Más Información
La separación Iglesia-Estado parecía un capítulo cerrado en nuestra historia desde el siglo XIX, pero ha tenido que reabrirse por sucesos del XXI. El 13 de septiembre pasado, el líder del Partido Encuentro Social presentó una iniciativa a través de la cual busca remover las restricciones que actualmente tiene la Ley de Asociaciones Religiosas para que las Iglesias puedan ser concesionarias de radio y televisión.
¿Los argumentos?
1) Que les aplica el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos en lo relativo a la libertad de expresión;
2) Que “nuestra legislación padece anacronismos” como la cláusula limitativa para que las asociaciones religiosas posean o administren por sí o por interpósita persona concesiones para la explotación de estaciones de radio y televisión;
3) Que han violado la ley impunemente: “Nadie ignora que en radio y televisión abierta existe una presencia activa de distintos credos. Contrario a la legislación actual, miembros de asociaciones religiosas pagan para ocupar el espacio radioeléctrico propiedad de la nación”. Y “en estados como Tamaulipas, Tabasco, Guerrero y Chiapas, así como en ciudades fronterizas del norte del país se multiplican las barras nocturnas con programas de Iglesias evangélicas cada vez con más éxito en su audiencia y penetración”.
4) Falta de equidad respecto a los católicos: “Existe disparidad e inequidad, ya que en televisión abierta, las festividades religiosas católicas son las únicas que tienen cabida como las festividades del 12 de diciembre y de la Semana Santa” y agregan: “existe el Canal María Visión que aunque oficialmente tiene un concesionario de la iniciativa privada mexiquense, el contenido de sus programas es exclusivamente religioso”.
5) Que el Estado recibiría beneficios económicos. “Con las Iglesias evangélicas los concesionarios hacen un negocio redondo, venden el espacio a estas asociaciones religiosas que realizan sus propios programas y absorben los altos costos de producción.(...) Sería mejor que ese dinero se quedara en manos del Estado mexicano”.
Concluyen que “negar una concesión a una asociación religiosa por el hecho de ser confesional es un grave atentado contra el artículo 7º constitucional” y que “resulta difícil de entender por qué para las autoridades mexicanas no son compatibles el derecho de profesar una religión y ser ministro de algún culto y acceder al derecho de libertad de expresión y difusión de ideas por medio de la posesión de un medio de comunicación”.
¿Desconocimiento de nuestra historia? No. Más bien, interpretación a su manera. Y continúan: “Son injustificables los impedimentos contra las Iglesias tan sólo por acotar un ‘poder’ sobre las masas.(...) No puede alegarse ni aceptarse que el ejercicio de la libertad de expresión religiosa, a través de los medios masivos, dependa de las fortunas, del laicismo del siglo antepasado, del poder político o de miedos infundados al afirmar que otorgar concesiones sería comprometer al Estado Laico”. ¿Miedos infundados?
Son fundados sobre todo si revisamos nuestra propia historia y la reciente de Brasil y Colombia con la influencia de la Iglesia evangélica en la destitución de Dilma y con el NO a la paz.
La paradoja consiste en exigir derechos propios para la negación de derechos de otros. Son claras sus posiciones respecto de los derechos de las mujeres y las distintas expresiones de la diversidad sexual. Así, han emprendido por todos los medios hasta ahora a su alcance, una ofensiva contra lo que llaman “ideología de género” oponiendo la fe a la razón y el dogma a la ciencia.
La iniciativa no tiene viabilidad porque la Constitución tiene acotado el marco regulatorio de las Iglesias; sin embargo, la sola intención enciende ya una alerta.
Directora de Derechos Humanos de la SCJN
