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Ayer finalizó el periodo de Emilio Álvarez Icaza como secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cargo en el que estuvo desde julio de 2012. Decidió no buscar su reelección y planteó regresar a México, ante el preocupante panorama en materia de derechos humanos.
A partir de hoy, en ese cargo estará el brasileño Paulo Abrão, quien es doctor en Derecho y fue responsable de políticas de reparación y memoria para las víctimas de la dictadura brasileña, entre otros cargos.
Por lo pronto el ex ómbudsman capitalino se tomará unos días de descanso y después regresará a la vida pública en el país, tal y como lo había adelantado.
Durante sus últimos días en Washington ha tenido diversas reuniones de despedida. Mientras aquí en México hay todo un cuestionamiento de parte del poder sobre la pertinencia o no del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es de notar que su gestión ha creado un consenso favorable.
Y es que lo mismo han reconocido su trabajo personas de Venezuela (donde estuvo en mayo pasado. Después de 14 años un funcionario de la CIDH no visitaba ese país), Bolivia (lograron la liberación de tres soldados detenidos en Chile en 2013), que de Estados Unidos y Canadá (en el caso de Estados Unidos fue por lo que se consideró “racismo estructural” en los ataques de la policía contra jóvenes afroamericanos). Y estoy citando, a propósito, dos polos ideológicos continentales. Aquí en México una parte agradece, sin duda, la intervención del GIEI de Ayotzinapa y el caso de Argentina y la libertad de expresión. Esto último, ante las reformas hechas por el presidente Mauricio Macri a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y los riesgos que implica para los medios de comunicación.
En estos años ha vivido algo interesante: el cambio en la actitud de personajes hacia la CIDH en el poder y luego fuera de él. Un caso es digno de desarrollarse un poco más: el de Dilma Rousseff. En el poder criticaban su influencia, fuera de él piden su protección.
En agosto de 2010, el entonces presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva dio a conocer la licitación para la construcción de la presa Belo Monte, en la zona central de la selva amazónica, sería la tercera más importante del mundo.
El 1 de abril de 2011, cuando Dilma Rousseff llevaba cuatro meses en el cargo como presidenta, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medida cautelares a favor de diversas comunidades indígenas del río Xingú, en Pará, ante los daños que ocasionaría la construcción de la hidroeléctrica, con un costo de 12 mil millones de dólares.
La reacción de la entonces cancillería no se hizo esperar. Calificó las medidas como “precipitadas e injustificables”. Retiró a Ruy Casaes, embajador ante la OEA; suspendió el pago anual de cuotas a ese organismo. También decidió retirar a Pablo Vannuchi como su candidato para integrarse a dicha comisión. (Ya regresó a su representante, aún deben algunas cuotas).
En marzo de este año, ejecutivos de la firma Andrade Gutiérrez, la segunda mayor constructora en Brasil, declararon sobre los escándalos de corrupción con funcionarios brasileños. Declararon que aportaron dinero a la campaña de Dilma Rousseff, y también para ganar la licitación de la construcción de Belo Monte.
Hoy el panorama es totalmente distinto. El Partido del Trabajo solicitó la semana pasada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, medidas cautelares a favor de Rousseff a evitar el juicio en su contra y su eventual destitución. La semana pasada, el Senado brasileño aprobó el juicio en contra de Dilma, el cual iniciará el próximo 25 de agosto.
Uno de los últimos casos que le tocó analizar a Álvarez Icaza fue el de Santiago Uribe, hermano del ex presidente colombiano Álvaro Uribe, detenido en febrero de este año. acusado de tener presuntos nexos con el grupo paramilitar Los 12 Apóstoles. Su caso inició en 1993. Pero también la queja del ex presidente sobre el proceso de paz con las FARC.
Regresa Álvarez Icaza. Sin duda con un cúmulo de experiencia bajo el brazo. ¿Qué hará? Lo sabremos pronto.
Hace unos días entrevisté al líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza y charlamos sobre varios temas, entre ellos qué harán con Los Duarte, Javier y César, así como con Roberto Borge, gobernadores de Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo, quienes armaron su paquete de impunidad, antes de dejar el poder a gobernadores de la alianza PAN-PRD.
Dijo que en el PRI se han abierto procesos, —que se están trabajando y que podrían radicar en la suspensión de los derechos políticos—, en contra de estos tres gobernadores así como de funcionarios de esas administraciones.
Pero a saber qué mosco le picó, porque el fin de semana se envalentonó y advirtió que a funcionarios de otros partidos “se les acabó el recreo” y denunciará también sus casos de corrupción. Que ellos demostrarán con hechos reales y veraces, las falsedades que les achacan.
Mmm, ¿y si como dice el dicho, el buen juez por su casa empieza, e inicia con el castigo a Los Duarte y Borge y así pregona con el ejemplo?
Porque eso de abrir un expediente –que en realidad no es nada—a militantes cuestionados no es precisamente un “ejemplo”. Veremos.
También, por cierto, ¿con qué autoridad mandará llamar a Alfredo Castillo para que rinda un informe sobre nuestros olímpicos representantes? Yo sé que en el PRI todo se confunde, pero es sólo el líder de un partido político y que yo sepa ellos no le piden cuentas a gente del gabinete. ¿O sí?
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