Las sillas se quedaron vacías. Aunque en su cuenta de Twitter Enrique Peña Nieto “agradeció” al GIEI de Ayotzinapa “la información y recomendaciones”, nadie de su gobierno fue a recibir, siquiera, el segundo informe (y el final) del grupo de expertos nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.
En primera fila, con identificadores se quedaron los lugares de dos subsecretarios y un subprocurador: Roberto Campa (Gobernación), Miguel Ruiz Cabañas (Relaciones Exteriores) y Eber Omar Betanzos (PGR). Tampoco Jaime Rochín de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. No llegaron. Vaya, ni Luis Raúl González Pérez, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
El vacío de su parte fue claro. El propio James Cavallaro, de la CIDH, lo hizo notar. Se esperaba una contestación fuerte de parte del gobierno… pero no ha sido así. Muy extraño: al contrario. Como que hay un impasse (¿de calma que precede a la tormenta?) donde todos reconocen el trabajo que ha hecho el GIEI, pese a su informe que es duro (por el caso y por la crítica al sistema judicial en su conjunto, a la debilidad institucional como bien la llamó ayer Denise Maerker).
Hay mucho que comentar de su informe, pero me centro en dos temas:
1) ¿Qué hacía Tomás Zerón, de la unidad criminal de investigación, digo, de la unidad de investigación criminal, un día antes de encontrar las bolsas con restos óseos en el río San Juan? ¿Por qué la diligencia no está en el expediente? Es, por lo menos, sospechoso.
2) ¿Qué harán si se comprueba, como parece, que 17 testigos clave para sustentar la “coculización” del destino de los normalistas, fueron torturados? Sus testimonios, por debido proceso deberían ser desestimados. Además del problema que implica eso para la investigación y la “verdad histórica” (y el oso internacional): ¿cómo seguir diciendo que la tortura en México es un problema menor?
Y sobre el fondo, ¿cómo desenredar Ayotzinapa? ¿Cómo llegar a la verdad? ¿Qué pasará con las familias una vez que se vaya el GIEI en el que confían? (los expertos ayer hicieron mucho énfasis en que el tema les preocupa… a mí también).
Con el Jesús en la boca aún nos quedamos ayer sobre cómo va la negociación para el Sistema Nacional Anticorrupción en el Senado. Y es que la discusión de siete leyes está casi parada —al menos públicamente— porque el PRI ha pedido tiempo para consultas (con el gobierno y entre ellos). A pesar de que aceptaron un método de Parlamento Abierto para discutir, artículo por artículo, frente a la sociedad y con integrantes de organizaciones ciudadanas, dieron un pasito para atrás y quedaron de entregar ayer un “documento técnico” con sus observaciones que nomás no aparecía de manera formal.
Eso sí, se filtraron varios supuestos acuerdos, y buenos, como que sí cederían al tema de la “séptima silla”: es decir, que sea un ciudadano el que presida el Sistema Nacional Anticorrupción. Y más: que sea una presidencia que se rote entre los cinco integrantes del comité coordinador ciudadano.
Así, el PRI estaría de acuerdo con que ciudadanos tengan tres presidencias: la del Sistema, el comité coordinador y el comité de participación ciudadana.
Veremos si es verdad lo que se dice y se comprometen, finalmente, a ello. Es un momento en el que se está cocinando. Quizá haya resultados mañana por la noche o el miércoles por la mañana.
Son siete leyes las que, por lo menos, tendrían que salir antes del 30 de abril, lo que se antoja muy difícil. Al menos ya se ven avances, de ser cierto esto, en la Ley de Responsabilidades (más conocida como 3de3), la del Sistema Nacional y la del Tribunal de Justicia Administrativa. En Diputados avanza una cuarta, la de Fiscalización.
Faltarían la de toma parte penal (las sanciones), la Ley Orgánica de la Administración pública y la de la Fiscalía General o del fiscal anticorrupción. Esta última está siendo “embargada” por el PAN, pero en una de esas también por el PRI. Y es que, si se aprueba ahora, sería Arely Gómez, la primera fiscal del país independiente con nueve años por delante. Y, la verdad, ¿querrán eso en Los Pinos? Es pregunta sincera.
En lo que sí hay avances fast track es en el tema de la marihuana que mandó el Presidente la semana pasada. Como hay línea, digo, consenso (que ya dijo el GIEI que en México significa “mayoría”) podría pasar esta misma semana en la Cámara de Senadores.
Ahora, Martha Tagle, una senadora que revisó la iniciativa advierte que lo dicho por EPN no se refleja, claramente, en la iniciativa que mandó: no se modifica en nada el uso médico y científico de cannabis porque no hay nada que promueva la investigación científica ni se define cómo y dónde se podría sembrar mota para este fin (calma, Vicente Fox).
Sí se aumenta la portabilidad de mota de 5 a 28 gramos, pero es lo único que dista mucho de dejar de criminalizar a los usuarios; ni hablar de cómo se podría garantizar el acceso a esta cantidad para consumo personal.
Él lo dijo:
--En el PT vamos a resistir, vamos a luchar, porque con la democracia no se juega. Mucha gente murió para conquistarla: ¿Alberto Anaya, líder del PT, celebrando su resucitación? No, fue Luiz Inacio Lula da Silva, refiriéndose a los ataques contra ese partido y a la presidenta Dilma Rousseff.
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