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Podría ser el próximo 7 de noviembre, cuando el ministro Alberto Pérez Dayán someta a discusión del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación un dictamen controvertido. Es la acción de inconstitucionalidad que promovieron tanto el PRD (en tiempos de Agustín Basave) como Morena (siempre de Andrés Manuel López Obrador) sobre una ley que reglamenta el “derecho de réplica” a medios de comunicación. Un tema de libertad de expresión.
¿Qué es el derecho de réplica? Es cuando una persona puede responder a un medio de comunicación cuando algo de lo que publicó le parece que está mal, en pocas palabras. La ley que se publicó en noviembre de 2015 establecía, en su artículo 3, esto:
“Toda persona podrá ejercer el derecho de réplica respecto de la información inexacta o falsa que emita cualquier sujeto obligado previsto en esta Ley y que le cause un agravio”.
Dayán —al menos eso dice una larga nota de EL UNIVERSAL que tuvo acceso al proyecto que no es público aún— estaría a favor de dar el derecho de réplica (en esta ley que reglamenta el Artículo 6 Constitucional) no sólo cuando se trate de “información inexacta o falsa”, sino con cualquier tipo de información… aunque con un candado: sólo se procedería y sancionaría cuando se publique información inexacta, falsa, que vejen o sea agraviante (que humillen, injurien a la persona en cuestión), tal y como lo ha determinado la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Lo interesante también de la resolución del ministro gira en que, en tiempos electorales —¿será que ya vislumbran cómo vienen las campañas presidenciales de 2018?— y cuando se trate de esto, las resoluciones en torno a información publicada, se tomarían en el Instituto Nacional Electoral o en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Por citar un ejemplo, ¿qué pasaría con toda la información falsa que se ha vertido en contra de AMLO? ¿El presunto auto de lujo de su hijo, su casa en Las Lomas o hasta su presunta ebriedad al hablar de El Quijote en el Festival Cervantino?
Coincido con Jorge Islas en su artículo El derecho a decir la verdad publicado ayer en EL UNIVERSAL. Antes que leyes que pudiera parecer que atentan en materia de libertad de expresión, debemos pensar en mecanismos internos de autorregulación —no de censura previa— en los medios de comunicación, como lo han hecho Estados Unidos e Inglaterra. Incluso en común acuerdo entre autoridades, medios de comunicación y sociedad.
Sí, suena bien. Lo malo es que no lo hemos hecho como medios y me refiero a un esfuerzo gremial, contundente, más allá de esfuerzos de algunos en particular. Conozco hasta medios (no en el que escribo esto) que tienen un código de ética ejemplar que regula todo esto, pero no es un documento público. ¿Así cómo? Sin duda hace falta reforzar los mecanismos internos en materia de ética entre medios electrónicos, impresos y también los digitales.
Por ejemplo, en Canal Once, en materia de autorregulación de sus contenidos se tiene la figura de Defensor de la Audiencia. Se tienen 8 códigos en esta materia para sus contenidos, tanto de sus programas, por ejemplo para Diálogos en Confianza, como para sus contenidos en internet.
Canal 22 cuenta con su propio Código Deontológico. En MVS, durante la etapa en que Carmen Aristegui encabezaba el noticiero matutino se creó la figura de ombudsman-defensor de la audiencia, figura que desapareció en agosto de 2015, después de los conflictos internos con la periodista.
¿Sabe cuántos medios de comunicación, de más de 3 mil, en el país tienen su propio código de ética? Unos 34, entre ellos, EL UNIVERSAL, según documentó hasta 2013 Omar Raúl Martínez en la Revista Mexicana de Comunicación.
Hay que aceptar que tenemos un atraso sustancial con respecto a otros países y que también tenemos que dar, y desde hace tiempo, un debate pendiente: cuáles son los límites, si los hay, con la libertad de expresión. Propongo uno: la frontera con otros derechos, sobre todo el de la no discriminación. Hay más.
Por citar un ejemplo, en el sitio de internet EthicNet se pueden consultar los 62 códigos de ética de 46 países europeos: http://ethicnet.uta.fi/
Ayer Guillermo Padrés faltó a la audiencia programada con la Comisión Anticorrupción del PAN, que preside Luis Felipe Bravo Mena. Vía una cartita expresó que no acudiría “so pena de ser aprehendido y exhibido públicamente en beneficio de intereses políticos espurios”. Fíjese nomás.
