Constituyentes

“Ojalá y así votemos la Constitución”, dijo desde su lugar en la Mesa Directiva Alejandro Encinas. Hubo risas en el Pleno de la Asamblea Constituyente. Acabábamos de votar, el viernes pasado, una reforma más al reglamento interno y la votación fue por unanimidad absoluta de los 77 diputados y diputadas presentes. ¿En qué consiste ahora el cambio? Aumentamos el plazo diez días para que las ocho comisiones entreguen su dictamen: del 30 de noviembre al 10 de diciembre.

Diez días de aire para acabar de discutir y votar en comisiones donde debe pasar por mayoría simple. Luego, bien guadalupanamente (no está de más pedir una intercesión) comenzaremos a discutir artículo por artículo en el Pleno. Ahí tiene que pasar por dos terceras partes, que no será sencillo; a eso se refería Encinas.

Los dictámenes van muy atrasados, con excepciones. La comisión que ya tiene casi todo listo es la de Buen Gobierno y Combate a la Corrupción, donde hubo mucho consenso desde un principio. La más atrasada sin duda es la de Carta de Derechos. Lo es también porque recibió 598 propuestas ciudadanas (todas ya revisadas en una primera lectura) además de más de 300 iniciativas de reforma por constituyentes.

Los escándalos de la semana: la SCJN, el presupuesto y el folleto. Hay que reconocer que Morena es un partido tenaz y no ha quitado el dedo del renglón de los constituyentes designados por las Cámaras. No están de acuerdo y hay razones. Tan es así que Javier Quijano y Baz ya logró que el tema sea atraído por el ministro Arturo Zaldívar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Aunque la integración está establecida así en un transitorio de la reforma constitucional al Artículo 122, es un tema interesante a discutir en la Corte por tres cosas básicas (y que serviría para fijar criterios ante tantas reformas): ¿se puede impugnar una reforma a la Constitución?, ¿cuál es el valor de los transitorios constitucionales? ¿cómo se valora una reforma en la lógica con otros preceptos, también constitucionales, como por ejemplo, cuando se contradigan?

En el Pleno del viernes, Quijano incluso dijo que ellos llevarán una cuenta de los votos de todo en la Asamblea sin tomar en cuenta a los 28 diputados y senadores.

—Quiero anticipar que nosotros vamos a llevar nuestra propia lista y nuestro propio conteo de votos, porque en nuestra opinión este amparo prosperará y habremos trabajado de balde (con) los que han emitido su voto, que no pueden votar. Llevaremos este conteo para los efectos de presentarlo a las autoridades judiciales en su momento.

Y como bien dijo Encinas, ante el criterio de la Corte solo habrá que allanarse. A ver qué pasa.

Jaime Cárdenas también puso el dedo en la llaga, como todos los días. Ya es costumbre que él abra la Asamblea. Ahora se trata de un caso ventilado por la prensa y que no ha tenido una explicación adecuada. Y es que hubo más de 61 millones de pesos destinados al presupuesto de la Asamblea Constituyente que nadie ha visto y que estaría en poder de la Consejería Jurídica del gobierno capitalino; transferencias hechas en junio y septiembre que acá nadie ha visto y que contradicen el presupuesto de 20 millones que se votó apenas hace una semana. ¿Y ese dinero?

Otro tema fue uno que presentó María Esther Scherman, del PRI. Un folleto que se está repartiendo en la Ciudad de promoción de los contenidos propuestos de la Constitución por el jefe de Gobierno. En color rosa CDMX y con apartados que rezan “Mi Constitución dice…”, como si ya estuviera acordada y votada. Termina con una gran cita a página completa de Manuel Granados, como secretario técnico del Grupo Redactor y las firmas de todos ellos y ellas, más la de Juan Ramón de la Fuente y los nombres del grupo asesor externo.

Uno hubiera entendido que este folleto se distribuyera el 15 de septiembre, pero… ¿ahora?, ¿a más de dos meses?, ¿con qué sentido?

El viernes, en el Pleno, compañeras de todos los partidos (y un integrante del Partido Verde, que sólo tiene hombres) hablaron del Día Internacional Contra la Violencia de Género. Mal le fue a Luis Enrique Miranda, secretario de Desarrollo Social quien acababa de decir a una diputada de Morena, Araceli Damián, que necesitaría a una “psiquiatra” para entenderla.

