Constituyentes

En las últimas semanas los habitantes de la Ciudad de México hemos experimentado —¡y sobrevivido!— a altísimos niveles de contaminación. El pasado miércoles, por sólo ocho puntos Imeca nos salvamos de pasar a la Fase II de Contingencia Ambiental. Si hubiésemos llegado a los 200 puntos, dejarían de circular la mitad de los autos (divididos por placas pares o nones), se suspenderían actividades en oficinas públicas, escuelas, centros deportivos y hubiera habido hasta reducción de 60% de la industria más contaminante.

Queda claro que hay que hacer algo. O muchas cosas. Medidas urgentes, sin duda, pero también las de diseño a mediano y largo plazo que permitirían que esto se solucione de manera definitiva.

Ahí es donde entra el tema de la redacción de la nueva Constitución. Recuerden, no se trata de hacer políticas públicas ahora, o leyes específicas, pero sí de diseñar el marco legal y de organización (muy importante) para proponer soluciones a problemas, enunciar derechos que luego deberán ser protegidos y exigidos.

Elegí a tres candidatos al Constituyente de diferentes partidos (los tres reconocidos por su trabajo en el tema) para que me respondieran a una pregunta puntual: ¿qué hay que poner sí o sí, desde su punto de vista, en la Constitución para solucionar el problema de la calidad del aire? Lo contestaron Enrique Provencio, del PRD; Gabriel Quadri, de Nueva Alianza y José Luis Luege, del PAN.

Los tres coinciden en algo obvio (pero que se ha olvidado por los gobiernos en los últimos años): que debe haber una propuesta decidida por el transporte público no contaminante. Otra cosa en la que coinciden es que, de diferentes maneras, hay que hacer que el “derecho a un medio ambiente sano” sea exigible de alguna manera; que hay que trazar —o rescatar— planes de largo plazo porque, aunque queramos, el problema de la contaminación no se puede resolver aquí y ahorita con un abracadabra. Los tres hablan de diferentes organismos autónomos o técnicos que supervisen el tema.

Ahora, ¿cómo hacer esto posible? Ahí sí hay diferencias.

Enrique Provencio: un organismo autónomo de evaluación de políticas. El “derecho al medio ambiente sano” es un derecho difuso: no hay un responsable único y hay muchas dificultades para hacerlo cumplible, me explica Provencio. Entonces, lo que hay que hacer, además de reconocer el derecho en la Constitución, es buscar la forma de hacerlo exigible (que es también uno de los grandes temas de toda la Constitución: si hacemos un catálogo de derechos sólo sería una vacilada).

“Creo que la Constitución debe plantear que queremos una Ciudad con transporte público no contaminante, con zonas peatonales. Eso no está en ninguna Constitución de estados ni en la federal. Si la Constitución lo dice expresamente, luego la ley lo tendrá que establecer con políticas concretas para que los presupuestos de la Ciudad no abandonen el transporte público”, dice.

Una de las sorpresas de esta contingencia, recordó, fue esta contestación brutal de la Secretaría de Hacienda a la petición de Miguel Ángel Mancera de un apoyo para renovar microbuses. Lo mandaron a volar y le pidieron que encontrara otras fuentes de financiamiento.

Provencio plantea recuperar planes a largo plazo, como Proaire, pensado de 2012 a 2020 y que tiene medidas concretas que hoy no se aplican y que nadie recuerda. Ahí entra el problema: cómo lograr que este plan u otro se cumpla.

Para éste y otros proyectos, Provencio plantea que haya un organismo autónomo de evaluación externa de políticas publicas. Si ya existe Evalúa (aunque ahora depende de la Secretaría de Desarrollo Social) habría que ampliarlo y darle autonomía para que revisara el cumplimiento de todas las políticas públicas.

Gabriel Quadri: recuperar instituciones técnicas, quitárselas a las mafias. Critica la desaparición de dos instituciones en los últimos años que plantea recuperar con un punto de vista técnico y alejado de lo que llama “movimientos clientelares” y de plano, “mafias” (para que vea que no sólo los de Morena hablan de mafias). Se refiere en particular a Covitur (Comisión de Vialidad y Transporte Urbano), que hacía planeación del transporte público a largo plazo y a Servimet —Servicios Metropolitanos, ésta aún activa pero con miras a desaparecer—, una inmobiliaria del gobierno para desarrollar proyectos urbanos.

