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La cuesta de enero no ha dejado días de respiro y el peso mexicano ha sufrido las consecuencias de la volatilidad originada en China y el mercado internacional del petróleo. Al cierre del 12 de enero el valor del peso había disminuido 4.2% con respecto al cierre de 2015.
De manera similar al primer choque del mercado de Shanghai el pasado verano, las malas noticias chinas y el descenso del precio del petróleo no resultaron en una depreciación del yen, del euro y del franco suizo (y del sol peruano). En cambio, las divisas más fuertemente presionadas, además del peso, fueron el dólar australiano (devaluación de 4.4%), el dólar canadiense (3.1%), el peso colombiano y el real brasileño (2.3%) y el yuán chino (1.5%); es decir las monedas de países emergentes y/o dependientes de materias primas.
Si bien es imposible prever el comportamiento de las principales variables económicas en los mercados, hay bastante certidumbre de que continuará la volatilidad y que los mercados pagarán un premio a favor de la estabilidad.
El peso mexicano sufre las consecuencias de estos embates por tres razones, una de ellas positiva: la primera es la profundidad, liquidez y oportunidad del mercado de pesos que lo hacen una divisa atractiva para operaciones de cobertura con relación a países emergentes. Esto, que puede percibirse como un problema, en realidad implica una demanda adicional por la divisa mexicana como si fuera, para estos propósitos, una moneda de reserva. En el mediano plazo el crecimiento de esta demanda empieza a crear la posibilidad de un privilegio exorbitante. La segunda es la etiqueta de emergente que porta el país y que presiona el peso ante la develación de los problemas estructurales de China y el costoso proceso de ajuste que implican. La fuerte expansión del crédito desde 2009 y la masiva asignación ineficiente de capital permiten anticipar un pesado lastre para esa economía en los próximos años y que los mercados empiezan apenas a internalizar. La tercera es la dependencia de los ingresos del gobierno mexicano con respecto al petróleo.
Por lo que se ha visto en las últimas dos semanas, los mercados han sobrerreaccionado con respecto al peso, no han sabido discernir las fortalezas macroeconómicas de la economía mexicana, o México no ha mandado señales suficientemente claras para no ser considerado emergente dependiente del petróleo.
El país puede, sin duda, hacer un buen argumento de que no es emergente, en serio: su ciclo económico está ligado al de Estados Unidos y no al de China, el gobierno ha mostrado voluntad y políticas para ajustar sus finanzas públicas a la nueva realidad del precio del petróleo, su perfil de deuda es mejor que el de sus pares y se espera avanzar en materia de estado de derecho.
El problema es que el argumento no tiene que ser sólo sólido, sino convincente: en materia de estado de derecho no sólo falta mucho por hacer, sino que la mayoría de los ciudadanos y analistas asignan a este gobierno un importante déficit en la materia. En el ámbito de los ingresos petroleros la situación es mejor, pero todavía con posibilidades de enviar una fuerte señal de compromiso con finanzas públicas robustas y con un rediseño institucional que garantice que la renta petrolera no se volverá a utilizar para gasto corriente.
Parte del déficit de credibilidad fiscal que sujeta a la economía a los vaivenes del petróleo es que durante el largo periodo de vacas gordas de precios altos que terminó en 2015, México no acumuló reservas en un fondo soberano para ser usadas en inversión en infraestructura; en su lugar, el Congreso y el Ejecutivo asignaron los recursos extraordinarios para gasto corriente y, más aún, se incurrió en mayor y no menor endeudamiento.
La situación actual y el periodo de sesiones del Congreso que inicia en unos días se prestan para un anuncio de reformas para la sustentabilidad fiscal que cambie las reglas estructurales de responsabilidad hacendaria de tal suerte que la renta petrolera no se use para gasto corriente, se ajuste el presupuesto a los ingresos reales que se reciben y se asegure que el Fondo Mexicano del Petróleo funcione para acumular recursos financieros de la riqueza en el subsuelo y convertirlos en infraestructura para el crecimiento cuando haya suficientes.
Una de las grandes virtudes de la reforma energética de 2013 fue la constitución del FMP. No obstante, se estableció desde la Constitución que el FMP transferiría a la Tesorería de la Federación cada año recursos equivalentes a 4.7 del PIB, proporción similar a la obtenida en 2013 cuando el precio estaba en 100 dólares por barril. Obviamente fue siempre un despropósito que implicaba utilizar la mayor parte de la renta petrolera en gasto corriente; hoy es también anacrónico: hasta noviembre de 2015, las transferencias del FMP a la Tesorería era equivalentes a 2.1% del PIB, a años luz del mandato constitucional.
Con el precio del petróleo cercano a 20 dólares, es el momento de arreglar la incongruencia y legislar (hay que cambiar la Constitución, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilidad y el Desarrollo) un esquema de sustentabilidad de largo plazo. Hacer una reforma de este tipo enviaría una poderosa señal a los mercados de responsabilidad hacendaria y permitiría argumentar, seriamente, que México no es, macroeconómicamente hablando, emergente y su gasto corriente petróleo dependiente. Como resultado, el peso fluctuaría menos.
La Constitución y las leyes podrían enmendarse para eliminar la obligación de transferir 4.7% del PIB y sustituir esta obligación con el siguiente esquema:
1. El FMP hará transferencias a la Tesorería de recursos provenientes de la explotación de hidrocarburos por ingresos derivados de ventas cuyo precio por barril sea hasta 25 dólares de Estados Unidos. Todos los ingresos superiores a este nivel se acumularán a las reservas del fondo.
2. El FMP hará transferencias a la Tesorería hasta 3% del PIB cada año. Este 3% es un techo y no un piso como el 4.7%.
3. Una vez que el FMP tenga suficientes recursos, como ya marca la ley, éstos se podrán utilizar para reducir deuda e invertir en infraestructura pero no para gasto corriente.
Estos cambios que parecen dolorosos en realidad no lo son: el gobierno va a tener que reducir el gasto público para sujetarse a un mundo de precios bajos del petróleo lo quiera o no. Las coberturas no sirven para evitar la decisión, sólo para posponerla unos meses. Es mejor tomar el toro por los cuernos y comportarse como un país no emergente para poder decir, con credibilidad, que se trabaja en construir una economía estable en la que la única orientación que se sigue es la de largo plazo.
@eledece
