Escribo esta columna en el Día Internacional de los Derechos Humanos, 10 de diciembre, sin tener claridad de qué pasará con el dictamen de la comisión que revisa precisamente los derechos enunciados en la Constitución de la Ciudad de México, y a la cual pertenezco.
El plazo terminó justo este sábado a la medianoche, y la comisión en pleno estaba citada para votar y dictaminar a las 20 horas en el Palacio de Minería. Es decir: formalmente tuvimos cuatro horas para revisar las 10 mil 402 palabras (en 10 Artículos y 7 transitorios) que contiene el proyecto que nos entregaron apenas el miércoles 7 por la noche.
¿Por qué si entregaron el proyecto de dictamen (que se hace después de que, al menos en teoría, se revisaron y discutieron las más de 300 iniciativas de constituyentes y las más las 589 iniciativas ciudadanas) desde el miércoles nos reunimos hasta el sábado? ¿Por qué esperamos hasta pocas horas antes de que el trabajo de la comisión, como en el cuento de Cenicienta, se nos convierta en calabaza?
Así se hace en los parlamentos y hay razones: se tienen que dar 72 horas para que los constituyentes revisen el texto propuesto y hagan sus “reservas”, es decir, cambios que se propone (o se insiste) que se hagan al texto. Para prepararse para la discusión.
Es decir, para cuando usted lea esta columna el dictamen debería ya estar (probablemente aprobado en la madrugada). También puede ser que aún sigamos discutiendo. O que ya se haya decidido que no habrá dictamen.
¿Cómo es posible que sean tres opciones diferentes? Las explico:
1) Quizá se aprobó en tiempo y forma: para esto se tendría que lograr un acuerdo de todos los partidos y algunos externos, fuera de la comisión, antes de que lleguemos. Se dice “planchar” las cosas en el argot político y es muy común: se acuerdan las cosas en mesas paralelas, de manera no pública, entre cúpulas… y se espera a que nadie rompa el acuerdo.
2) Que sigamos discutiendo. Ya ha pasado en otros congresos: se declara detenido “el reloj legislativo”. Podríamos seguir discutiendo —hasta varios días más— aunque formalmente, para el resto del mundo, se haya acabado el 10 diciembre. Una medida que haría palidecer de envidia a Roberto Cantoral, quien escribió Reloj, esa canción que dice “Reloj, no marques las horas/ porque voy a enloquecer”. Si así es, supongo que me encontrará acampando en el Palacio de Minería.
3) Que no haya dictamen. Es la opción más radical, pero que contempla el reglamento de la Asamblea Constituyente. ¿Entonces, que pasa? Bueno, la mesa directiva retoma el documento que presentó Miguel Ángel Mancera, tal cual, para su discusión en el Pleno.
O también puede ser una mezcla de la tres con la uno. En pasados días he escuchado en voz de distintos actores importantes de la Asamblea Constituyente, de varios partidos, las tres opciones. Lo cierto es que en esto del trabajo parlamentario es clarísima la máxima de Yogi Berra, el beisbolista famoso por sus frases: “Esto no se acaba hasta que se acaba”.
Y aún con dictámenes, obvio, tampoco acaba… Ya después seguirá la discusión, transmitida por internet, artículo por artículo en el Pleno. Hasta que llegue otra fecha límite donde la Asamblea completa se volvería calabaza: el 31 de enero de 2017 a la medianoche.
¿Y qué contiene el proyecto de dictamen de Carta de Derechos? No es un mal proyecto de dictamen, la verdad. Se precisaron muchas cosas, se sacaron otras. Sobre todo se menciona mucho la Constitución federal.
Pero, ¿sabe cuál es la cosa que al menos yo he notado que ha provocado más polémica? Que los derechos de los animales, previstos en el proyecto en el Artículo 14, inciso I… ¡desaparecieron!
Se prevé que estén en la Constitución, sí, pero alguien consideró (no fue ningún constituyente mediante una iniciativa pública) que quedaban mejor en la comisión de Ciudadanía, en los “deberes” de los humanos.
Mi cuenta de Twitter está tapizada de mensajes enojadísimos; es muy impresionante la movilización y apoyo del “movimiento animalista”. Mi compañera, también externa por el PRD, Elena Chávez, está cabildeando con todo. La apoyamos muchos. Ella había logrado un consenso, aunque largo, de redacción con diputados del Partido Verde y el PRI.
