Algo muy raro sucede estos días con el caso de la Guardería ABC, en Hermosillo Sonora. Imposible olvidar, pero recordaré: ahí el 5 de junio de 2009 murieron 49 niños y niñas en un evento absolutamente prevenible. Unos cien niños y niñas más quedaron con secuelas. La mayor tragedia infantil de la que tenemos memoria en México.

En las últimas semanas se han reactivado las indagatorias para este caso pendiente de justicia y podría haber noticias.

Le explico.

Un nuevo peritaje. Siete años de distancia de lo sucedido y por razones que no quedan claras, la PGR decidió realizar un nuevo peritaje en las instalaciones de la bodega de la Secretaría de Finanzas, que estaba junto a la estancia infantil, y en la cual se inició el incendio.

En agosto pasado, los familiares de los niños fallecidos se reunieron con Laura Flores Cansino, ministerio público de la Federación que se encarga del caso. Le hicieron saber su desacuerdo en realizar el nuevo peritaje, a cargo de la firma LWG Consulting.

¿Las razones? Las condiciones en que se encuentra la zona siniestrada.

Para Gabriel Alvarado, abogado de Manos Unidas, desde septiembre del año pasado, peritos de la PGR removieron parte de las instalaciones. Recuerde que fue precisamente un peritaje hecho en esa zona, realizado por David Smith, experto en fuego, el que sostiene que el incendio fue provocado y hubo aceleradores presentes que lo permitieron.

Pese a ésto, la PGR no tomó en cuenta estos argumentos, y realizaron el estudio. A ver qué dice. A fin de que no hubiera problemas, la zona estuvo custodiada por el Ejército, la Policía Estatal y la Policía Ministerial.

¿Un documento apócrifo? Eso no es todo. En los próximos meses, el Magistrado de Tribunal Unitario que lleva el caso podría dictar sentencia hacia los inculpados. Y aquí surge algo interesante.

El pasado 12 de septiembre, Otoniel Gómez Ayala, abogado de Sandra Lucía Téllez y Antonio Salido, los dos únicos socios que siguen bajo proceso, denunció que días después del incendio, el entonces procurador Eduardo Medina Mora (ahora ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación) declaró que habían encontrado pruebas, documentos de 2005, con las cuales se comprobaría que los socios de la Guardería ABC habían cometido omisiones.

Era un dictamen con el que en el IMSS se denunciaban fallas que tenía esa estancia (entre ellos la famosa lona de circo que estaba dentro de esas instalaciones, muy inflamable que ya se había pedido varias veces que se quitara y no hicieron caso).

El abogado de los inculpados denunció que ese documento es falso, lo cual fue dictaminado en mayo pasado, hace cuatro meses, por el juez primero de Distrito.

Se encuentra en un supuesto oficio, número 23180, que habría sido elaborado por Emigdio Martínez García, quien era el jefe de Prestaciones Económicas del IMSS. Él desconoció el oficio, e informó que su firma fue tomada de un facsímil.

El abogado recordó que el archivo de la Guardería estuvo bajo custodia de la procuraduría estatal y que tanto funcionarios de la PGR, como de la Procuraduría estatal y del IMSS (su entonces director era Daniel Karam), se reunieron en un hotel en Sonora. Aunque no tiene métodos para comprobar, cree que pudieron haberse puesto de acuerdo para elaborar el presunto documento apócrifo.

Hay que aclarar que el juez consideró que era falso el documento; pero sí reconoció las fallas en las cuales incurrieron los socios.

Por otro lado, Julio César Márquez, padre de Yeyé denunció que los abogados difundan esta información justo previo a que el magistrado determine si rectifica, revoca o modifica sentencia. Por qué si desde mayo sabían que era falso, ¿hasta ahora lo hacen público?

Para Gabriel Alvarado, abogado de Manos Unidas, el documento sirvió para que toda la atención se centrara en los socios, dejando de lado la responsabilidad de los funcionarios públicos, entre ellos de la Secretaría de Finanzas, y con ello no se demostraría que el incendio sí fue provocado, y que sí hay responsabilidad por parte de los socios de la Guardería ABC.

No aprendemos. Lo cierto es que parece que no hemos aprendido de esta trágica lección.

A raíz del incendio, el Movimiento 5 de Junio (creado por un grupo de padres) impulsó una nueva Ley de Guarderías, aprobada por el Senado en abril de 2011. Un ejemplo de resiliencia: quisieron que su pérdida no vuelva a pasarle a ningún padre y por ello esta ley que crea y hace obligatorias, entre otras cosas, medidas mucho más seguras de protección civil.

Pues bien, después de junio de 2009 han fallecido 48 niños en guarderías y estancias infantiles. De ellos, 30 después de ser avalada la ley.

En todo el país, 25 estados tienen una ley local de Proteccion Civil y Atención a la Niñez y Adolescencia; y sólo 17 están relacionadas con el contenido de la Ley 5 de Junio.

Después del puente patrio, en el Senado ya comenzaron a desempolvar los pendientes del Sistema Nacional Anticorrupción. El coordinador del PAN, Fernando Herrera ya dio a conocer los borradores de la convocatoria para elegir al Fiscal. Por lo pronto sólo lo tienen los coordinadores de las fracciones parlamentarias. Se espera que este miércoles se llegue a consensos y sea dada a conocer este jueves.

También desde ayer inició la comparecencia de los aspirantes a el cargo de Magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Acudió sólo la primera terna. Recordemos que se renovará el pleno completo, integrado por 7 Magistrados.

Eso sí, ayer un grupo de académicos, entre ellos Sergio López Ayllón y Pedro Salazar Ugarte, entre otros, solicitaron a los legisladores que quienes sean designados “tengan un compromiso con el principio de la laicidad”.

Pese a que Tomás Zerón dejó la Agencia de Investigación Criminal de PGR, su paso por esa dependencia sigue dando de qué hablar.

Por un lado, desde el Senado se solicitó que esa dependencia informen el estatus de la investigación en torno a su actuar. Ya sabe las dudas que desató su presencia en la zona del Río San Juan el 28 de octubre de 2014, casi un mes después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Eso no es todo.

Desde agosto pasado, la Visitaduría General de la PGR consideró que era necesario que Zerón explicara su participación en torno a la investigación de los normalistas, toda vez que no habría realizado los protocolos necesarios. Hasta consideró que era necesario informarlo a la Secretaría de la Función Pública.

¿Qué pasará ahora con Zerón, cuando por designación presidencial es nuevo secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad? Si desde agosto pasado se hizo la observación, ¿qué es necesario para que se aclare?

En torno a Ayotzinapa, este miércoles en las instalaciones de la Normal Rural se reunirá Jan Jarab, representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con padres y familiares de los 43 estudiantes desaparecidos.

Con el dólar por arriba de los 20 pesos, José Antonio Meade, secretario de Hacienda tendrá una cita mañana jueves en la Cámara de Diputados. Será el primero de los integrantes del gabinete presidencial que acude como parte de la glosa del informe.

Aunque ya acudió como canciller y de Desarrollo Social, el panorama que le espera a Meade es totalmente diferente. Cuando él ocupó en septiembre de 2012 Hacienda, durante el gobierno de Felipe Calderón, el dólar se cotizaba en 12.98, sólo por dar un dato. Ahora tendrá que defender un fuerte recorte al Presupuesto de 2017 en medio de un panorama nada alentador.

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