Constituyentes

El tiempo está encima de la Asamblea Constituyente y el calendario está apretado. En pocas palabras, el plan es éste: resta sólo lo que queda del mes, ocho días, para presentar iniciativas de cambio al proyecto de Constitución (por los diputados y diputadas; también por la ciudadanía).

Durante noviembre se discutirá el contenido específico en cada una de las comisiones que se instalaron esta semana. Ahí se hará el primer filtro de cambio. Se hará un dictamen artículo por artículo que debe pasar por el voto de la mayoría y se irán turnando al pleno.

Quedan sólo diciembre y enero para discutir en el Pleno también artículo por artículo. Se seguirá el procedimiento conocido: se votará en lo general y luego se reservarán artículos o en este caso numerales e incisos. Serán sesiones maratónicas.

Todas las comisiones ya se instalaron a inicios de la semana pasada. Una de ellas —la de Carta de Derechos— ya tuvo incluso una sesión extraordinaria además de su instalación para crear cinco subcomisiones de discusión. Se acordó también que en estos días que quedan de octubre se citará a audiencias públicas por las muchas propuestas que se han recibido de la ciudadanía.

Hasta el momento hay 68 iniciativas de constituyentes y grupos parlamentarios y 45 de la ciudadanía. En esta última semana seguramente serán muchas más. Al menos 11 de esas son de un hombre llamado Juan Manuel del Río Contreras, quien ha mandado propuestas muy diversas: lo mismo ampliar Ecobici, que obligar a servidores públicos a usar transporte publico una vez a la semana, congelar rentas, multar a servidores públicos que no atiendan a ciudadanos y también a ciudadanos que abandonen a adultos mayores.

Hay de todo en las propuestas que hacen llegar los habitantes de la Ciudad. Lo mismo considerar la segunda vuelta en elecciones, que tomar en cuenta proyectos alternativos de Constitución, agregar el “derecho al silencio”, y muchas que piden otros nombres para la Ciudad de México, incluso regresar a DF hasta por razones numerológicas muy curiosas.

Dos días de audiencias públicas. La Comisión de Carta de Derechos, que revisará los artículos 8 al 19, es la que más propuestas ciudadanas ha recibido. Es la enorme mayoría, seguida por la de Principios Generales. Este título es también el que más críticas de la opinión pública ha recibido y que sigue suscitando debates en el Pleno.

Esta misma semana habrá dos días completos de Audiencias públicas: el 27 y 28 de octubre de 10 a 14 y de 15 a 19 horas en el Patio de Xicoténcatl 9, Centro Histórico.

Pueden ver y leer la convocatoria completa en mi página de Facebook, donde también la transcribí para personas con discapacidad visual (http://bit.ly/2eaAl58). En resumen dice que si quieren ir deben registrarse antes del 26 de octubre en el correo electrónico c.carta.de.derechos.accm@gmail.com. Tendrán 5 minutos para exponer su tema.

¿Posible conflicto de interés? Esta semana tuvimos sesión de Pleno el miércoles 19. Jaime Cárdenas, diputado de Morena, pidió la palabra para hacer notar que el presidente de la Comisión del Poder Judicial, Procuración de Justicia, Seguridad Ciudadana y Órganos Constitucionales Autónomos (así de largo es su nombre oficial) es un magistrado con licencia y podría por ello tener conflicto de interés.

Se refiere a Manuel Enrique Díaz Infante de la Mora, uno de los seis designados por Enrique Peña Nieto, quien, efectivamente (está en el acuerdo del Diario Oficial de la Federación cuando los nombró) es actualmente magistrado con licencia de la Tercera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

Díaz Infante, quien fue secretario particular de Miguel de la Madrid, delegado de Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón, entre otros cargos, fue también asesor de Edgar Elías Azar, actual presidente del Tribunal de Justicia del Distrito Federal.

Alejandro Encinas dijo que Cárdenas deberá entregar un documento para que se analice si se puede considerar que hay conflicto de interés.

Es importante decir que el proyecto propone que el Consejo de la Judicatura local (que vigila al Poder Judicial) ya no sea presidido por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia (Elías Azar en este momento) y que sus integrantes sean electos a través del Congreso local… Es un cambio de fondo.

