El sentimiento antisistémico y de desaliento complica la acción de los gobiernos en el mundo. En el caso mexicano, aunque el sentimiento no sea tan agudo, la clase política está menos acostumbrada a ser blanco de críticas. De hecho, no pocos analistas consideran a la opinión pública y al elector mexicano como demasiado tolerantes con gobiernos que no funcionan ni representan los intereses de las mayorías.
Esta mexicana apatía y la habilidad de distintos gobiernos de comprar voluntades han creado un sistema aparentemente consensual que permite cierto progreso y calma social pero que termina obstaculizando el desarrollo.
Sin embargo, el estado de las cosas empieza a cambiar y los partidos y políticos corren el riesgo de minimizar la profundidad de la demanda cultural y social contra la corrupción. Encuesta tras encuesta la muestran como una de las principales preocupaciones y que la sociedad se vuelve menos tolerante y más crítica del enriquecimiento evidente de un alto número de políticos.
En 1982, en medio de una profunda crisis económica y de legitimidad, el presidente Miguel de la Madrid emprendió una campaña para “la renovación moral de la sociedad”. En este contexto nacieron la Secretaría de la Contraloría (hoy Función Pública) y la obligación de la declaración patrimonial (aunque no pública) para los funcionarios de alto nivel. En el año 2000, la sociedad optó por una opción diferente al PRI con la elección de Vicente Fox y el PAN gobernó 12 años. No obstante, ni los esfuerzos de de la Madrid y Zedillo, ni la alternancia, resultaron suficientes para erradicar la práctica de la corrupción. Mucho se avanzó en el ámbito federal, pero no así en el estatal y municipal en donde, además, se contaron con muchos mayores recursos. Justa o injustamente, ahora se piensa que el progreso en el gobierno federal se ha revertido.
Puede pensarse que la propuesta de reformas para el Sistema Nacional Anticorrupción y la iniciativa 3d3 son extraordinarias y onerosas. Quizá lo sean; sin embargo, desde el punto de vista ciudadano, lo extraordinario y oneroso es el nivel de corrupción.
El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha hecho una contribución importante para la transformación del país con las reformas que impulsó y negoció con los partidos políticos en 2013. Son encomiables y su implementación crucial para el crecimiento de la economía y el bienestar ciudadano. Pero no bastan.
México no podrá realizar su potencial hasta que no se consiga un estado de derecho que permita sentar las bases para un desarrollo sostenido y equitativo. Quizá como nunca antes hay una predisposición en la sociedad para contemplar la posibilidad de realmente avanzar en la materia. A raíz de 1968 y las crisis económicas posteriores se pudo construir un consenso sobre la necesidad de contar con una democracia sin adjetivos. Ahora, la sociedad empieza a demandar el respeto al derecho ajeno como el complemento natural para la modernización de la economía, la expansión de la clase media y como herramienta para la disminución de la violencia y la lucha contra el crimen organizado.
Para esto es fundamental avanzar en materia del combate a la corrupción, pero no sólo en el frente persecutorio (que representa el corazón de las propuestas del SNA) sino en premiar el comportamiento no corrupto por parte de individuos, empresas y organizaciones y ser más intolerantes con respecto a las prácticas corruptas. De aquí la importancia de la disponibilidad de las declaraciones 3de3.
Sin la gravedad de la situación quizá no sería apropiado pedir que sean públicas la declaración de conflictos de interés, la patrimonial y la de impuesto sobre la renta. Ponerlas disponibles al escrutinio de la sociedad y los medios conlleva riesgos, por supuesto, pero también sirve para reconocer a los muchos funcionarios públicos y políticos que no tienen conflictos de interés, ni están regulatoriamente capturados, ni se han enriquecido en forma ilegal y contribuyen, como deben hacerlo todos los demás, a la hacienda pública.
Más aún: la disponibilidad de las tres declaraciones sirve también para modificar conductas. Entre ellas, fomenta el apego a la verdad ya que permite que se persiga penalmente el perjurio (declaración falsa). Mucho avanzaría la sociedad si servidores públicos y políticos tuvieren un incentivo para no mentir.
De haber existido la obligación 3d3 en 2012, es altamente probable que no se hubiera siquiera construido la Casa Blanca y que la popularidad del presidente fuere hoy mayor.
Los más de 600 mil ciudadanos que suscribieron la iniciativa ciudadana lo hicieron abrumadoramente para promover la transparencia de las declaraciones. Por eso la iniciativa se conoce como 3d3 y no de otra manera. La responsabilidad de procesar la iniciativa y el SNA es ahora de senadores y diputados y no de las organizaciones civiles. Son los legisladores quienes deben escoger si están a favor de la demanda ciudadana de premiar a los funcionarios y políticos responsables o en contra.
Pero incluso pueden ir más lejos y promover también la transparencia de los demás. Por ejemplo, modificar la ley para que todo individuo o empresa que de manera voluntaria deposite en un registro público actas constitutivas, declaraciones de impuestos, identificaciones, poderes y otros documentos necesarios para interactuar con los gobiernos, no necesite presentar ningún documento para hacer trámites, participar en licitaciones o solicitar empleos en el sector público. Hacer de la transparencia una virtud y premiar el buen comportamiento es tan o más importante que contar con mecanismos persecutorios para la renovación moral de la sociedad.
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