En la Suprema Corte de Justicia de la Nación dos temas importantes para mujeres (y hombres, verá por qué) podrían discutirse hoy.
Tienen qué ver con el ISSSTE e IMSS y los fallos podrían abrir la puerta a transformaciones institucionales. Uno es discutir la constitucionalidad o no del delito de aborto basado en un amparo, y otro decidirá sobre si los hombres —o al menos un padre— tienen derecho, en igualdad con las mujeres, a que sus hijos vayan al servicio de guarderías del IMSS.
Vamos uno por uno.
Uno.— Hoy se votará el proyecto de amparo que elaboró el ministro Arturo Zaldívar, con el cual se discutirá la despenalización del aborto. Y sí, podría ser para todo el país.
El amparo lo presentó Margarita Pino Salazar, a quien le fue negado un aborto en el Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE en 2013, a pesar de que era una recomendación médica. Finalmente se lo realizó en un clínica privada.
En caso de aprobarse el amparo, se propone reformar del Código Penal federal los artículos 332 y 334.
El primero de ellos, el 332, contiene premisas que son francamente... mmm, dudosas:
“Se impondrán de seis meses a un año de prisión, a la madre que voluntariamente procure su aborto o consienta que otro la haga abortar, si concurren estas tres circunstancias:
I.— Que no tenga mala fama;
II.— Que haya logrado ocultar su embarazo, y
III.— Que éste sea fruto de una unión ilegítima. Faltando alguna de las circunstancias mencionadas, se le aplicarán de uno a cinco años de prisión”.
El artículo 334 plantea excepciones a la pena: “Cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada o el producto corran peligro de muerte, a juicio del médico que la asista, oyendo éste el dictamen de otro médico, siempre que esto fuera posible y no sea peligrosa la demora”.
Esta ley es federal, recuerde. Cada estado tiene causales diferentes para permitirlo y sólo en la CDMX está completamente despenalizado hasta las 12 semanas.
Al presentar su proyecto de amparo, Zaldívar consideró que “El aborto es un drama humano para cualquier mujer. Criminalizarla no es una solución que pueda sostenerse desde el punto de vista constitucional... Condenarla a la cárcel, a la clandestinidad, a poner en riesgo su salud, su vida, implica desconocer el valor que tiene como persona, cuyos deseos e intereses son relevantes y ponderables en la difícil cuestión de la interrupción del embarazo”.
Por lo pronto, el amparo será discutido en la Primera Sala y beneficiaría solamente a Pino Salazar. La discutirán los ministros Zaldívar, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Norma Lucía Piña Hernández. Si se vota por que pase a Pleno, y es aprobado, sentaría las bases para la despenalización del aborto en todo el país.
Dos.— Otro de los pendientes que tendrán que resolver en los próximos días —ya lleva dos semanas en lista de espera— es uno clave para la igualdad entre hombres y mujeres. Se discutirá en la Segunda Sala. Veremos si Antonio, un padre trabajador (que no es viudo ni tiene en custodia a sus hijos) puede inscribirlos en la Guardería del Instituto Mexicano del Seguro Social como sí pueden las mujeres derechohabientes.
Este amparo llega a nuestro máximo tribunal judicial, luego que la esposa de Antonio perdiera su empleo, donde cotizaba en el IMSS, y por lo tanto el derecho a que su hijo fuera a la guardería. Él tiene IMSS, pero no lo reciben: los padres no pueden a menos de que se den los requisitos antes mencionados. Ya sabe: cuidar a los niños se sigue percibiendo como responsabilidad exclusiva de las mujeres. Los requisitos discriminatorios están estipulados en la Homoclave IMSS-01-006:
“Para un trabajador viudo: “Deberás presentar los documentos anteriores (comprobante de vigencia de derechos, impresión de CURP, Constancia de la empresa en la que trabajas, que deberá contener: nombre o razón social de la empresa, horario de trabajo, días de descanso, periodo vacacional, firma del patrón o representante) y el acta de defunción de la madre del menor”.
Si eres trabajador divorciado: “También deberás presentar el documento legal que acredite la patria potestad del menor junto con los documentos del trabajador afiliado”. ¿Qué podría costar mucho más al IMSS si hay, como suponemos, padres que quieren que sus hijos tengan ese beneficio? Sí. Sin duda. La equidad cuesta.