Y los derechos, otra vez. Gonzalo Altamirano Dimas, a nombre del PAN, hizo una propuesta en Tribuna que provocó un debate. Se trataba de una petición al jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, para que diera a conocer un estudio de impacto presupuestario que “permita conocer la factibilidad presupuestal del cumplimiento de cada uno de los derechos y programas plasmados en el documento que formalmente envió el 15 de septiembre del presente año”.

En su exposición, Altamirano Dimas dijo que le preocupaba el cumplimento de derechos, pero sobre todo el de la “renta básica”, así como la creación de dependencias e instituciones.

La polémica fue inmediata. Para decidir si se enviaba o no, como una petición formal de toda la Asamblea, hablaron diputados y diputadas a favor y en contra. Fue muy interesante. Los diputados del PRI no dijeron nada, sólo veían pasar la discusión acalorada entre diputados del PAN, por un lado... y del PRD, Morena y Olga Sánchez Cordero (ministra de la Suprema Corte en retiro y designada por Mancera).

Jesús Ortega fue el primero en calificar la propuesta no como algo inocente, hizo una sola petición de información y criticó:

“Imaginen a Morelos en Chilpancingo, cuando los Sentimientos de la Nación, pensando si tenían recursos para la aplicación de algunos de los derechos que se establecían en esos sentimientos.  Imaginen a los integrantes de la Asamblea Francesa, a los verdaderos liberales, viendo si había recursos para sentar derechos fundamentales como los establecidos en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.

“El derecho a expresarse con toda libertad, diputado Altamirano, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta la libertad de expresión? ¿Cuánto cuesta el derecho al sufragio? ¿Cuánto cuesta el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres y en qué circunstancia vamos a colocar al jefe de Gobierno o a cualquier otro gobernador en cualquier otro Congreso, a que nos diga cuánto cuesta el derecho a elegir de manera libre a los representantes?”. Bertha Luján, de Morena, estuvo de acuerdo “con el orador anterior”. Y argumentó que Andrés Manuel López Obrador no se preguntó eso cuando garantizó programas como la pensión a adultos mayores, preparatorias en delegaciones. Armando Ríos Piter incluso le preguntó al coordinador del PAN, Santiago Creel, si él había pedido un estudio similar cuando fue promotor de la histórica Reforma en Derechos Humanos de 2011 que incluyó, en el Artículo 1º de la Constitución federal todos los derechos que están en los tratados internacionales. Creel explicó que no es porque los diputados panistas estén en contra de los derechos:

“¿Por qué estamos solicitando la información? Es la pregunta que yo quiero venir a responder, que tiene que ver con la alusión del diputado constituyente Ríos Piter. Es por una cuestión muy concreta, muy específica, porque el propio proyecto del jefe de Gobierno es el que condiciona la eficacia de ciertos derechos a la disponibilidad de recursos”, dijo. Carlos Gelista apoyó e incluso Altamirano Dimas pidió que la petición no provocara “tanto enojo”:

“Es absurdo decir que estamos escatimando derechos a la libertad de expresión, como la libertad de tránsito, esos no tienen precio, diputado Ortega, diputado Encinas, sólo el necio confunde valor con precio (…), pero la renta básica va más allá de la defensa para paliar la extrema pobreza”. Ahí está el tema: nadie está en contra de los derechos civiles, pero otra cosa son los derechos económicos, sociales y culturales.

Olga Sánchez Cordero lo precisó al explicar que la Constitución aterriza el Pacto Internacional de Derechos Económicos, sociales y culturales. Sobre el tema de “hasta el máximo de los recursos disponibles” ilustró que es un fraseo de los Principios de Limburgo para aplicar el anterior Pacto. Es más: tomado tal cual de ellos.

Ya nadie le contestó a ella. Se votó y la propuesta panista no pasó, a pesar de que a ella se sumó el PRI y los diputados designados por Peña Nieto, el PES y Nueva Alianza: 48 en contra y 36 a favor.

Fue la primera votación que unió a los grupos de izquierda (incluidos externos y designados) que en esta Asamblea parece, a veces, que están en una lucha fraticida.

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