La extendida práctica de la extorsión tiene un altísimo costo social y económico. Es quizá el principal obstáculo para el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, para la creación de empleos, para la formalización y la inversión de largo plazo, al tiempo que resulta en una ventaja irreproducible que apuntala a las empresas grandes, verticalmente integradas y con sistemas de distribución que las hacen menos vulnerables a ella. Este fenómeno reduce las posibilidades de la competencia y resta dinamismo a la economía.
La extorsión también representa un alto impuesto que resta capacidad recaudatoria al gobierno. Además, se ha convertido en el obstáculo más significativo para ingresar a la formalidad: para que tenga sentido económico dejar la informalidad es necesario que el nivel de extorsión sea menor al hacerlo; hoy no lo es. En la informalidad hay ventanilla única, mientras que en la formalidad las posibilidades de extorsión son múltiples: sindicatos, inspectores federales, estatales y municipales, policías, autoridades que emiten permisos y concesiones, medios, competidores y otros más.
Para reducir la extorsión primero es necesario reconocer su prevalencia y aceptación social. En parte, su extendida práctica responde a la percepción de que el éxito es mal habido, con lo que “ladrón que roba a ladrón” se convierte en la perfecta excusa social para extorsionar. Cuesta todavía mucho aceptar el progreso meritorio de los demás. Muchas veces se escucha decir: ‘Si ha triunfado debe ser gracias a la protección del gobierno, o contratos públicos desmerecidos, o porque paga mal a sus trabajadores’. Esta visión permite al extorsionador justificarse ante los demás. Parte de la solución radica en aceptar que es posible tener éxito económico basado en el desempeño, inversión y calidad y pagando todos los impuestos y reparto de utilidades debidos.
En segundo lugar, se requiere una mayor voluntad para no ser sujeto de la extorsión. Para esto es necesaria menor tolerancia a pagos y a beneficios indebidos, pero, sobre todo, una acción mucho más efectiva del gobierno contra los extorsionadores. El principal ejemplo está relacionado con el delito del secuestro. En varios países se prohíbe el pago de rescates por privación de la libertad para no fomentar el secuestro. En México esto no es posible por el número de casos y la participación de las policías en los hechos.
Fuera del ámbito social, se requieren también cambios en políticas públicas:
En tercer lugar, es necesario reducir la capacidad de líderes sindicales para extorsionar a empresas pequeñas y medianas. Para esto, debería revivirse la propuesta de reforma a los artículos 388 bis y 371 de la ley federal del trabajo. La redacción planteada para estos artículos en 2012 era revolucionaria: obligaba a probar la representatividad sindical antes de poder emplazar a huelga, implicaba la elección directa, secreta e universal del sindicato que tendría la representación, ponía a consideración de los trabajadores el contrato colectivo de trabajo a firmar con la empresa y permitía, con mayoría calificada de dos tercios, que los trabajadores optaran por no contar con contrato colectivo. Si no se puede adoptar este tipo de reforma de forma generalizada, sería clave que aplicara para las empresas medianas de hasta 150 trabajadores. El resultado sería una explosión de inversión y crecimiento de empresas pequeñas y medianas.
En cuarto lugar, es indispensable contar con opciones innovadoras para reducir la capacidad de extorsión por parte de inspectores. La mejor manera de encarar este reto es, como se hace en muchos países avanzados, utilizar a las compañías de seguros como instrumento para asegurar el cumplimiento con normas de seguridad, protección civil, de pesos y dimensiones y otras. En Estados Unidos, por ejemplo, el cumplimiento con los requisitos de materiales y equipo contra incendio se debe mucho más al papel de las aseguradoras que a las autoridades. En México, se podría legislar para que, cuando una compañía de seguros certificada garantice que una empresa cumple con todos los requisitos de protección civil, seguridad, pesos y dimensiones de sus camiones y otros, ya no sea revisada por autoridades de protección civil, laborales en lo relativo a la seguridad, SCT y otras. Las autoridades podrían, por supuesto, castigar a las aseguradoras que burlen la ley y verificar a las empresas que no estén debidamente aseguradas, pero su capacidad de extorsión disminuiría de manera significativa.
En quinto lugar, se debe premiar la transparencia por medio de registros públicos en que se depositen y actualicen todos los documentos corporativos necesarios para tramitar permisos y participar en licitaciones. Para las empresas que lo hagan, una especie de 3de3 voluntaria, las autoridades no tendrían derecho de solicitar ningún documento en ninguna interacción.
En sexto lugar, pero no por eso poco importante, es imprescindible la transformación municipal. Los municipios son, al mismo tiempo, fuente de extorsión, sobre todo en el ámbito de los permisos de construcción, pero también víctimas de extorsión por parte del crimen organizado. Con la estructura actual la mayoría de los municipios no son autoridades plenamente viables. La crónica escasez de recursos, la falta de rendición de cuentas y, hasta ahora, la no reelección condenan a los municipios al subdesarrollo institucional propicio para la extorsión. Para avanzar en este frente se requiere de una gran reforma hacendaria y política para promover la recaudación universal del impuesto predial con fondos compensatorios para complementar de manera proporcional (hasta varias veces) con el nivel de marginación. Si el predial se convirtiere en una fuente relevante de recaudación se promovería la rendición de cuentas y exigencia ciudadana, existiría un incentivo para proteger los derechos de propiedad (base gravable) y habría un aliciente para que el municipio promoviera la inversión. Permitiría una especie de acuerdo tácito entre empresas y autoridades: ‘súbeme el predial, pero ya no me extorsiones’.
Se requiere también limitar la participación de las policías municipales a tareas que le sean propias y eliminar el uso de armas de alto calibre. El armamento excesivo, que sólo se ve en municipios mexicanos, constituye un poderoso incentivo para que el municipio sea extorsionado y su policía capturada por el crimen organizado.
Finalmente, para reducirla se requiere de una reforma político electoral que disminuya el incentivo de partidos políticos y candidatos para descansar en recursos electorales que pueden provenir de la extorsión. Sin una reducción significativa del costo de campañas, castigos ejemplares contra el uso de dineros no fiscalizados y un serio esfuerzo educativo por parte del Ine para erradicar la compra del voto, poco se avanzará.
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