Pero hay muchos más cambios: se sintetizó el capítulo de Educación (redactado por Porfirio Muñoz Ledo); se pasó a esta comisión todo lo relacionado con la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Se matizó que pueden proponer (y no decidir) sobre contenidos. Las escuelas públicas coincidirán con los horarios laborales (aunque sujeto a un transitorio). Ya no se asegura el acceso a internet , sino que se fomenta; aunque sí habrá acceso gratuito en espacios públicos. Se añade el derecho al deporte.
Sí está el derecho a un “ingreso básico universal” que se garantizará de manera progresiva atado a recursos disponibles. Se precisa que se establecerá en leyes y normas.
Se crea, además, del Derecho al Cuidado, un sistema público para desarrollarlos; se precisan apoyos para personas y familias que tengan a su cuidado niñas, niños, adolescentes o personas enfermas o con discapacidad.
El Derecho a la Salud se matizó también: al más alto nivel “posible”. Se habla, ahora sí tal cual, de “derecho a una muerte digna” (provocará mucha polémica).
Salió todo el tema de cannabis (hasta que no haya una ley federal se considera que podría declararse inconstitucional). También todo apartado sobre personas trabajadoras no asalariadas, que se redujo al mínimo. Fuera quedó el controvertido “derecho al desarrollo urbano equitativo, estético, armónico y sostenible” (parte estaba ya en Desarrollo Sustentable) y también el tema de la prohibición de los desalojos.
También salió la redacción que pedía considerar la prostitución como un trabajo voluntario. Es un tema fuerte y en el que no hay consenso, ni entre grupos de feministas.
El tema de derechos de personas con discapacidad está bien, aunque puede aún mejorarse en otros apartados. Hay varios lugares para hacerlo. Ya tengo redactadas mis reservas (de eso y de otras cosas: es increíble que la sociedad civil esperemos hasta el último momento para pedir esto a diputados y diputadas; tenemos que aprender a reaccionar más rápido). También está la creación de un Sistema Integral de Derechos Humanos, que propuse. Se trata de una institución que lograría que los avances se midan, y sobre todo que todas las instituciones que trabajan en el tema de manera aislada y las autoridades se sienten en una misma mesa para alinear estrategias.
Notas varias. —El tema de la “plusvalía” se re-redactó. Muy impresionante cómo algo que jamás estuvo creció (¿fue impulsado por intereses o por mero desconocimiento?) en la imaginación de la ciudadanía hasta volverlo “el” escándalo del Constituyente hasta ahora. No, no era ni será jamás para la clase media, más bien para desarrolladores; tampoco se trata de “decomisar” ganancias, sólo de contribuir al desarrollo de la ciudad —algo que ya se hace— y con transparencia.
—A la comisión de Pueblos y Barrios Originarios llegó el viernes por la tarde, como un integrante más del PAN al que tenían derecho pero no habían designado, nada menos que Santiago Creel. Al cierre de esta columna estaban en el proceso de terminar su dictamen. No se aprobó en lo general, así que van artículo por artículo y al final se votará en lo general.
—Felices acabaron los integrantes de la comisión del Poder Judicial. Se creó otro organismo autónomo para la defensa gratuita de las personas. La Comisión de Derechos Humanos tendrá un poco de más atribuciones.
—Que sepa (aunque quizá son más) fueron dos los presidentes de comisiones aplaudidos al final de sus trabajos: Enrique Provencio, de Desarrollo Sustentable, y Enrique Jackson, de Principios Generales.
Hablando de Principios Generales y de lo que pasa en el último momento: fue muy interesante ver —como bien dice Yogi Berra— cómo en la última reserva, cuando se pensaba que todo había acabado, Ernesto Cordero presentó una reserva y la pasó por unanimidad.
Se trata de etiquetar 2% de los ingresos de la Ciudad para las Alcaldías. Tendrán que usarlas en inversiones de infraestructura y servicios. Representa, ojo, si fuera este año, algo así como 2 mil 700 millones de pesos.
Dolores Padierna reclamó que lo mismo ha pedido la Ciudad a la Federación (un porcentaje mínimo que se respete y crezca; en la Constitución de la Ciudad no quisieron ni poner que el fondo de capitalidad era una obligación) y que siempre se lo han negado incluso cuando Cordero era secretario de Hacienda.
No es lo mismo ser de oposición que estar en el gobierno, me queda claro.
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