado con recursos privados.
El gobierno puede argumentar que a pesar del aumento del gasto, el déficit público se encuentra dentro de los parámetros prometidos al Congreso y en la trayectoria comprometida para regresar al balance fiscal en 2017. Puede, pero corre el riesgo de no contribuir a la credibilidad necesaria para argumentar en los mercados de capitales que México no debe ser considerado como emergente dependiente de las materias primas y por tanto con un peso injustamente castigado.
La principal razón por la que el déficit no fue mayor, aunque sin duda demasiado alto en el contexto internacional que se vive, además del retraso en pago a proveedores, es que la recaudación sigue siendo mayor a la estimada para la elaboración del presupuesto en virtud de la reforma fiscal, el importante incremento en el impuesto a las gasolinas y un trabajo más eficaz del SAT. Dicho de otra manera, el déficit no creció cortesía de los recursos extras del contribuyente mexicano.
Estos recursos adicionales pudieron haber sido utilizados para lograr un incremento menor en el nivel de endeudamiento, apuntalar la sustentabilidad de las finanzas públicas y enviar una señal a los mercados de que el gobierno está haciendo lo necesario y correcto para ajustarse a una nueva realidad de menores ingresos por petróleo. Al no hacerlo, se perdió una oportunidad de aprovechar una recaudación adicional inesperada.
Si bien el costo político del anuncio del recorte ya se había pagado y las dependencias públicas asumido que era necesario vivir con menos, al no proceder con el recorte se eleva el costo de futuros esfuerzos de ajuste presupuestario. Ahora se sabe que el compromiso se hará en 2017.
Adicionalmente al comportamiento del gasto, cabe también preguntarse sobre la clasificación del déficit. En 2013, al momento de hacerse el compromiso de llevar a cero el déficit público para 2017, esta medida de déficit excluía solamente a las inversiones de Pemex. Ahora se llama “Balance público sin inversión productiva” que “[e]xcluye la inversión del gobierno federal y las empresas productivas del Estado, hasta por un monto equivalente a 2.5% del PIB”.
Es importante, para la credibilidad, que el gobierno explique este aparente cambio de clasificación y de objetivo de reducción de déficit para revertir la trayectoria creciente del saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público (la deuda pública) como proporción del PIB.
Recortar el gasto público no es popular y contar con finanzas públicas robustas parece haber pasado de moda. La incómoda realidad, sin embargo, es que el país no ahorró recursos ni invirtió cuando el precio del petróleo estaba alto y tiene que ajustarse ahora a una situación más restrictiva. El ajuste hecho hasta ahora ha recaído casi en su totalidad en el contribuyente (más impuestos y recaudación) y proyectos de infraestructura para el crecimiento, pero debe empezar desde ahora a sentirse en el gasto corriente.
El gobierno parece comprometido a un fuerte recorte y todas las dependencias hablan de su profundidad. El fuerte incremento del gasto a finales de 2015 puede ser interpretado como una falta de voluntad para asumir el costo de un menor gasto o como un incremento resultado de inyecciones de recursos públicos para apalancar a dependencias o empresas con problemas o pago a proveedores que anticipan la dificultad de cortar.
Aunque parezca contrario a una primera impresión, la caída de ingresos del petróleo tendrá un importante efecto benéfico en la modernización de la economía mexicana en el largo plazo, en el corto todo ajuste cuesta. Entre los principales beneficios se encuentran los siguientes:
• Una menor corrupción y una mayor rendición de cuentas
• Menores transferencias de recursos a estados y municipios y por tanto un incentivo para encontrar fuentes adicionales, en particular la del poco cobrado impuesto predial
• La oportunidad de transitar a un mecanismo de finanzas públicas sustentables que permitiría que el Fondo Mexicano del Petróleo (FMP) acumule recursos en cuanto empiece a subir el precio o volumen de petróleo. Esto requiere modificar la Constitución, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la ley del FMP. El ideal es que el PEF se elabore con base a la plataforma actual de producción y se fije, de manera permanente, un precio bajo de petróleo (entre 20 y 25 dólares), de tal suerte que un mayor volumen o precio implique acumulación de recursos en el FMP para ser regresados sólo para reducción de deuda o inversión pública productiva
• Un gobierno más austero y eficaz
• Una mejor evaluación costo beneficio de todos los programas del gobierno
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