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Hoy, justo el 19 de octubre, conmemoramos el Día Nacional contra la Discriminación. Hay mucho que se ha hecho, sí, pero falta aún mucho para lograr la sociedad incluyente que deseamos.
Los esfuerzos quedan en papel o en un maravilloso Artículo 1º cuando vemos cotidianamente discriminaciones que violan la Constitución. Hoy dos ejemplos, pero también una propuesta a sumarse.
El domingo pasado, mi amiga Bárbara Anderson, su esposo, Andrés, y sus dos hijos fueron a ¡Recórcholis! de Plaza Toreo. Es un lugar de juegos para niños cuyo misión es “Hacer Feliz a la gente” (eso dicen).
Lucca es un niño de 5 años que tiene parálisis cerebral, es usuario de una carreola y no sostiene aún su cabeza; está aprendiendo, poco a poco y con esfuerzo, a tener control sobre su cuerpo.
Primera discriminación: el elevador instalado en el centro para acceder hace ¡año y medio! que no funciona.
Luego, la negativa de los empleados de este centro de dejar a Bárbara subir con Lucca a un juego. Ya lo había hecho otras veces en otro Recórcholis. El supervisor no tuvo la menor sensibilidad para hacer un “ajuste razonable” (es un término legal, su denegación es discriminación).
Quisieron presentar una queja y el sistema electrónico no funcionaba. Lo intentaron hacer vía telefónica. Nadie contestó. Denunciaron en redes sociales.
Lo peor vino después: una serie de ataques en Twitter contra Bárbara y sobre todo Lucca, sólo por denunciar. Una auténtica shit storm (tormenta de mierda), como dice Byung Chul Han, este maravilloso filósofo surcoreano. No repetiré lo dicho; es deleznable.
El lunes, José Antonio Quevedo Diniz, presidente ejecutivo de ese cadena de centros, se dignó ofrecer una disculpa pública escrita. Que ya tomarán —después de esto— las medidas para que no se repitan estos actos de discriminación. “Llevaremos a cabo las acciones necesarias para volvernos un lugar más inclusivo para niños con capacidades diferentes” dice sin decir exactamente qué y cuándo. Que trabajarán en fortalecer sus “protocolos internos”, que desconocemos (aunque Bárbara los pidió) y promete sensibilizar a todo su personal. ¿Con quién?
Seguiremos esperando su respuesta.
No es una graciosa concesión. Violaron la ley. Basta leer el capítulo II, Medidas para prevenir la Discriminación, del Artículo 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Sí es discriminar:
“XXII bis.— La falta de accesibilidad en el entorno físico, el transporte, la información, tecnología y comunicaciones, en servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público.
XXII. ter.— la denegación de ajustes razonables que garanticen, en igualdad de condiciones, el goce o ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad”.
¿Qué hará la Procuraduría Federal del Consumidor? También a ellos les atañe. Apenas el lunes pasado, su titular, Ernesto Nemer publicaba en su cuenta de Twitter:
—México tiene gran avance en materia de protección a los derechos del #Consumidor a través del trabajo de @Profeco @ildefonsogv @ONU_es.
Pues que lo demuestre. Bárbara, Andrés y Lucca son consumidores.
Ayer se instaló la Comisión de Principios de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Una de las diputadas, también senadora, Yolanda de la Torre, tuvo que subir cargada por tres personas para llegar al lugar donde sería el acto protocolario, en el segundo piso del Palacio de Minería.
¿Por qué? El Palacio de Minería, construido entre 1797 y 1813, sí tiene un elevador, pero es muy pequeño y la silla de ruedas que usa Yolanda no cabe.
¿Alguien le avisa a la UNAM que también tiene que hacer algo por hacer accesibles sus instalaciones a todas las personas?
El argumento de que es un edificio histórico y no se puede, no aplica. Hay que encontrar la manera. ¿O por qué en Francia, por ejemplo, ya es plenamente accesible el Museo de Louvre, que abrió sus puertas en 1793, pero que el edificio que lo alberga tiene una historia que comienza en el siglo XII? Es plenamente accesible desde hace 11 años, en 2005.
Y la propuesta: únase a #SíAcepto. Es una campaña que ayer se lanzó en el Museo Memoria y Tolerancia, de diversas organizaciones de la sociedad civil que trabajan para que todos tengamos los mismos derechos.
Aunque la campaña nace en el contexto del debate sobre matrimonios igualitarios, va mucho más allá en filosofía.
Entre a www.siaceptomexico.com, hay muchas formas de participar. Con propuestas, con argumentos, sin confrontarse.
Para mí es un compromiso claro de por vida. #SíAcepto. Y así será “hasta que la vida nos junte” a todos bajo el paraguas de los mismos derechos. Lo mismo a circular y gozar de los mismos espacios, que a jugar o a amar y casarse con quien uno quiera.
Hace un año, el 19 de octubre de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de vigencia de la Norma Oficial Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación.
En 365 días, a nivel federal, sólo el Instituto Federal de Telecomunicaciones –organismo autónomo--, el Servicio de Enajenación de Bienes, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes han sido certificados. Y esto pese a que el Presidente, les instruyó que todos tenían que hacerlo (bueno, ok, esto lo hizo hasta el pasado 8 de agosto, pero igual… hay que hacerlo).
Hasta el pasado 4 de octubre se tenía contabilizados sólo 22 centros de trabajo, públicos y privados, certificados en todo el país.
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