En el PRI, hoy está citado Javier Duarte ante la Comisión de Justicia Partidaria donde analizarán su expulsión. La gran pregunta es si el gobernador con licencia se presentará.
Ayer la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador sufrió un tambaleo, una ligera abolladura. Algunos dirán que la bandera de “honestidad valiente” de Morena por estos días ondea a media asta.
El Universal dio a conocer una serie de llamadas telefónicas, donde César Yáñez, vocero y cercanísimo por muchos años de AMLO, solicita a autoridades de Puebla –al Fiscal estatal Víctor Carrancá, vía su secretario de Apoyo Técnico, Rodolfo Alducín-- su intervención para la liberación de Dulce María Silva Hernández, su actual pareja.
Ella fue detenida el 10 de marzo pasado, por presuntamente realizar operaciones con dinero de procedencia ilícita, en la modalidad de ocultamiento de bienes, a Grupo Inmobiliario Verhome, encabezada por Edmundo Tiro Moranchel.
Silva Hernández habría sido una especie de prestanombres para que propiedades de Tiro Moranchel –detenido desde 2010-- no fueran confiscadas por autoridades, ante las denuncias de personas defraudadas por esa inmobiliaria.
A Yañez, hay que decirlo, no se le escucha pedir nada ilegal, pero sí interviene por ella. Más allá de las llamadas, que reconoce, la mujer sigue en la cárcel…aunque aún no tiene sentencia.
En los audios, Carlos Meza, quien sería abogado del senador poblano Manuel Bartlett, y quien fungió como intermediador con el gobierno poblano, comenta con César la posibilidad –ojo, posibilidad—de un “cambio de fichas”: que AMLO dejara de madrear al gobierno poblano, encabezado por Rafael Moreno Valle, y así lograr la liberación de Dulce María. ¡Cómo!
--Van a cambiar una ficha pendeja por que usted no les raje la madre, pues está a toda madre.
Por lo entendido en la grabación, Barlett incluso fue quien habló con Diódoro Carrasco, actual secretario de Gobierno. Él no lo ha confirmado.
--Esa llamada que Barlett nunca hubiera hecho sino es por el Jefe tuyo, no la hubiera hecho nunca-- le dice Meza a Yáñez.
En las grabaciones se infiere que se intentó llegar a un acuerdo para liberar a Dulce María vía el pago, supongo legal, de 10 millones de pesos. Yañez dice que AMLO lo regañó por no haberle dicho antes del caso.
Ups.
Que será “factor de unidad en el PAN y la unidad la vamos a construir entre todos”. Que hoy está enfocado a ser líder de los panistas, después vendrán las definiciones. Eso dice desde hace tiempo Ricardo Anaya todo el tiempo.
Lo cierto es que parece que en su partido no le creen y ya nació el TUCRI: Todos Unidos contra Ricardo.
Le hago un resumen ejecutivo. Sucede que 18 panistas publicaron el desplegado “Tutelen la unidad de nuestro partido, garanticen la imparcialidad y cumplan sus obligaciones”, donde hacen ver que su líder nacional juega con doble cachucha: es líder nacional y quiere ser candidato presidencial en el 2018,
Denuncian que utiliza las prerrogativas del partido “en beneficio de ese proyecto personal, a través de medios cuestionables e incurriendo en un grave conflicto de interés”. Que esos recursos deben utilizarse para el interior del partido y no para “beneficio de ese proyecto personal”.
Entre los abajofirmantes están Roberto Gil Zuarth, Ernesto Cordero, Alberto Cárdenas Jiménez, Eufrosina Cruz, José Luis Luege, José Guadalupe Osuna Millán, Jorge Camacho, bueno, ¡hasta Gustavo Madero!
La cereza en el pastel preelectoral panista la puso ayer el ex presidente Felipe Calderón, quien ayer escribió en su cuenta de Twitter, aunque citando a alguien más:
--La UNIDAD del PAN es vital para el país, la dirigencia de @ricardoanayac está poniendo en riesgo esa unidad: @beto_cardenasj.
¿Neta así insisten en que hay unidad?
Él lo advierte:
--Lo que veo es una gobernabilidad disminuida por las distintas fuerzas que no se sienten incluidas, y que juntas se saben mayoría, en un presidencialismo planteado desde el siglo XX, con partido hegemónico: Manlio Fabio Beltrones, ex líder nacional del PRI. Reitera que si en el 2018 el ganador no obtiene más del 42 por ciento de los votos, debería buscar un gobierno de coalición.