Lucha de poderes a la vista. Lo estipula el Artículo 72 Constitucional: el Presidente puede vetar una ley, sí, regresarla al Congreso… pero aunque obligados a discutirlo no necesariamente tendrían que aprobar los cambios propuestos. Parte del equilibrio de poderes.
Un escenario así se asoma en el Senado a donde EPN regresó parte del Artículo 32 (y no el 29, algo muy criticable) de la #Ley3de3, menos conocida como la Ley General de Responsabilidades de servidores públicos. El Senado tiene que hacer otro periodo extraordinario para discutirlo y lo hará, el próximo martes.
El PAN parece rebelarse: “Los senadores del PAN no aceptarán en sus términos las observaciones”, escribió en Twitter Fernando Herrera Ávila el coordinador de los panistas. Miguel Barbosa dijo que analizaban abstenerse.
Ok, ¿entonces, en qué términos sí? Al menos en el PAN lo están analizando: se reunieron hoy y lo harán mañana con empresarios.
El dilema radica en diferentes lecturas del alcance del veto. Hay quien dice que sólo se vota sí o no a la propuesta por dos terceras partes (la posición del PRI) y sanseacabó… o si le pueden meter mano a la redacción otra vez (sólo del artículo observado). El PAN y el PRD están a favor de lo último, no así el PRI.
Lo que queda claro es que no dejarán que el PRI solito quede bien con el empresariado y también con todos los demás no servidores públicos que tendrían que presentar su #3de3.
Este miércoles nuevamente la CNTE y el secretario de Gobernación se sentarán en una tercera mesa de diálogo para destrabar la crisis magisterial que afecta no sólo a Oaxaca sino también Guerrero y Chiapas. El lunes se dieron cita representantes de otros 12 estados, con lo que sumarían 15 de 32 entidades.
Sobre la derogación de la reforma educativa, ya dijeron que eso no está sujeto a negociación. Tienen razón: no es una decisión gubernamental, fue aprobada por el Congreso de la Unión y los congresos estatales.
Desde Canadá, el presidente Peña Nieto ya adelantó que su gobierno no caerá en ninguna provocación y exhorta a la CNTE a continuar con el diálogo.
El lunes por la noche, ya entrados en martes, acordaron una mesa especial para analizar algo que urge: lo sucedido en Nochixtlán, Oaxaca. Estarán presentes familiares de las 8 personas muertas así como pobladores de esa localidad.
Estamos a 10 días de lo sucedido y las cosas cada vez quedan menos claras. La reconstrucción de lo sucedido la mañana del domingo 19 de junio de parte de medios que han entrevistado a pobladores no coincide con los horarios dados por autoridades federales.
A 10 días aún la PGR no ha dicho “esta boca es mía”, sólo ha emitido un escueto comunicado que precisa que colabora con la fiscalía de Oaxaca, pero hasta ahí. En serio, ¿qué tanto esperará Arely Gómez?
Mañana 30 de junio se cumplen 2 años de la muerte de 22 personas en San Pedro Limón, Tlatlaya, Estado de México, en medio de un operativo militar. Luego de la difusión de un amplio reportaje por la revista Esquire y de una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, supimos que al menos 15 de esas personas habrían sido ejecutadas por elementos castrenses que participaron en esas acciones.
En una entrevista en octubre de 2015 el general secretario, Salvador Cienfuegos declaró:
--Ellos estaban todavía en un enfrentamiento, habían sido agredidos. Ellos estaban todavía y hacen su propia defensa, si no lo hacen, los matan y ahí queda el asunto, ya no hay más disparos.
En su reciente informe, Christof Heyns, Relator Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, dado a conocer el pasado 20 de junio, resaltó que el actual gobierno federal emprendió medidas para enfrentar a la impunidad y reducir el número de homicidios; pero “es necesario intensificar los esfuerzos y aplicarlos debidamente”.
De acuerdo con su periodo de análisis, en nuestro país “las ejecuciones extrajudiciales y el uso excesivo de la fuerza por los agentes de seguridad persisten”.
En la página 6 de su informe detalla, además de las ejecuciones de Tlatlaya, otras situaciones en las que habrían participado elementos castrenses:
--Otros casos en los que presuntamente participaron militares son la desaparición forzada y el asesinato de siete personas en el municipio de Calera, estado de Zacatecas, en julio de 2015, y la muerte de un niño de 12 años en Santa María de Ostula, estado de Michoacán, en julio de 2015.
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