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México tiene varias ventajas comparativas en materia de comercio internacional que ha sabido aprovechar para convertirse en uno de los principales exportadores del mundo. Además de las estructurales respecto de su posición geográfica y favorable demografía, ha sabido tejer una red de tratados de libre comercio que le aseguran no tener barreras para la abrumadora mayoría de sus exportaciones, al tiempo que los productores en territorio nacional gozan de acceso a insumos de máxima calidad a los mejores precios y de la protección a sus inversiones.
Los resultados han sido espectaculares: las exportaciones se han multiplicado casi diez veces, más de la mitad de los estados (del norte, Bajío, los especializados en turismo y otros) han tenido tasas superiores (cinco por ciento o más) y sostenidas de crecimiento en las últimas dos décadas con la correspondiente reducción de pobreza, al tiempo que la participación en las importaciones totales de Estados Unidos ha pasado de cinco a 13.7 por ciento. México es ya, de manera sólida, el segundo proveedor de ese país, detrás sólo de China (20 por ciento de participación), pero adelante de Canadá (13.2), de Japón (seis) y de Alemania (cinco). Los medios nacionales, con una excepción, no han reportado el histórico hecho de que, en cada mes de 2016, México ha superado a Canadá y que el rebase es irreversible.
Además de las ventajas estructurales, el éxito se debe en mucho al establecimiento del estado de Derecho. En materia de comercio e inversión hay un rumbo claro y reglas firmes que no se modifican. Existen, por supuesto, algunos conflictos comerciales con el vecino del norte, pero también un sistema de solución de controversias para presentar alegatos ante un tribunal independiente y con la posibilidad de tomar represalias para asegurar cumplimiento. México ha sido generalmente exitoso en estos procesos de solución de controversias. Es decir, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el resto de los TLC han dotado a más de un tercio de la economía nacional de una certidumbre inusitada que ha impulsado explosivamente la actividad económica y la creación de empleos. El problema de la economía mexicana es que el resto de los sectores no gozan de este privilegio ya que no se ha avanzado de manera suficiente en el establecimiento del estado de Derecho en el ámbito doméstico. En éste siguen predominando la arbitrariedad, la ausencia de derechos de propiedad y la extendida cultura de la extorsión.
La apertura comercial y su permanencia y certidumbre jurídicas dan a la economía mexicana una gran ventaja sobre la brasileña. Brasil no ha sabido, todavía, cómo vencer las resistencias internas para apostar por una economía abierta por lo que un gran número de sus sectores económicos no son competitivos en el mundo, a diferencia de México. Cuando decidan hacerlo, se darán cuenta que sus empresas pueden ser altamente competitivas en todo el mundo si tienen acceso a tecnologías e insumos de punta.
Si bien Brasil no ha podido apostar por el estado de Derecho en el comercio exterior, en los últimos veinte años ha hecho una inversión estratégica en el mejoramiento de la impartición de justicia y la persecución del delito. Los cambios han sido también revolucionarios y rinden ahora frutos.
Uno puede estar de acuerdo o no con los argumentos para desaforar a Dilma Rousseff, pero ahora queda claro que Brasil cuenta con instituciones robustas, legítimas y profesionales para la persecución e impartición de justicia. Desde la capacidad para investigar de ministerios públicos y la policía federal, hasta jueces profesionales, autónomos y honestos y jóvenes para asegurar el cumplimiento con la ley.
Además de las modificaciones normativas, Brasil ha hecho una muy importante inversión (impulsada por el propio Luiz Inácio Lula da Silva) en capital humano para lograr el salto generacional que renovó los cuadros de impartición de justicia. Casi todos los investigadores, policías y jueces son comprometidos jóvenes profesionistas. Muchos de ellos son abogados egresados de escuelas de Derecho brasileñas pero con posgrados en Europa y Estados Unidos. El secreto fue haber hecho prestigioso y atractivo trabajar en la administración de justicia para atraer talento; ahora lo será aún más.
México carece de este atractivo: las supuestamente mejores escuelas de Derecho no educan ministerios públicos, ni jueces y, mucho menos, policías. Más aún, cuando sus alumnos destacados se preparan en las mejores universidades en el extranjero sólo anhelan regresar a un despacho para ejercer como abogados corporativos, lo más lejos posible del mundo sucio de la impartición de justicia y los tribunales. Hay, por supuesto, algunas brillantes excepciones.
En la disponibilidad de capital humano hay también un paralelismo con los tratados de libre comercio. El proceso de apertura en los años noventa formó cientos de funcionarios públicos comprometidos que no sólo negociaron los tratados, sino que aseguraron y aseguran hoy su correcta implementación. Sin este capital humano es probable que los tratados no hubieran tenido el impacto positivo logrado.
El éxito de las reformas al sistema de impartición de justicia en México, incluidos los juicios orales, el sistema nacional anticorrupción y la justicia cotidiana depende no sólo del marco jurídico reformado, sino de la participación y renovación de cuadros jóvenes, profesionales y comprometidos con las reformas por un largo tiempo, como los que han hecho que la política comercial se volviera una de Estado.
Lo que sucede hoy en Brasil debe llevar a la sociedad mexicana, a las autoridades, al gremio de abogados, el poder judicial y la clase política a reflexionar si es apropiado pensar que la ventaja de la certidumbre en el comercio internacional (un tercio de la economía) es suficiente para la competitividad relativa cuando las reformas estructurales que representa el lava jato (investigación sobre corrupción en Brasil) pueden representar los cimientos para el estado de Derecho en toda la economía brasileña. En muchos ámbitos, copiar a Brasil no es una buena idea; en el avance para la impartición de justicia y la rendición de cuentas, no copiarlos sería condenar a la economía mexicana a avanzar sólo con un motor en lugar de tres.
@eledece