“Hay que tener políticas claras de calidad del aire. Desde hace 15 o 20 años no las tenemos. El tema ambiental es el resultado de lo urbano y del transporte”.

¿Cómo hacerlo? Dos cosas: tener una unidad técnica a cargo de gente respetada que monitoree la calidad del aire. Y que hay que dar el transporte a empresas, públicas o privadas, pero empresa con planes a largo plazo. Propone hacer eso con el Metro, RTP, microbuses. Para él esto contribuiría a garantizar transparencia y rendición de cuentas.

“Insisto en lo técnico: estos gobiernos se han caracterizado por saturar de políticos improvisados áreas técnicas de la Ciudad. La Constitución debe hacerlo: su objetivo debe ser crear nuevas instituciones con visión de futuro”.

José Luis Luege: corresponsabilidad de la Federación, CDMX, APP. Crear una Agencia de Desarrollo Metropolitano, responde Luege. Debe pertenecer a su consejo no sólo la Ciudad, sino la Federación (finalmente somos la capital), el Estado de México y también ciudadanos. Esta agencia se encargaría no sólo del transporte, sino del reordenamiento urbano.

Hay que crear organismos públicos descentralizados, con autonomía de gestión, que manejen el transporte público (también el tema del agua). Apostar, sin duda, por el Metro, por la sencilla razón de que puede mover mucha más gente. Tratar de reducir el inhumano tiempo que pasan muchas personas en transporte público —2 o 3 horas para llegar a algún lado— y usando hasta tres sistemas de transporte.

Como la Ciudad no puede con todo y la inversión para el transporte requiere miles de millones, también hay que apostar por las asociaciones público privadas (APP), que ya están en la Constitución.

Le digo que aquí grupos de izquierda clamarán: ¡Privatización! Y él responde, seguro: “Desde Cuauh-
témoc Cárdenas hasta Mancera tienen condicionados muchos esquemas, como el agua…”.

La visión de la Ciudad de México debe plantearse, mínimo a 30 años. Un Plan de Movilidad que trascienda sexenios.

Y mientras tanto, en #CDMXyDiscapacidad. Esta semana Enrique Peña Nieto hizo un evento ante el octavo aniversario de la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad. No es tema de esta columna en particular (puede leer lo que opino aquí: http://www.eluniversal.com.mx-/entrada-de-opinion/columna/katia-dartigues/nacion/2016/05/4/epn-y-los-pendientes-sobre-discapacidad), pero lo que sí me queda claro es qué lejos estamos del cambio de paradigma que propone ese tratado de derechos humanos. A nivel nacional y también en la Ciudad.

Arrancamos en redes —Twitter y Facebook— preguntando: “¿Cuál es la principal barrera a la que se enfrentan las personas con discapacidad en la Ciudad de México?”, con el hashtag #CDMXyDiscapacidad.

Hubo muchas respuestas, pero me llamó mucho la atención que bastantes se centraban en el poco respeto hacia ellas, la falta de civismo, la exclusión y discriminación y luego temas puntuales como accesibilidad, educación inclusiva, acceso a empleos. Ustedes, ¿cuál creen que es la principal barrera?

Esta próxima semana, el miércoles 11, de 11 a 1 pm, tendremos una reunión en Confe (la Confederación Mexicana de Organizaciones a Favor de la Persona con Discapacidad Intelectual). Es un conversatorio para hablar de las propuestas de campaña y enriquecerlas. Si quieren asistir, están invitados; favor de mandar un correo para que los tomemos en cuenta.

Hoy participo en una caminata que organizan la misma Confe y Kadima llamada “Héroes del camino. Corre por ti, camina conmigo 2016”, en el Bosque de Chapultepec. Ojalá nos veamos por ahí.

El próximo viernes 13, el Instituto Nacional Electoral y Conapred firmarán un convenio. Habrá que hablar en ese marco de cómo garantizar elecciones para todos: casillas accesibles el próximo 5 de junio, que personas con todo tipo de discapacidad puedan votar. La semana pasada el Consejo del INE ya aprobó la papelería que se utilizará ese día, entre ella, la mascarilla en sistema Braille para que las personas con discapacidad visual puedan también votar en secreto.

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