El derecho a la vida, a discusión. En la comisión de Carta de Derechos tenemos temas espinosos. Y ya comenzamos a discutir sobre ellos esta semana. Ya había dos iniciativas —de Aida Arregui, del PES y de Cecilia Romero, del PAN— para hablar del derecho a la vida en el Artículo 8, pero también hay otras más en el Artículo 10-A, sobre la “Autodeterminación personal”, en donde se propone que la persona puede “disponer de su propio cuerpo”.

Por quitar esta línea está, al menos, una iniciativa de Santiago Creel. Lisbeth Hernández Lecona (quien pide se proteja la vida “a partir del momento de la concepción”) y una también del Partido Verde que propone proteger la vida “desde el momento de la fecundación y hasta su muerte natural”.

Contrario a esto, por ejemplo, está una de Jesús Ortega quien pide reconocer el “ejercicio de su derecho humano a una ‘buena muerte’ a través de la eutanasia activa”. Y otra de Gabriela Rodríguez quien pide precisar en derechos sexuales: “Las mujeres de todas las edades tienen derecho a una maternidad segura y voluntaria”. Más allá se fue René Cervera, quien propone con todas sus letras “las mujeres tienen derecho a decidir de forma personal y voluntaria sobre la interrupción de su embarazo antes de las doce semanas de gestación”.

En la sesión de este sábado se tocaron estos artículos. Y qué lastima que no pudo ir, por otros compromisos, Olga Sánchez Cordero, la ministra de la Suprema Corte en retiro que siempre está al pie del cañón. Su exposición cuando se dio la discusión en el Artículo 8 fue muy clara: hay una sentencia de la SCJN ya con respecto al tema cuando se discutió la inconstitucionalidad de la interrupción del embarazo en la Ciudad; además que respetar la vida “hasta la muerte natural”, por ejemplo, haría casi imposible cualquier donación de órganos ya regulada en la Ley General de Salud.

Creo que quedara la redacción original o mejorada a favor de las mujeres en comisiones por mayoría, pero sí se volverá a abrir vía reservas, varias, en el Pleno. Hay también propuestas ciudadanas que piden lo mismo.

Una preocupación adelantada. Si esta Constitución se va a referéndum (como debería) y si por este tema hay movilización de la Iglesia y grupos de derecha, ¿seremos más los que salgamos a votar y defendamos un derecho ganado?

Ya hay un calendario que ayer se propuso. De ayer al miércoles 30 se acabarán de discutir artículos. Se entregará proyecto de dictamen el sábado 3 y las votaciones rumbo al dictamen serán 6, 7, 8 y 9 de diciembre.

Un Sistema para la Igualdad Sustantiva, dientes para la CDHDF y personas con discapacidad. En lo personal, yo voy cabildeando mis 6 iniciativas. Las que agregan principios a la Constitución como “accesibilidad y diseño universal”, la que precisan más derechos ya dados en la Convención del tema a personas con discapacidad van bien. Estas dos iniciativas y otra, que obligaría a traducir la Constitución una vez que esté a formatos accesibles fueron firmadas por más de 60 constituyentes de todos los partidos, incluyendo los coordinadores, menos Bernardo Bátiz.

Pero tengo otras dos. Una es hacer un Sistema para la Igualdad Sustantiva de todas las personas en la Ciudad que lograría que se creara una política transversal para avanzar en el tema. Es una mesa en donde todas las autoridades, los organismos autónomos del tema, las instituciones especializadas y un componente importante de sociedad civil se sentaran para alinear estrategias. Busca que dejemos de crear islas y hagamos un sistema para este derecho que, junto con la dignidad, es el espejo de los Derechos Humanos.

La última iniciativa busca que la CDHDF tenga más “dientes”, que pueda poner sanciones, por ejemplo. Que se verifique el cumplimiento de sus recomendaciones. En esto hay varias iniciativas que piden lo mismo como la que presentaron Ana Laura Magaloni, Jesús Ortega y Armando Ríos Piter; otra de Mariana Gómez del Campo. Pero hay una enorme resistencia a repensar una institución que no está funcionando como debería.

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