Aunque parezca sorprendente, desde el punto de vista económico, la extorsión no es necesariamente mala (ver Ronald H. Coase, Blackmail en Virginia Law Review, volumen 74, número 4, mayo de 1988). Si se define como una concesión a cambio de una amenaza, puede entenderse también como una transacción de mercado: por ejemplo, “si no me pagas cierta cantidad de dinero, voy a construir un piso adicional que te tapará la vista a la playa”. Esta transacción incrementa el bienestar de todos los involucrados: el receptor del dinero (extorsionista) no utiliza su derecho a un piso adicional, mientras que el pagador (extorsionado) sigue gozando de la vista y del valor de su propiedad.
De hecho, toda transacción de mercado implica un costo de oportunidad y una especie de amenaza velada o explícita: se está dispuesto a intercambiar dos manzanas por una naranja o cinco motocicletas por dos coches, por ejemplo. “Si no me das la naranja, no te daré mis dos manzanas” sería la amenaza. Las transacciones de mercado deben cumplir con tres condiciones para que incrementen el bienestar: una, son voluntarias; dos, las partes tienen derecho al uso de los bienes o servicios; y, tres, la transacción se da en un ambiente de competencia.
La extorsión es nociva ya que implica la ausencia de una o varias de estas tres condiciones. Como se ha argumentado en las entregas previas, la extorsión se ha vuelto el principal problema económico de México y un freno para la apertura y expansión de las pequeñas y medianas empresas, un fuerte desincentivo para la inversión, una reducción relevante del tamaño del mercado, una merma significativa de recursos que podría recaudar el Estado y una práctica extendida difícil de erradicar. La solución no radica solamente en más legislación y su aplicación más severa y menor impunidad, aunque todas ellas sean importantes. Es fundamental un cambio de mentalidad e incentivos por parte de los agentes económicos: sin extorsión el mercado es más grande para todos; la rebanada del pastel para cada uno sería más grande, aunque proporcionalmente menor para los extorsionadores exitosos.
La extorsión que tanto aflige a la sociedad y a la economía no es, claramente, una transacción voluntaria: la mayoría de los ciudadanos preferiría evitar el cohecho para conseguir permisos de construcción municipales si éstos se emitieran con rapidez, justicia y transparencia. No obstante, los desarrolladores muchas veces eligen el sistema extorsionador y participan voluntariamente en él ya que se evitan largas colas, espera e indefinición por parte de las autoridades y restricciones de todo tipo. Es decir, el problema no es solamente de las autoridades municipales, sino de todos los que participan en el sistema de otorgamiento de permisos de construcción.
El sistema de extorsión para estos permisos ha resultado en obras de todo tipo, en toda clase de terrenos, con las más variadas y osadas formas de arquitectura. La primera vez que un mexicano viaja a un país desarrollado se asombra de que los edificios y las casas se parezcan en tamaños, colores, formas y equipamiento. La uniformidad sorprende por su estética (o falta de ella), por las economías de escala que genera que todas las ventanas sean del mismo tamaño y rectangulares (no trapezoides), pero le da a uno la impresión de ausencia de libertad.
El problema es que los permisos municipales de construcción así otorgados, aunque partieran de una transacción voluntaria, no cumplen con la segunda condición: el derecho a llevarla a cabo. La uniformidad arquitectural que se aprecia en países modernos no sólo responde a una intrusión excesiva del gobierno (en ocasiones sí), sino que refleja el derecho de los demás. Por ejemplo, el derecho a la luz natural, a la vista, al tránsito (no se permite la construcción de edificios en el periférico), a la tranquilidad (se respetan los derechos de los vecinos a que no haya edificios demasiado altos, o antros demasiado ruidosos), a la estética y la salud (se prohíben los tinacos, pero se asegura la provisión de agua municipal potable y con suficiente presión). Es decir, ni el funcionario municipal que extiende el permiso, ni el desarrollador que paga la extorsión tienen el derecho de que proceda una construcción que viola una o varias normas. Obviamente, la manera más eficaz de reducir el incentivo a la extorsión es contar sólo con el número de normas realmente necesarias y que ellas sean de fácil y transparente cumplimiento.
El uso del poder monopólico es la tercera razón que vuelve a la extorsión nociva y costosa para la sociedad. El servicio municipal de recolección de basura es un buen ejemplo. En la ciudad de México, el uso de la extorsión para la recolección de basura es muy extendido. En muchas colonias, si no paga cada casa una cuota semanal, el personal del camión se rehúsa a recoger la basura depositada frente al predio. El ciudadano piensa, ingenua pero correctamente, que el servicio de recolección de basura está ya cubierto por los impuestos predial y otros que paga a la ciudad. No obstante, termina allanándose a la extorsión cuando se acumula la basura frente a su casa u opta por encontrar una esquina u otra casa donde depositar ilegalmente la suya. Podría pensarse que la cuota semanal es razonable como contraprestación por un servicio. No obstante, el camión de basura que pasa frente a su casa tiene poder monopólico, es el único que lo hace, y por tanto maltrata al consumidor. Si municipios o delegaciones quieren solapar el cobro de cuotas por recolección de basura, lo mínimo que deben hacer es permitir la competencia para mejorar el servicio: no dar a un camión el monopolio, sino dejar que otros pasen a recogerla para transportarla a los centros de reciclaje y confinamiento.
Finalmente, vale la pena también hacer una reflexión sobre la propina. Si el mexicano se sorprende en el extranjero por la uniformidad, los trabajadores extranjeros en los servicios de hospitalidad, meseros, camareros, conserjes y choferes, se sorprenden de la generosidad de las propinas del turista mexicano.
En México, la propina es una práctica muy extendida. Como la extorsión, también tiene una racionalidad económica impecable: permite el control de calidad en el punto de venta y hace del consumidor el inspector perfecto. El problema es cuando esta transacción voluntaria lleva a concesiones a las que el consumidor no tiene derecho de adquirir ni el prestador del servicio a dar. Es también un buen pretexto para no pagar bien a los trabajadores. Con una propina generosa se puede conseguir una buena mesa sin reservar, estacionamiento para el coche en lugar prohibido, que menores entren a sitios o espectáculos para adultos, saltarse colas y no respetar los derechos de los demás.
La propina, así, es un reflejo de una sociedad que ve con buenos ojos la extorsión generalizada y síntoma de una red de complicidades contrarias al estado de derecho. Es también sintomático de que las clases pudientes están seguras de que pueden comprarlo todo. Quizá pudiere medirse el apego al imperio de la ley en cada país en proporción a las propinas de sus ciudadanos. México saldría alto en el medallero.
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